OPINIÓN: “Tras la afirmación genérica de fortalecer a los sindicatos, se esconden profundos disensos sobre  la forma de entender el rol de esta organización en la sociedad y sobre las propuestas que debieran ser prioritarias.”

Por Valentina Doniez, Investigadora Fundación SOL.

En el último debate presidencial del pacto Nueva Mayoría, en donde por segunda vez se hicieron pocas alusiones al tema laboral, se mencionó a la pasada el fortalecimiento sindical y la sindicalización automática.

Últimamente parece haberse convertido en un punto de consenso entre los más diversos actores – autoridades nacionales e internacionales, políticas de diversos partidos, expertos laborales y organizaciones sindicales – la necesidad de fortalecer al actor sindical. Algo de presión ha ejercido nuestro ingreso a la OCDE, donde aparecemos en vergonzosos lugares de algunos rankings de este grupo: somos el país con mayor desigualdad, menores índices de calidad de vida y estamos entre las menores tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva.

Sin embargo, tras la afirmación genérica de fortalecer a los sindicatos, se esconden profundos disensos sobre  la forma de entender el rol de esta organización en la sociedad y sobre las propuestas que debieran ser prioritarias.

En esto, la sindicalización automática o “activa” que han señalado algunos precandidatos, entre ellos José Antonio Gómez y Michelle Bachelet, se ha vuelto moda. En 2007 fue un proyecto de ley impulsado por los diputados Álvaro Escobar, Tucapel Jiménez y Marco Enríquez-Ominami, entre otros. En 2011,  los economistas Andrea Repetto y Ricardo Solari junto a los abogados Marcelo Albornoz y Francisco del Río propusieron un mecanismo similar como parte de un documento elaborado desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Al año siguiente, los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Nicolás Monckeberg (RN) suscribieron un acuerdo que apuntaba a modernizar las normas del trabajo e incluía entre sus puntos la sindicalización automática. Este año, el Grupo Res Pública Chile (GRPC), convocado por el empresario Andrónico Luksic, acogió también esta iniciativa.

En todas las propuestas el mecanismo es más o menos similar: al ser contratado el trabajador se integra momentáneamente al sindicato y, si hay más de uno, lo hace al más antiguo o al con mayor número de afiliados. Lo que varía de propuesta en propuesta es el plazo que se deja para que éste manifieste su voluntad de continuar o no afiliado: en el caso del proyecto de ley no se consigna ningún plazo y en la propuesta de GRPC se habla de 90 días máximo.

Los fundamentos generales de esta medida aluden a la ventaja comparativa que encuentra el trabajador al incorporarse a un sindicato,  junto con buscar mitigar los elementos que dificultan dicha afiliación. Entre las limitantes citadas por los antecedentes del proyecto de ley del año 2007 están: el desconocimiento de las leyes por parte de los trabajadores, el temor a que afecte su empleo, la falta de interés, el individualismo y los cambios estructurales en las empresas. Además, se señala en general que unos de los factores que determina la fuerza sindical es la extensión de la afiliación.

A partir de estos antecedentes, se pone en evidencia una visión restringida del derecho a la Libertad Sindical, que privilegia su faz individual, es decir, la mera pertenencia del trabajador a la organización, pero no se da igual énfasis al derecho a la acción de estas organizaciones (negociación colectiva y huelga, principalmente). Este último punto integra la dimensión colectiva de la Libertad Sindical y es esencial para su reconocimiento pleno. Sin embargo, ha sido truncada en nuestra actual normativa. En un documento preparado por Fundación SOL  junto a un grupo de abogados en derecho del trabajo, se apuntan los principales déficits en el ejercicio de la negociación colectiva y la huelga en Chile, y se hace un llamado a la transformación sustantiva de nuestro modelo de relaciones laborales.

En las propuestas del GRPC o de la Escuela de Gobierno de la UAI, si bien se piensan desde un punto de vista más integral e incluyen los temas de negociación y huelga, mantienen el desequilibrio de poder consignado en nuestro Código del Trabajo, ampliando la negociación, pero no eliminando el reemplazo de trabajadores en la huelga, lo que resta poder a los trabajadores.

Tomando en cuenta las propuestas sobre relaciones colectivas de trabajo, elaboradas por la élite política y académica y  que pretenden, supuestamente, fortalecer los sindicatos a través de la afiliación automática, cabe preguntarse: ¿Para qué tener más personas afiliadas a los sindicatos? Y ¿en qué sindicatos?

Probablemente crezca la tasa de afiliación sindical, pero  en las empresas donde ya existe organización, ya que la afiliación automática presupone la existencia de un sindicato. Según datos de la ENCLA 2011 sólo el 7,8% de las empresas tiene sindicato y se reparten desigualmente según el tamaño de empresa, llegando al 48,3% de las grandes. Esto significa que, al fomentarse el sindicato de empresa que ya existe (y no los sindicatos interempresa, de trabajadores transitorios u otros que se pudieran crear como los sindicatos por rama), se sigue sin atacar el problema de la debilidad sindical en las empresas con menos trabajadores.

Por otro lado, la mayoría de las propuestas plantean que sea el sindicato con más afiliados o el más antiguo el que se beneficie, por defecto, de la afiliación automática. En algunos casos este tipo de sindicatos cuenta con una relación más cercana a la empresa, dejándolo en una situación de ventaja frente a otras organizaciones más combativas, y en esta situación podría optar a mayores recursos reforzando su posición aventajada. En esto tampoco se descartan posibles injerencias del empresario.

Cabe notar, además, que las propuestas de los diputados Monckeberg y Andrade y la propuesta del GRPC, promueven pactos de flexibilidad en ciertas materias como la jornada. Esto se encuentra desde hace años en la agenda de los gremios empresariales, sin que cedan en otras materias como las facultades de administración (contratación, fijación de metas, etc.).Lo que incorporan las propuestas es que debe ser suscrito por sindicatos mayoritarios. De esta forma, la sindicalización automática, en la medida que acrecienta la base sindical en algunas organizaciones, sería funcional a los pactos de flexibilidad.

En síntesis, se busca orientar al sindicato en un esquema donde cuenta con más afiliados, pero se le sigue atando de manos para actuar plenamente en su representación, salvo en los temas de interés empresarial. Es la ideología del ganar-ganar que se impone, donde no hay conflicto ni contraposición de intereses. Sindicatos, sí, pero con poder autónomo, no.

Por el contrario, es la disposición a actuar y también la capacidad de construir un relato y una identidad propia lo que podría constituir el capital de las organizaciones sindicales. Estos elementos no se les asignan por decreto sino que tiene que ver con una propia elaboración política colectiva.

Así, es necesario desentrañar los postulados tras el supuesto consenso del fortalecimiento sindical ya que impone un sesgo poco evidente a primera vista: son ciertos sindicatos los que se fortalecen a través de medidas formales enmarcadas en un modelo de Libertad Sindical cercenado y donde se  le desmarca de su rol político.

De todas formas, poco a poco va posicionándose una postura diferente que reafirma el derecho a que las organizaciones sindicales definan autónomamente su accionar y construyan poder en oposición a los empresarios. Para esto, las prioridades deben ser otras, al menos 2: huelga amplia, sin reemplazo de trabajadores, y negociación colectiva más allá de la empresa.

*Valentina Doniez es Licenciada en Antropología Social de la Universidad de Chile. Trabajó en la coordinación de una escuela sindical financiada por la Unión Europea. Ha colaborado en asesorías a sindicatos del sector Retail en procesos de Negociación Colectiva y de fortalecimiento sindical, además ha participado en la realización de estudios dentro de la Fundación SOL, recientemente por la consultoría OIT “Evaluación del Impacto del Sismo en el Empleo”. Investigadora del área Sindicatos y Negociación Colectiva.