En junio del 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 190, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, “reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”, y declarando que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”.
Es una realidad que las mujeres hemos estado sometidas a diferentes situaciones de violencia a lo largo de la construcción de las sociedades. Movimientos y organizaciones de la sociedad civil han mostrado las formas de violencia a las que las mujeres han sido expuestas a lo largo de la historia por ocasión de su género.
Ya en el 2018 pudimos observar cómo las estudiantes universitarias de todo el país paralizaban y se tomaban los centros de estudios denunciando situaciones de acoso sexual y discriminación, destapando así la desigualdad de poder a la que las mujeres se ven enfrentadas. En los años siguientes, seguimos siendo testigos de cómo muchas mujeres salían a las calles denunciando situaciones de violencia, y el mundo del trabajo no ha estado exento de esta realidad.
En línea con estas reflexiones, el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, nos dice: “la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos»”.
Según datos de la Dirección del Trabajo, entre enero de 2021 y septiembre de 2022, se realizaron 2.827 denuncias por acoso laboral, de las cuales, un 64% fueron interpuestas por mujeres y sólo un 36% por hombres.
El acoso laboral, según el Código del Trabajo es “toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien, que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.
El Convenio 190 fue ratificado por nuestro país el 8 de marzo de 2023. Esto implica que Chile deberá fortalecer su marco legislativo, pues el Convenio obliga a los Estados a implementar políticas públicas y concretar acciones que contribuyan a generar espacios laborales libres de violencia.
Lo anterior, no sólo es una buena noticia para las mujeres, pues la obligación es generar un marco que pueda prevenir, promover, respetar y garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción de género e independiente del lugar de trabajo.
Este Convenio tendrá un impacto en todas, en las trabajadoras de casa particular, aquellas que se dedican al trabajo doméstico, al comercio informal, a las laborales de cuidado, al trabajo dependiente, y otras, incluyendo incluso su protección durante el traslado a todos los espacios que antes se mencionan.
Como Vicaría de Pastoral Social Caritas, vemos que debemos avanzar hacia espacios solidarios, donde todos y todas seamos tratados con justicia, y a lugares de trabajo que cuiden la integridad física y psíquica de las personas, porque es deber de toda la sociedad trabajar por generar espacios libres de violencia.
