ENTREVISTA: Para José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), “el Estado también es responsable de quienes llegan al país”.
Por Antonia Orellana
El sacerdote jesuita José Tomás Vicuña ha sido una de las caras más visibles a la hora de comentar las nuevas medidas migratorias del gobierno de Sebastián Piñera e, incluso, recibió críticas desde el oficialismo por sus comentarios. Vicuña habla como director del Servicio Jesuita al Migrante, que en sus dieciocho años de trayectoria se ha instaurado como un referente para las comunidades migrantes en Chile.
En su mirada, en nuestro país falta mirar la adaptación a la nueva realidad global como un proceso bidireccional. “También es Chile quien se debe adaptar y por eso está actualizando en su legislación”, señala, apuntando a que “el Estado también es responsable de quienes llegan al país”.
Han pasado seis meses de los anuncios del gobierno en cuanto a temas migratorios. ¿Cuál es la evaluación que hacen como SJM?
Sin duda era necesario actualizar la legislación migratoria. Había una legislación, pero no estaba acorde al contexto. En eso celebramos que se quiera tomar la migración como parte de la agenda. Ahora, dentro de las medidas, como Servicio Jesuita Migrante, celebramos algunas y nos preocupan otras. El proceso de regularización es una buena medida y demostró que cuando el Estado ofrece la institucionalidad ofrece las opciones para regularizar a las personas migrantes, los migrantes acuden. Los migrantes no es que se escondan del Estado, sino que se les dificulta por trabas y por el acceso a redes. También es bueno que se envíe un proyecto de ley, dentro del cual celebramos que se cree un Servicio Nacional de Extranjería, que se amplíen a otras universidades para convalidar estudios, que se haya ampliado respecto al 2013 en el proyecto de ley el que las personas no tengan que esperar dos años para atenderse en salud, sino es que sea un derecho. En el proyecto de 2013 del presidente Piñera tenían que esperar dos años.
El plan “Retorno a Haití” ha desatado críticas porque se enfoca los migrantes de un solo país, también se ha argumentado que es racista. ¿Cuál es su postura en torno a este programa gubernamental? ¿Qué efectos puede tener?
El Plan Retorno a Haití es un tema complejo. El Estado lo puede ofrecer, obviamente de manera voluntaria. Sí es curioso que se ofrezca en principio sólo a personas de Haití. Después dijeron que estaba abierto a otras nacionalidades, ahora se dijo que se iba a evaluar otras nacionalidades. En el SJM recibimos atención de personas muchos lugares del mundo y nos ha pasado que hay personas de otros países, no de Haití, que también han manifestado la intención de volver e incluso encuentran injusto que sólo se ofrezca para un país los mismos migrantes. Eso debe ser evaluado. Esperamos que no se mediatice esta vuelta, sino que nos haga conscientes que la migración va mucho más allá que ver las fronteras. Tenemos que ver también la ciudad, y la convivencia y una política migratoria integral, y eso tiene que ser intersectorial y no sólo llevado por el Ministerio del Interior. Debieran estar los demás ministerios involucrados, así como los municipios y la sociedad civil.
Al anunciar la eliminación de la Visa Temporaria con Motivos Laborales asesores de gobierno señalaron que con esto se buscaba eliminar la “venta” de ofertas de trabajo y también disminuir la irregularidad. ¿Ha surtido efecto?
La visa por motivos laborales significó una cantidad de ventas por contratos falsos, pero creo que eliminarla no erradica el problema. El hecho de que muchas personas hayan solicitado esa visa manifiesta que muchas personas migrantes se querían regularizar, como su situación en el país dependía de un contrato. Es ahí donde surgen las mafias y las redes. Con la visa sujeta a contrato pasa lo mismo; o sea, nada indica que no se vayan a falsificar contratos y también se mantiene el mismo sistema y más radicalizado que la permanencia de una persona dependa de un contrato. Eso facilita y promueve abusos laborales. Como hemos visto en los últimos años se han cuadruplicado las denuncias en la Dirección del Trabajo, y por otro lado hace más precaria la situación laboral porque si una persona depende su situación en el país de un contrato, va a estar más manifiesta. Las personas migran por razones de trabajo, si no encuentran trabajo van a migrar a otro país. Si viajaron 10 días, si gastaron mucho dinero en llegar a un país van a tener más facilidad para moverse.
¿En su experiencia, cuál consideran es el principal obstáculo a solucionar por las personas migrantes a la hora de encontrar un trabajo?
En línea con lo anterior anterior, las principales problemáticas son justamente los trámites que hay que hacer. Se ha mejorado la gestión, pero aún vemos que en un carnet de identidad, que es básico para un contrato de trabajo se demora siete meses. Eso también promueve la irregularidad. Bajo el proyecto de ley la persona vendría con un rut desde afuera, es una buena noticia eso, pero no hay que olvidar que las personas no sólo van a esperar su rut sino que también puede esperarse que vengan bajo otras circunstancias.
¿Qué rol pueden jugar las organizaciones de trabajadores como los sindicatos dentro del panorama actual?
Y las organizaciones de trabajadores y los sindicatos justamente pueden dar cuenta de estas dificultades y ver el tema mucho más allá de lo administrativo. Lo administrativo es un tema muy importante, crucial, un factor clave en la inclusión, pero también acá hay temas culturales. El cómo las empresas se preparan en las modificaciones de política no es necesariamente para hacer todo como los migrantes, pero tampoco podemos pretender que las cosas siguen como antes. O sea, si cambia la composición de trabajadores y trabajadoras de la empresa, debiera haber modificaciones también en la misma empresa.
