El protocolo de acuerdo suscrito en julio de este año entre el gobierno y la ANEF ratificó el compromiso asumido por la ex ministra del Trabajo -hoy de Justicia- Javiera Blanco, de avanzar en una iniciativa que institucionalice la negociación colectiva para los trabajadores del Estado. Se trata de una idea que toma fuerza, dada la paralización del Registro Civil, que hoy suma 30 días.
[Santiago, 29 de octubre 2015] El 25 de febrero, la ex ministra del Trabajo -hoy en la cartera de Justicia-Javiera Blanco, anunció que el gobierno comenzaba a trabajar en un proyecto para institucionalizar la negociación colectiva en el sector público. Sin embargo, los meses han pasado y la iniciativa aún no sale a la luz.
Hoy, a 30 días de la paralización de los trabajadores del Registro Civil se reabre el debate sobre qué ocurrió con el proyecto anunciado por la ex secretaria de Estado y que, además, está dentro del programa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
Desde la cartera de Trabajo aseguran que el compromiso de estudiar esta materia fue ratificado en el protocolo de acuerdo firmado en julio de este año por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, su par de Trabajo, Ximena Rincón, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente.
El documento, de 19 puntos, contempla un ítem sobre los derechos colectivos del sector público, donde se propone una mesa de trabajo para estudiar “la institucionalización de modalidades eficaces de negociación en el sector público, considerando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades. Además, se abordarán las prohibiciones legales y constitucionales vigentes”. Hoy los trabajadores del Estado no tienen derecho a negociación colectiva ni tampoco a huelga.
Es más, en febrero de este año, el mismo Raúl de la Puente aseguraba que estos temas son los que generan más discrepancias, ya que si bien el gobierno está anunciando un proyecto para institucionalizar la negociación colectiva, no hay acuerdo en el reconocer el derecho a huelga.
Urgencia por la ley
A pesar de que hoy existe el compromiso del gobierno de normar la negociación del sector público, parlamentarios de distintas bancadas aseguran que es necesario acelerar dicho proceso.
Para el diputado del Partido Socialista (PS) y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, es “urgente” que se trabaje en institucionalizar el diálogo en el sector público.
Puntualiza en que el “gobierno tiene que hacerse cargo de esto lo antes posible”, y que al igual como ocurre en el sector privado, los funcionarios públicos también deben tener derecho a huelga.
Opinión similar tiene la senadora de la DC e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Carolina Goic. La parlamentaria sostiene que la negociación colectiva y el derecho a huelga en el sector público es necesaria para garantizar la estabilidad del sistema a la ciudadanía.
“Hoy lo que está sucediendo es que la actual normativa no da cuenta de cómo enfrentar el conflicto. Entonces, al final se producen este tipo de paralizaciones, pero si tuvieras proceso normados y acuerdos que garanticen estabilidad, probablemente, disminuiría mucho la conflictividad”, subraya Goic.
Agrega que en el caso del reajuste salarial para el sector público, terminan siendo los actores de la negociación los parlamentarios y no los representantes del sector público quienes hacen la negociación.
Cabe señalar que los 14 gremios que componen la mesa de sector público esperan entregar su propuesta de reajuste el jueves en la mañana, la que considera dos temática: una económica y otra social. La idea es comenzar con las negociaciones durante la primera semana de noviembre.
La senadora asegura que el proyecto que hoy está trabajando Hacienda con la Anef debería comenzar a discutirse a fines de este año, pues asegura que el gobierno se ha comprometido a ver la situación de los funcionarios del sector público luego de que finalice la discusión sobre la reforma laboral que apunta al sector privado.
El senador UDI, Hernán Larraín, asegura que hoy “el gobierno debe ser más sensible a los problemas de los trabajadores públicos” y que, por ende, es necesario buscar una solución al problema de fondo.
“Esto ocurre porque no hay negociación colectiva con derecho a huelga en el ámbito de los trabajadores públicos; yo presenté en 2014 una reforma constitucional para resolver estos temas, para tener servicios mínimos garantizados, reemplazo de los trabajadores de manera que la gente no sufra por un paro”, enfatizó Larraín.
Añadió que al parecer ni al gobierno ni a la CUT les interesa que se regule la situación de los trabajadores públicos, ya que no fueron considerados en la reforma laboral que hoy se discute en el Congreso.
Más allá de los avances que puedan tener estas materias, en lo inmediato lo que está claro hasta ahora es que el gobierno no está dispuesto a transar en las demandas del Registro Civil porque la consigna es “estamos en un escenario estrecho”.
LA TERCERA
