La pandemia y las medidas de cuarentena dejaron al descubierto una profunda diferencia en las vidas laborales de hombres y mujeres, la discriminación en el acceso al trabajo y la organización sindical; y la doble labor que realizan las mujeres al ejercer tareas domésticas y de cuidado. ¿Cómo equiparar la cancha? En este reportaje realizamos una radiografía a la situación actual y los cambios que se proponen para establecer el trabajo como un derecho en la nueva Constitución.
En marzo del año 2020, cuando se anunciaba el inicio de periodos de cuarentena en algunas regiones del país, varias organizaciones feministas denunciaron y se anticiparon a un escenario que luego se comprobó real: para las mujeres, la pandemia, la reducción de movilidad, y la crisis económica, implicaría un golpe. Hoy ese golpe está cuantificado, según datos del INE, en junio del 2020, la situación ya marcaba una tendencia a la baja para las mujeres: la tasa de desempleo femenina llegó a un 9,9% en el trimestre móvil de los primeros meses del año.
Más recientemente, los resultados del último Informe de Género de la Comisión para el Mercado Financiero, determinó varias cosas: primero, que la participación femenina en la fuerza de trabajo cayó de un 53% en 2019 a un 46%, lo cual implicaría un retroceso en 10 años de empleabilidad laboral, ya que, según el mismo informe, la brecha de participación laboral entre mujeres y hombres creció de 21% a un 23%. Además, según los datos, se identificó un comportamiento disímil en acceso a créditos entre hombres y mujeres durante el año 2020; por cada 100 hombres endeudados con un crédito bancario, hay 103 mujeres en la misma situación.
En este contexto, Claudia Donaire, coordinadora del proyecto de Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo de la Unión Europea, y representante gubernamental de la OIT, comenta a Sindical.cl, que “las desigualdades de género en el mundo del trabajo se expresan en brechas en participación laboral, salarios, doble presencia o segregación laboral horizontal y vertical, mayor incidencia de casos de violencia y acoso, mayor tasa de informalidad laboral, mayor tasa de trabajo parcial no voluntario, mayor afectación de las trayectorias laborales por tener que atender responsabilidades familiares y domésticas, penalización de la maternidad, procesos de selección y reclutamiento que no favorecen la diversidad de género y que mantienen la segregación laboral, sistemas de formación profesional y técnica que no promueve ni garantiza diversidad de género en la oferta de profesionales”.
Además, agrega que estas desigualdades, “se agudizaron con la pandemia del COVID19, además de crearse otras derivadas del teletrabajo y la organización del trabajo de las empresas. En el ámbito del empleo remunerado, la tasa de participación laboral de las mujeres que había tenido un aumento progresivo en las últimas décadas, hasta alcanzar el 53,2%, por efectos de la pandemia del COVID 19, ha retrocedido, según datos del INE en más de 12 puntos porcentuales desde enero de 2020, alcanzando el 42,1%, el menor registro en los últimos 10 años. El desempleo de las mujeres también alcanzó su punto más alto en los últimos 10 años, con un 11,7%.”.
Para Marcela Sandoval, diputada e integrante de la comisión de trabajo de la Cámara, “la pandemia puso en evidencia la sobrecarga laboral que tenemos las mujeres, no sólo en los trabajos remunerados, en el trabajo que hacemos cuidando a otros y que en Chile no se valoriza económicamente. Muchas mujeres debieron abandonar sus trabajos y dedicarse exclusivamente a los cuidados en la casa. Esto obviamente aumentó las brechas de participación económica, empleabilidad y remuneraciones. La pandemia marcó un retroceso en las trayectorias laborales de las mujeres”.
La sindicalización
Y si el espacio laboral parecía ser un lugar hostil para las mujeres, la sindicalización lo es aún más. En Chile, entre 2010 y 2019, la tasa de sindicalización femenina aumentó casi 9 puntos porcentuales, de 13,1% a 22%, según el Informe del Consejo Superior Laboral del año 2021, de acuerdo a la base estadística de la Dirección del Trabajo; y si bien es un aumento significativo, sigue siendo insuficiente. Al analizar los porcentajes más detenidamente, se observa que entre los años 2014 y 2018, la tasa aumentó de un 15,5% a un 21,9%, uno de los saltos más significativos de la década. Durante esos años, Claudia Pascual, se desempeñó, primero como cabeza del entonces Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), y luego como ministra de la Mujer y Equidad de Género.
Consultada sobre las eventuales medidas que se tomaron en la gestión que pudieron acompañar este salto, comenta que “durante mi periodo como ministra, se promovió que los sindicatos, las Federaciones y las Centrales tuvieran al menos un tercio de dirigentas sindicales. Además, retomamos la promoción de la norma chilena N°3262 de certificación de las empresas que permite certificarse en materias de corresponsabilidad de vida familiar, personal y laboral, pero también generamos trabajo con las mujeres sindicalizadas y con las mujeres trabajadoras para fortalecer la mirada de la agenda sindical, laboral, que respondiera a las necesidades e intereses de las mujeres trabajadoras”.
La exministra profundiza: “es importante que en los sindicatos se comience a profundizar en las temáticas de relevancia para mujeres y se dejen de considerar como temas que quedan fuera. Es por esto que son necesarias escuelas de liderazgo para mujeres sindicales, conocimientos de sus derechos, en todas las autonomías y no solo las vinculadas al mundo del trabajo remunerado, sino que su autonomia para decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, la representación política y social, en materia de la defensa y la prevención de la violencia contra las mujeres, sea de la manifestación que sea; y que el sindicato también asuma ese apoyo a las mujeres como también la condena y, por supuesto, el apoyo en procesos en casos de violencia laboral y sexual”.
La exjefa de cartera, en este sentido, pone énfasis en la importancia de la ratificación del artículo 190 de la OIT, que es la primera normativa internacional que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral, establecida en junio de 2019. Según un briefing de la Fundación Friedich Ebert Stiftung en Chile, a la legislación nacional aún le falta mucho para ajustarse al Convenio, puesto que, entre otras cosas, no posee una definición única de violencia, solo sanciona este tipo de acciones y no ofrece mayor prevención, seguimiento o apoyo a víctimas de violencia o acoso relacionado a temas de género en la esfera laboral.
Los esfuerzos para reparar el daño
Luego de este agudo retroceso en las condiciones de trabajo fuera y dentro del hogar para las mujeres, en Chile se buscaron medidas rápidas para contrarrestarlo. Las discusiones más inmediatas se realizaron desde el Congreso para enfrentar los estragos del COVID 19 en el trabajo.
La diputada por el Frente Amplio, Marcela Sandoval, comenta que “hemos intentado introducir transversalmente la perspectiva de género en la tramitación de los proyectos que discutimos. En este contexto, una de las respuestas más contundentes que emanaron desde la Cámara y particularmente desde la comisión fue la extensión del posnatal, conocido como «Posnatal de emergencia», que buscaba hacerse cargo del doble rol de mamá y trabajadora, y el correlativo trabajo de crianza que en la mayoría de los casos le corresponde afrontar a las mujeres chilenas”.
Considerando el fin del estado de excepción, y la urgencia de muchas trabajadoras de seguir contando con el posnatal de emergencia, la parlamentaria sostiene que “la bancada del Frente Amplio ingresó un proyecto que extiende una serie de beneficios, vinculándolos con el estado de Alerta Sanitaria que, además del posnatal de emergencia, extendía beneficio de ley 21260, que permitía el teletrabajo de trabajadora embarazada”. Este proyecto aún se encuentra en tramitación en la comisión de hacienda.
Los cambios más profundos que se pueden establecer están determinados por las bases que puede sentar la nueva Carta Magna. Feministas desde el activismo y la academia proponen varias hojas de ruta para acortar la brecha de género en el mundo laboral, una de ellas es una política nacional de cuidados. La abogada laboralista Claudia Donaire, detalla “socializar los costos del cuidado requiere de una política pública que cumpla con reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar los trabajos de cuidado [5R], evaluando la implementación de un Ingreso Básico Universal con enfoque de género – destinado a las personas que deban destinar parte importante de su tiempo a labores de cuidado. Pero también debemos integrar el trabajo doméstico remunerado o profesional en la política pública nacional de cuidados. Debemos reconocer el rol del trabajo doméstico remunerado, en la política nacional de cuidados”.
La exministra Claudia Pascual, concuerda “necesitamos un sistema nacional de cuidados, un apoyo sostenido con la posibilidad de compatibilizar de mejor manera la vida personal, familiar y laboral de trabajadoras y trabajadores. Que los derechos del cuidado de hijos e hijas, las licencias por enfermedades de hijos e hijas, o de familiares que lo requieran, sean beneficios tanto para mujeres trabajadoras, como para hombres trabajadores. Desde esa perspectiva, creo que el telón de fondo de la Convención Constitucional y la nueva Constitución, hace posible tener un rayado de cancha institucional que promueva esa corresponsabilidad, que promueva el impulso en igualdad de condiciones de las mujeres del mundo del trabajo remunerado fuera del hogar. Y por lo tanto espero que esa perspectiva de género transformadora esté cruzada y desarrollada de manera transversal en la nueva Constitución”, finaliza.
