NOTICIA: La Agrupación, además, manifestó su preocupación por las dificultades que se han vivido en la administración pública con el cambio de gobierno. Ha quedado establecida una agenda de trabajo entre la ANEF y el organismo de control.
[Santiago, 26 de abril de 2018] El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, y la vicepresidenta de Relaciones Nacionales de la ANEF, Ana María Gutiérrez, junto al abogado de la Confederación, Filippo Rossi, se reunieron hoy con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para tratar principalmente las complejidades que se han desarrollado en el aparato fiscal durante el cambio de administración.
Los dirigentes de la ANEF expresaron su preocupación por los despidos arbitrarios que se han cursado en el Estado y los problemas que se han generado en el funcionamiento de los servicios, en el marco del proceso de instalación del nuevo gobierno.
“En la conversación el Contralor nos comentó la cantidad de presentaciones que estaban recepcionando hasta el momento, en cuanto a despidos arbitrarios en la administración y ha garantizado que tanto las Contralorías regionales como la Contraloría General nacional están tomando todas las medidas en función de acelerar la respuesta en aquellas materias y evidentemente dando continuidad a los dictámenes de confianza legítima que hasta el momento ha emitido”, explicó el presidente de la ANEF.
La Agrupación formalizará -vía requerimientos y presentaciones- una serie de acciones para que el organismo de control tome medidas que permitan fortalecer los criterios de confianza legítima, existen antecedentes positivos referente a estos dictámenes que han sido emitido por la Contraloría, y para detener la emergente figura contractual de delegados ministeriales en las reparticiones estatales.
También la ANEF pidió que las nuevas autoridades y jefes de servicios rindan cuenta en la Contraloría, a modo que sus actuaciones y decisiones no afecten las arcas fiscales, al patrimonio de los servicios; haciendo particular énfasis en las posibles indemnizaciones que se puedan generar por las desvinculaciones ilegales e injustificadas.
“Ha sido una reunión positiva en la que hemos quedado con una agenda articulada de trabajo con la Contraloría y que esperamos que a corto plazo dé fruto, en termino de consolidar la posición de los trabajadores y trabajadoras y de nuestras asociaciones en la legítima defensa, no solo del empleo público, sino también del buen funcionamiento de nuestras instituciones”, cerró Insunza.
