[25 de enero 2024] Es sabido que los recientes procesos de movilidad humana que ha experimentado nuestro país han tenido consecuencias muy importantes: transformaciones sociales, culturales y, por cierto, económicas.
En poco menos de 10 años, el país pasó de tener menos de 500 mil personas de origen migrante, hasta llegar a cerca de 1,7 millones. Un cambio fuertemente explicado por la crisis política, social y humanitaria que ha afectado a Venezuela.
Y, como suele ocurrir en los procesos migratorios, la mayor parte de estos nuevos habitantes son personas en edad laboral, personas que buscan incorporarse al mundo del trabajo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el trimestre junio-agosto de 2023, la fuerza de trabajo de población extranjera llegaba a 1.082.000 personas, de éstas, casi 1 millón se encuentran ocupadas.
Sin embargo, esta incorporación al mercado laboral no siempre ha sido la más adecuada. Casi un tercio de las personas migrantes en Chile tiene empleos informales, lo que representa un aumento del 17% en informalidad laboral respecto del mismo periodo del año 2022, mientras que para la población general, el aumento fue sólo de 1,9%.
En este mismo sentido, un reciente estudio elaborado por la Universidad Católica daba cuenta de los perfiles de los vendedores ambulantes de la Región Metropolitana. Entre estos vendedores, el 42% corresponde a personas migrantes, de las cuales casi la mitad tenía, además, su proceso de regularización migratoria no culminado, por lo tanto, no cuentan con una situación migratoria regularizada.
Por otro lado, la recientemente publicada Encuesta CASEN 2022 nos muestra no sólo la mayor incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional en los hogares de personas migrantes, sino también que los ingresos del trabajo de las persona nacidas fuera Chile eran, en promedio, $95.000 inferiores a los de las y los trabajadores chilenos y que hay una mayor proporción que no cotiza.
Como se ve, estas dificultades ponen en una situación de vulnerabilidad mayor a los trabajadores y trabajadoras de origen migrante, así como a sus familias.
Es imperioso que la inclusión laboral de esta población se dé en el marco del trabajo decente: protección laboral, seguridad social, salarios justos y participación sindical. Condiciones que salvaguardan sus derechos como trabajadores y que permiten reconocer una importante contribución al desarrollo del país. Y, como se consignó en las propuestas para la política migratoria de la Mesa para la Inclusión Laboral de Personas Migrantes y Refugiadas, muchas veces haciéndose cargo de empleos en territorios o sectores económicos que la población nacional no cubre en plenitud.
