NOTICIA: Un estudio elaborado por la Universidad Alberto Hurtado detectó que más del 20% de los servicios cuenta con sindicatos de trabajadores de honorarios.
[Santiago, 06 de noviembre de 2017] La negociación para fijar el reajuste del sector público es el principal pacto que tienen los trabajadores del Estado con su empleador. De hecho, por estos días está en plena marcha la mesa para lograr un acuerdo sobre el monto del reajuste salarial. Pero esta negociación, por muy visible que sea, no es la única que tienen los funcionarios, ya que durante el año hay un sin número de encuentros, puesto que las relaciones laborales en el sector público son bastante activas. Así se desprende del primer estudio denominado “Encuesta Anual para el Diagnóstico de las Relaciones Laborales en la Administración Central del Estado” (Enclace), elaborado por la Universidad Alberto Hurtado y que será presentado mañana.
Además, el 94,1% de los servicios en el sector salud y el 63,1% en los otros sectores poseen dos o más asociaciones de funcionarios. Esta división asociativa es incluso más acentuada que en el sector privado, donde sólo un 39,4% de las empresas presenta algún grado de paralelismo sindical.
Asimismo, se añade que existe una alta participación del sector público en las organizaciones que representan a los trabajadores chilenos a nivel nacional. Actualmente existen tres centrales sindicales importantes en el país: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). La encuesta muestra que la mayor parte de los servicios tiene asociaciones que se encuentran afiliadas a alguna de estas centrales sindicales. Este porcentaje es mayor en la submuestra de servicios del sector salud que en los servicios de otros sectores (75% contra un 44,4% respectivamente).
Sindicalización de trabajadores a honorarios
Una de los resultados que llamó la atención del estudio es la cantidad de trabajadores a honorarios que están bajo el alero de un sindicato. De acuerdo al informe, más del 20% de los servicios cuenta con al menos una agrupación exclusiva de trabajadores a honorario. Más en detalle, en el sector de salud el 23,5% de los servicios de salud tiene agrupaciones o sindicatos de honorarios, mientras que en los demás sectores la cifra alcanza el 21,4%. Bajo este antecedente, el reporte precisó que de acuerdo a estadísticas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el número de trabajadores a honorarios en el sector público ha crecido en los últimos años.
“La mayor parte de estos trabajadores son integrados en la modalidad de jornada parcial o, cuando son integrados en la modalidad de jornada completa, lo hacen a puestos de trabajo que no se extienden por más de un año los trabajadores a honorarios han tendido a organizarse en asociaciones o sindicatos propios con el propósito de dar fuerza a sus demandas específicas en el Estado”, indica la encuesta.
En cuanto a los temas tratados en las mesas de negociación o trabajo, en el sector salud la calidad de vida es la temática más frecuente en las mesas (79,4%), lo que podría explicarse porque los servicios en este sector deben cumplir con indicadores ministeriales vinculados a esta temática. En cambio, en los otros sectores la temática con mayor presencia en la mesas de trabajo son las políticas de gestión y desarrollo de personas (72,6%).
Acuerdos de palabras
Otra de las aristas que aborda el estudio es el grado de formalidad de las negociaciones en el sector público. En este punto, cabe destacar que actualmente no existe una ley que regule la negociación colectiva en el sector público. La encuesta identificó un importante grado de informalidad en los acuerdos resultantes de las mesas de negociación. De las mesas declaradas que concluyeron en el sector salud, el 33,3% finalizó en acuerdo oral. Esta cifra es aún mayor en los otros sectores (49,6%). El informe advierte que sin importar la razón de la baja formalidad en las negociaciones, “el carácter oral puede generar tensiones entre las partes a mediano y largo plazo, puesto que permite que los compromisos sean reinterpretados y dificulta la existencia de un sistema de seguimiento del acuerdo”.
