María José Escobar Opazo, abogada máster en derecho social y en derecho constitucional de la Universidad París 1 Panthéon Sorbonne. Integrante de la Comisión Derecho del Trabajo, Abofem Chile.

El 18 de octubre de 2019 millones de personas salimos a reivindicar nuestros derechos sociales, reclamando bajo la penumbra de no tener soluciones a las injusticias que hemos visto a lo largo de la historia. La crisis social y financiera a la que nos hemos enfrentado los últimos años nos ha obligado a buscar más de una manera de subsistir para obtener lo básico de una vida digna. Cientos de miles hemos debido renunciar a nuestras familias por la sobrecarga laboral en nuestros trabajos.

Nos ha llevado años conseguir derechos a nuestros trabajadores y trabajadoras. Desde el reconocimiento de la seguridad social, la jornada laboral y el descanso, así también, la negociación colectiva y el diálogo social. Esto por nombrar sólo algunos derechos reconocidos que conllevan paz social y la dignidad humana. Pero estos avances han sido lentos e insuficientes.

Así el 15 de noviembre logramos lo principal, cambiar la constitución, orden primario en el ordenamiento jurídico. Conseguimos representarnos en el organismo a cargo de esta tarea para obtener esos derechos sociales necesarios y, por sobre todo, justos. Sin embargo, esta tarea conlleva la participación de todos y todas, y de todas las instituciones, ya que sin la participación del Estado en su conjunto, difícilmente tendremos las garantías necesarias.

Hace unas semanas vimos de cerca la amenaza a la democracia y los derechos alcanzados. Y principalmente la amenaza a las miles de mujeres trabajadoras que día a día luchan por el reconocimiento de estos derechos. Ya lo planteaba Marcela Lagarde hace 10 años atrás, “los derechos conseguidos de las mujeres siempre están en riesgo y se pueden perder”. Su propuesta era, “que tengamos una conciencia profunda de que somos mujeres con el derecho a tener derechos, que somos humanas investidas de modernidad. Es desde la modernidad desde donde tenemos que defender esos derechos y ampliarlos y consolidarlos cada vez más”.

Es por esto que no podemos distraernos. Hoy tenemos la tarea más grande que es discutir los derechos y principios que queremos que nos rijan durante los próximos 50 años. Tenemos la oportunidad de crear un nuevo orden social, económico y político, para que nuestra vida laboral sea reconocida con respeto y seguridad. Es nuestra obligación como trabajadoras luchar por la maternidad decidida y el respeto y cuidado de las madres trabajadoras. Por una jornada laboral que nos permita desarrollarnos como personas. Por una remuneración básica que nos otorgue la dignidad anhelada. Por la no discriminación y el acoso laboral. Por las miles de mujeres emprendedoras que buscan una reactivación económica y protección del Estado en su labor. Por los derechos adquiridos de los sindicatos y una negociación colectiva reconocida y regulada por las leyes nacionales. Por la solidaridad en todo el sistema de seguridad social, y así, al caer en contingencias, tengamos la certeza de poder contar con la ayuda para no volver a la precariedad.

Necesitamos seguir el camino de un nuevo Chile por una vida mejor, participando y apoyando nuestra Convención Constitucional, sin decaer los brazos y trabajando con el nuevo Gobierno y el Congreso, quienes deberán implementar y garantizar lo plasmado en nuestra Carta Magna. Es tarea de todos y todas lograr la paz social con diálogo y sin exclusiones, pero sin transar la dignidad.