El Sindicato de la Fundación Mission Golden, dedicada a ejecutar programas en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con presencia en varias regiones del país, denuncia que no les han pagado su salario y cotizaciones desde hace meses. Ello debido al término de sus convenios con el Estado, por cuestionamientos de incumplimiento y mala gestión de los programas, acelerando la crisis reflejada en los pagos adeudados para sus trabajadores.
A raíz de esto, el sindicato ha iniciado una serie de manifestaciones en distintos puntos del país, como la del pasado miércoles 5 de marzo en las afueras del Congreso Nacional, donde fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Luis Cuello, quien comunicó a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social sobre la situación con el objetivo de que la primera entidad realice una fiscalización de urgencia respecto a los incumplimientos laborales hacia los trabajadores, y por otro lado, que se averigüen los resultados de las fiscalizaciones del ministerio a la gestión de la fundación y los recursos entregados.
El presidente del sindicato, Marcos Espinoza Díaz, señala que ante las movilizaciones la respuesta del empleador ha sido intermitente y no han brindado una solución: “En la reunión anterior, lo único que manifestaron es que no tenían plata, que tenían que vender algunos bienes, lo que desde nuestra perspectiva nos parece insólito porque las transferencias de los recursos desde el ministerio ya fueron recibidos por la fundación hasta que finalicen los programas. Entonces, en esa circunstancia, nosotros expresamos que puede haber una eventual irregularidad en el manejo de fondos públicos y también, responsabilizamos al ministerio bajo ese mismo escenario porque sabemos que tienen la labor de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos”.
Asimismo, Marcos afirma que no solo los trabajadores se han visto afectados, sino también las personas con las que trabajan, los cuales son mayoritariamente personas en situación de calle que ante la situación, no se les ha aplicado ningún protocolo para salvaguardar sus derechos.
