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DT dio inicio a fiscalización nacional para velar por los derechos de las y los trabajadores de delivery


El director del Trabajo, Pablo Zenteno, dio inicio el lunes 24 de marzo a una fiscalización nacional a empresas de plataformas digitales de tipo delivery con el objetivo de velar por el cumplimiento de los derechos laborales, previsionales y de seguridad de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en este sector. En total se realizarán 100 inspecciones hasta el 15 de mayo.

El inicio de esta serie de fiscalizaciones, tuvo lugar en el centro de Santiago a trabajadores de la categoría Rider y estuvo acompañado por la consejera nacional y encargada de la Secretaría de Nuevas Formas de Trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, Angélica Salgado, junto a Crisbel López, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Aplicaciones y Plataformas de Servicio (Sintapp), con 350 afiliados de la categoría Riders. 

Angélica explicó que la fiscalización surgió de un requerimiento de la CUT en enero pasado, al advertir incumplimientos de la ley y señaló que espera que la fiscalización a nivel nacional de la DT “salga con datos verídicos y los castigos necesarios para las empresas que no han cumplido hasta hoy con esta legislación”. Asimismo, Crisbel declaró que considera indispensable esta fiscalización “ya que las empresas no cumplen con lo que establece la ley en varios puntos, como son el pago de nuestras tarifas, propinas que no aparecen registradas, también los elementos de protección personal para los que trabajamos en bicicleta, porque prácticamente nosotros tenemos que poner todo, y también porque cumplimos horarios que van más allá de las 12 horas de conexión para poder generar ingresos dignos”.

Por su parte, Pablo Zenteno, recordó que desde marzo de 2022 rige la Ley N° 21.431, avance precursor que modificó el Código del Trabajo para regular las relaciones entre trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, tanto dependientes como independientes. Destacó que la ley representa un avance a nivel latinoamericano en la regulación de este ámbito laboral ya que reconoce el derecho a seguridad social, capacitación, entrega de elementos de protección personal, seguro contra daños, el derecho a desconexión, una remuneración por jornada efectivamente prestada y el derecho a sindicalización y negociación colectiva.



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