NOTICIA: La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, junto a la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, AFFREMSUR, solicitaron reincorporar a un grupo de funcionarios que fueron recientemente desvinculados del Ministerio Público.
[Santiago, 12 de mayo 2016] La petición fue presentada a la Fiscalía Nacional argumentando que las desvinculaciones que se reclaman son infundadas, dado que los fundamentos expuestos para aplicar esta medida, propuesta por los fiscales regionales, no son coherentes, considerándose una práctica arbitraria dentro de la Institución.
A razón de esta reclamación, el Presidente ANEF, Raúl de la Puente, se reunió con el Gerente Nacional de Recursos Humanos del Ministerio Público, Adio González.
Durante el encuentro, Raúl de la Puente manifestó que “a nuestra organización le ha preocupado la no existencia de una fórmula de apelación o instancia superior que permita dictaminar sobre este tipo de situaciones. Creemos que podría haber una instancia externa o Consejo al interior del Ministerio Público para ver estos temas y así regular un espacio donde los trabajadores puedan estar protegidos frente a posibles abusos”.
Así también la presidenta de AFFREMSUR, Paulina Ruiz planteó la necesidad de recibir un pronunciamiento del Fiscal Nacional, Jorge Abbott sobre “cuál es la política nacional respecto a la desvinculación bajo este articulado y junto con ello, disponer las medidas correctivas a nivel local y/o regional cuando su aplicación esté alejada del espíritu de la Ley, que dice relación con un cambio en el perfil del cargo, teniendo presente que el mismo Ejecutivo, en beneficio de la carrera funcionaria, mejoró nuestra Ley Orgánica Constitucional con la finalidad de garantizar un respaldo a todo trabajador/a del Estado, en especial para este sector de la Justicia que investiga causas penales”.
“Nos parece imposible que un órgano persecutor realice de buena forma su labor si dentro de la Institución existe una herramienta de desvinculación como amenaza permanente para el 83% de su planta”, señaló también Ruiz.
La dirigente precisó la necesidad de referirse al tema teniendo presente que se ha generado un clima laboral inseguro producto de la inestabilidad y que la Institución, bajo esta nueva administración debe elegir a la brevedad entre legitimar y perpetuar estas prácticas como parte de la cultura institucional o dar un paso evolutivo adoptando políticas nacionales que contrarresten las decisiones erradas que se puedan tomar a nivel local y/o regional.
El gerente de Recursos Humanos, Adio González se mostró comprometido con evaluar los casos planteados y entregar una respuesta a los dirigentes.
Las relaciones laborales del Ministerio Público carecen de fiscalización por parte de la Contraloría o Inspección del Trabajo y se rigen por la Ley 19.640 Orgánica Constitucional que creó al servicio en 1999, lo que ha generado en estos años incontables presentaciones en Tribunales y hasta el repudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en el año 2010 por la situación de extrema indefensión laboral que aqueja a sus trabajadores.
