NOTICIA: En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil –celebrado el domingo 12 de junio -, las autoridades de Gobierno se reunieron con alumnos del Instituto Eliodoro Domínguez Domínguez de Quinta Normal para informarles sobre sus derechos al momento de ingresar al mundo laboral.
[Santiago, 16 de junio 2016] Una de las salas del liceo fue dispuesta para un desayuno que sirvió como telón de fondo para que el Subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, el Director del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Nicolás Farfán, y el Vicerrector de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Manuel Arrieta, conversaran con los estudiantes.
“Estamos llevando a cabo estas actividades no sólo en Santiago, sino en las restantes 14 regiones del país, en una alianza entre el INJUV y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, explicó Farfán.
Los alumnos escucharon de boca de las autoridades de Gobierno sus derechos en materia laboral. Entre los más importantes, están la condición de ser mayor de 15 años para comenzar a trabajar, la obligación de tener contrato de trabajo, y el límite de horas por semana, que está establecido en 30 horas semanales en período escolar con un máximo de ocho horas diarias.
Además, el contrato debe estar inscrito en la Inspección del Trabajo, se debe contar con autorización expresa del padre o madre del adolescente, o en su defecto su representante legal, junto con la obligación de acreditar la culminación de su Educación Media o de encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica.
El Subsecretario Díaz señaló que “como Ministerio es fundamental poder informar a los jóvenes sobre sus derechos laborales, porque cuando un adolescente comienza a trabajar se debe garantizar que el trabajo no interfiera en su desarrollo y proceso educativo. Por ello, se aplican estas condiciones que van desde la jornada laboral hasta los tipos de trabajo que pueden realizar”.
En Chile, 219.624 niños, niñas y adolescentes están llevando a cabo trabajo infantil, aunque la cifra es relativamente baja en comparación con otros países latinoamericanos, como Brasil o Perú. De ellos, 9 de cada 10 se desempeñan en labores consideradas peligrosas.
