OPINIÓN: Juan Domingo Silva se refiera a las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre en las que confunde acuerdo parlamentario alcanzado con la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios en realción a los traspasos a contrata de los honorarios.
Juan Domingo Silva, Dirigente Sindicato Trabajadores a Honorarios Sector Vivienda RM
[Santiago, 28 de noviembre de 2017] Bajo el título Traspaso con sueldo bruto: “No tenemos los recursos”, El Mercurio de hoy, martes 28 de noviembre, publicó declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien afirma que el Gobierno no tendría los recursos para asumir el pago de los “aportes sociales” para el traspaso de los funcionarios del Estado contratados a honorarios.
Esa declaración sólo confunde el marco de acuerdo que han aprobado diputados y senadores (VER NOTA ANTERIOR), que acogieron la justa demanda de estos trabajadores por pasar a contrata con todos los derechos y beneficios de cualquier funcionario público. Y sin mayor costo para el Estado.
Ya que en lo esencial, la Unión Nacional de Trabajadores/as a Honorarios del Estado, UNTTHE, no pide aumentar el presupuesto estipulado por Hacienda para realizar dicha promoción. Sino que reducir el número de funcionarios a traspasar, pero que ello se haga con mejores condiciones. En resumen, se opta por traspasos con calidad y no por cantidad. En lugar de los ocho mil anunciados, una cantidad menor que se ajuste a los recursos asignados. Y eso, no aumenta presupuesto alguno.
Entonces, o el ministro no ha entendido lo que se plantea o quiere enredar la discusión, para no aprobar una demanda legítima. Y ésto, porque hasta ahora, los miles de funcionarios a honorarios trabajan en un marco de contratación ilegal (con dependencia de jefatura, tareas habituales y cumplimiento de horarios, cuestión que no se acepta en el sector privado), sin los beneficios que cualquier funcionario público tiene: ni cotizaciones previsionales ni de salud.
Por lo tanto, no tienen licencias médicas ni derecho a atención en ningún sistema de salud, menos opción a algún día jubilarse dignamente. Si se trata de los bonos por cumplimiento de metas, a los que colaboran claramente (en promedio, los funcionarios a honorarios representan entre el 30 y el 40 % de la dotación permanente de empleados públicos) u otros beneficios, como aguinaldos o derechos maternales, nada.
Por lo tanto, el exigir el pago de esos derechos sí tiene justificación. Al contrario de lo que Eyzaguirre señala en El Mercurio.
