La Doctrina Social de la Iglesia nos plantea que “toda democracia debe ser participativa”. Esta afirmación va acompañada de la comprensión de la participación democrática en tanto un deber que todos y todas han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común.

En esta misma línea, la Doctrina Social de la Iglesia destaca la importancia que los sindicatos tienen en colaborar para establecer un marco legal sólido que proteja los derechos laborales, abogando a la vez por la importancia de reconocer y proteger el trabajo humano como medio para lograr equidad y armonía social. Así, en el apartado “La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo”, el texto señala: “Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un derecho del que depende directamente la promoción de la justicia social y de la paz civil. Tareas importantes en esta dirección corresponden a las Organizaciones Internacionales, así como a las sindicales: uniéndose en las formas más oportunas, deben esforzarse, ante todo, en el establecimiento de «una trama cada vez más compacta de disposiciones jurídicas que protejan el trabajo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, y les aseguren una conveniente retribución»”.

El domingo 17 de diciembre de 2023 tenemos una nueva oportunidad para que como ciudadanos y ciudadanas participemos de una definición muy central en el marco de la convivencia democrática: si estamos a favor o en contra de la propuesta de Constitución que presenta el Consejo Constitucional.

Los obispos de Chile entregaron una carta pública donde invitaban a plantearnos una serie de preguntas fundamentales para considerar ante aquella disyuntiva. Por ejemplo, si el texto propuesto contribuye o no a dar una real solución a los problemas y dificultades que tiene actualmente nuestra convivencia cívica. O si nos puede ayudar a lograr un desarrollo armónico y justo, sobre todo para los sectores que muchas veces quedan postergados y viven en la exclusión y la pobreza.

Al observar la realidad política y legal del mundo del trabajo, el magisterio social de la Iglesia ha realizado en muchísimas ocasiones enunciaciones respecto del imperioso reconocimiento de diversos derechos de los trabajadores en los marcos jurídicos de los países: el derecho a una justa remuneración; el derecho al descanso; el derecho a “ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral”; el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de las y los trabajadores desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad; el derecho a reunirse y a asociarse; entre otros.

La Doctrina Social de la Iglesia también nos plantea: “El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario”. Desde esa premisa es que creemos importante considerar posibles avances, continuidades y retrocesos para los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la propuesta constitucional que se votará el 17 de diciembre, entendiendo que somos los seres humanos el centro de cualquier avance social, político y tecnológico.

A la vez, les invitamos a participar y evaluar el texto teniendo en consideración los principios de solidaridad, de subsidiariedad y la mirada del bien común, y plantearnos la pregunta de si la propuesta constitucional permite que estos derechos se puedan consolidar más plenamente.