En el debate en Sala, a la hora de los incidentes, el presidente de la Bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, en representación de las bancadas de oposición, fundamentó ante la Corporación la preocupación que existe por las desvinculaciones arbitrarias en el Sector Público. “Hemos visto casos de despidos de funcionarios con 15 años o más años de servicio, con buenas calificaciones y buen desempeño, sin que existiera una razón concreta del alejamiento de sus empleos. Incluso casos de personas, que fueron despedidas faltándole sólo 10 meses para jubilar”, dijo.

“Es por esto presidenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 numeral 1) letra a) párrafo 2° de la Constitución Política de la República, que establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados la fiscalización de los actos del Gobierno a través de la solicitud de antecedentes; se pide someter a votación de los Diputados presentes el requerimiento de antecedentes que se indicará, para que el Presidente de la República conteste fundamente a través de él o los Ministros de Estado que corresponda dentro del plazo de 30 días”, manifestó el parlamentario. (Ver presentación)

Posteriormente, se procedió a la votación y, por 76 votos a favor, la Sala decidió oficiar al Presidente de la República para que entregue un informe a la Corporación, en el cual explique las razones de los despidos de más de 1.000 funcionarios públicos y de los procesos de contrataciones en el aparato estatal, en un plazo no mayor de 30 días.

El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, valoró la unidad de todas las bancadas de oposición para acoger el requerimiento de la Agrupación, en función de ejercer el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados en materia de las desvinculaciones, agradeció el apoyo de los diputados, y destacó la importante señal política demostradas por este sector.

“Nos va a permitir que de una vez por todas se transparente lo que hemos venido relevando desde la ANEF y nuestras organizaciones afiliadas, y también de nuestros representantes en regiones, que se ha cursado un volumen masivo de despidos en la administración pública sin fundamentos y que además tiene por fin el reemplazar a esas personas por personas de confianza del actual gobierno, cosa que va en contra de la normativa que hoy día rige (…) Hoy tenemos un instrumento nítido que nos va a permitir avanzar en la defensa del empleo público, que ha sido nuestra prioridad en este periodo”, cerró Insunza.