NOTICIA: Los funcionarios de la salud municipal evaluarán acciones en contra de Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, por haber manifestado que se descontarían los días no trabajados durante la movilización.
[Santiago, 01 de diciembre 2016] Dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) denunciaron una “operación de castigo” de parte del gobierno, a raíz del paro del sector público que tuvo lugar durante noviembre. Los dardos de la organización apuntaron hacia la Contraloría General de la República.
Semanas atrás, en pleno paro del sector público, el contralor Jorge Bermúdez manifestó que “sería ilegal pagarles las horas que no se trabajan, eso hay que decirlo derechamente. Si no trabajan, no se les pagan; si trabajan, se pagan”.
En respuesta, el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, dijo que “el Contralor incurrió en una acción que está reñida con su propia normativa, porque se supone que él no puede intervenir públicamente en los conflictos y tiene que actuar por la vía de los dictámenes y los oficios y no puede pronunciarse políticamente”.
Los descargos de Confusam también se hicieron cargo de otra declaración de Bermúdez, relacionada puntualmente con los descuentos para los funcionarios de la salud en paro. “Estamos oficiando a todos los servicios de salud de Chile para que nos informen qué es lo que ha ocurrido, es decir, cuál es el nivel de ausentismo que se produjo, qué prestaciones no se realizaron y si se están haciendo efectivamente o no los descuentos”, señaló el Contralor.
Ante esto, Maturana recalcó que durante el paro implementaron turnos éticos y además, exigió al Estado el cumplimiento del convenio 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública (VER REPORTAJE), suscrito por Chile ante la OIT. “Yo me imagino que el Contralor, que es abogado, sabrá que la legislación internacional prevalece sobre la legislación nacional”, comentó el dirigente.
Además, la dirigencia de los funcionarios de la salud municipal denunció a los alcaldes de Paine y de Villa Alemana, porque “procedieron a descuentos, sin acciones previas, porque las remuneraciones del personal del servicio público son inembargables, están protegidas y resguardadas por ley y solo puede ser un tribunal el que establezca que a una persona se le puede embargar o mediante un sumario administrativo”, según explicó Esteban Maturana.
El médico detalló que en los próximos días realizarán un análisis jurídico de la situación, con el fin de avaluar las acciones a seguir. En este sentido, no descartan impulsar una acusación constitucional contra Jorge Bermúdez en el Congreso y acudir a organismos internacionales.
