La denuncia realizada a la entidad fiscalizadora se debe entre otras cosas por el no pago del finiquito que afecta a cerca de 300 trabajadoras y trabajadores a nivel nacional.
[13 de diciembre de 2021] Un grupo de extrabajadores del Ministerio de Salud que cumplieron funciones como fiscalizadores sanitarios en pandemia, llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar diligencias por el incumplimiento de las obligaciones de la actual Subsecretaría de Salud, María Teresa Valenzuela y su predecesora, la Dra. Paula Daza, por el no pago del finiquito contemplado en sus contratos, situación que afecta a unos 300 trabajadores en el país.
Según detallan las y los afectados en el escrito firmado por 40 exfiscalizadores, su labor comenzó mayoritariamente el mes de marzo del 2020 y finalizó entre septiembre y octubre de 2021, con el término del estado de excepción. En el documento señalan que “según nuestros contratos, los finiquitos deberían haberse cancelado en un plazo de un mes, lo que ya excede lo contemplado en el cuerpo legal correspondiente, y más grave aún al haber transcurrido en exceso dicho tiempo que la autoridad está legalmente obligada a cumplir, lo que a la fecha no se ha realizado”.
Los denunciantes agregaron que tampoco es posible verificar el incumplimiento en el pago de asignaciones especiales contenidas en los contratos, así como de jornadas y horas extraordinarias, ya que no han tenido acceso al contenido de sus finiquitos. Señalan que ”la gran mayoría de nosotros cumplimos funciones desde el comienzo y a lo largo de esta crisis como fiscalizadores y operarios sanitarios, teniendo que velar por la salud pública, la prevención del contagio, el cumplimiento de las normativas vigentes, junto con la educación y asistencia a la ciudadanía, conteniendo la mayor parte del tiempo el desconcierto y descontento de las personas ante una situación a ratos, y por muchos y comprensibles motivos, lo que derivó en numerosas ocasiones en agresiones verbales e incluso físicas por parte del público hacia funcionarios”.
Fariel Abarca es representante de los ex fiscalizadores Minsal y explica que cumplieron hasta que se terminaron las aduanas sanitarias, “otros compañeros se desempeñaron en las residencias sanitarias, también en aduanas de aeropuertos, hay distintos casos”, agregando que “a dos meses del cese de nuestras funciones, hay muchas remuneraciones, finiquitos, horas extraordinarias y bonos impagos y la responsable de todo esto es la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza”.
Las y los trabajadores afectados realizaron la solicitud a Contraloría respaldados por Victoria Escalante, directora nacional de ANEF; Carolina Pizarro, Consejera Nacional de la CUT y el diputado electo Andrés Giordano.
