ENTREVISTA: El presidente de Fenaminsa, Esteban Tumba, conversó con Sindical.cl sobre los despidos que han enfrentado en este Gobierno en intendencias y gobernaciones, además de los problemas que enfrentan con los cambios en la ley de migración.

Por Lissette Fosa

 Esteban Tumba es funcionario público hace ya 23 años. Primero trabajó en el Departamento de Extranjería de la Región Metropolitana y posteriormente, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), dependiente del Ministerio del Interior. Actualmente es presidente de Fenaminsa, la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior, que agrupa a trabajadoras y trabajadores de diversas subsecretarías, intendencias y gobernaciones a lo largo de Chile.

Para Tumba, este sector será clave ante las problemáticas que enfrenta el Estado en un mundo globalizado. La elección de intendentes el próximo año, el sistema de migraciones y la seguridad pública son temas que sus afiliados trabajan y que están en la palestra pública ante reformas y cambios. También, afirma, ha cambiado el perfil de los funcionarios: “La imagen del funcionario público de hace cincuenta años atrás no es la misma de hoy. El funcionario público de hoy, de acuerdo con cifras que he revisado, ha ido cambiando mucho. La participación de la mujer en el trabajo, por ejemplo, ha modificado las relaciones de alguna manera”, comenta.

Sobre esos desafíos como dirigente sindical del sector público y sobre los cambios que se vienen a fin de año para sus afiliados, conversamos con Esteban Tumba.

Este es tu segundo periodo como presidente de Fenaminsa ¿Cuáles son las prioridades que vas a tener para el segundo periodo de dos años?

Mira, lo central en la federación nuestra, nuestro foco, está en el gobierno interior. O sea, son gobernaciones, intendencias, que están distribuidas a lo largo de todo el país. Nosotros hemos diagnosticado que la situación de los trabajadores que están en ahí son los trabajadores más mal remunerados en el Ministerio del Interior y los que tienen condiciones laborales más inadecuadas, comparativamente. Tienen menos recursos para capacitación. Y como son unidades pequeñas, las gobernaciones e intendencias, y están a cargo de una autoridad política y están vinculadas estrechamente a parlamentarios, el control político de la unidad es demasiado férreo y desdibuja lo técnico. Entonces, el drama que tienen ellos cada vez que cambian autoridad es que despiden mucha gente, la estabilidad que pueden lograr es muy poca. La única forma de lograr más estabilidad en el caso de ellos es dibujar de mejor manera el tema de las plantas. Hay gobernaciones donde la única persona de la planta es el gobernador, no hay nadie más que esté en planta y son plantas de confianzas.

Cada una de las asociaciones bases tiene interlocución a nivel de sus jefaturas de servicio. Entonces, nosotros escalamos al peldaño superior, que es hablar con el ministro, y con él tratamos de generar una interlocución que les sirva a las asociaciones bases.

Está el tema de la ley de extranjería, también de inmigración, que son otro punto importante. Eso afecta a los funcionarios a nivel central, pero también afecta a funcionarios nuestros a lo largo de todo el país que también atienden extranjeros.

Se viene una nueva región que es Ñuble y a la vez se viene la aplicación de las elecciones de intendente, que va a generar cambios a nivel de la vida cotidiana de los funcionarios ¿Cómo se están preparando para esos dos temas y a que le están poniendo ojo?

En las normas de centralización había una modificación que era importante que incide en funcionarios nuestros: en las provincias que son cabeceras de región existe hasta hoy una intendencia y una gobernación, salvo en Santiago porque ahí hay una intendencia y una delegación. Pero en las otras si hay intendencia y gobernación. Con la modificación de la norma constitucional, que permite la elección del gobernador regional, lo que va a pasar es que va a haber solo una autoridad en esa provincia.

¿Qué va a ser el intendente?

Va a ser el delegado regional presidencial. Y no va a ser electo, va a ser la persona que delega el Presidente. Mientras que el gobernador regional se va a ser electo. Pero, en términos orgánicos va a existir todavía la intendencia y la gobernación, pero va a haber una sola autoridad en esa provincia, entonces, la duda que tienen los funcionarios en general es qué va a pasar con esa gobernación y esa intendencia, ¿se van a fusionar? ¿van a seguir existiendo tal cual existe ahora con otros nombres? ¿va a implicar despidos o no? Entonces, esas dudas nosotros se las hemos planteado a los dos gobiernos. Con el gobierno anterior a lo único que llegamos fue a que ellos se comprometieron a que no teniendo un diseño claro de cómo iba a ser esto no iba a implicar despidos. Con el gobierno nuevo, apenas ellos asumieron nosotros pedimos las reuniones con el ministro Chadwick y ellos se comprometieron a lo mismos básicamente, a que no iba a implicar despidos, pero aún corremos ese riesgo.

Lo que es claro es que ellos tampoco tienen un diseño esto, de cómo hacer esto. Eso lo hemos constatado, nos han dicho que no hay diseño. Son 500 funcionarios que podrían verse afectados, por eso es un tema que nos preocupa.

O sea, no hay respuesta hasta ahora…

No hay respuesta concreta.

Ustedes también representan a los y las trabajadoras de Extranjería y Migración. Uno, con todo este proceso de migración en Chile, ve el sistema colapsado ¿Faltan funcionarios? ¿ O simplemente no se han destinado los recursos necesarios? ¿Qué está pasando ahí?

Este es un tema largo tratar, porque tiene muchas aristas diferentes, o sea, es verdad que la normativa que nos regula hoy día es del tiempo de la dictadura cuando no entraba nadie a Chile. Y es muy restrictiva. Con el tiempo, eso se fue de alguna manera desdibujando, por ejemplo, llegamos hasta el gobierno anterior en donde por la vía administrativa ellos generaron tipos de visa distintas.

El problema es que desde que empezó el flujo migratorio fuerte a mediados de los noventa hasta hoy, la migración ha subido de una manera extraordinaria y los recursos involucrados no han subido a la par. Se ha invertido más, pero no han subido a la par. Luego, en términos normativos las regulaciones están atrasadas; en términos de política pública no hay una política pública migratoria. O sea, una política pública migratoria debería considerar todo lo que hace la primera línea de atención y de conversación con los migrantes que son los municipios, pero ahora cada municipio se las arregla como puede.

Y hay otro tema que es relevante que a mi juicio es bueno que es la creación del Servicio de Migración.

¿En este momento no existe? ¿Qué es lo que existe?

Lo que existe es un Departamento de Extranjería y Migración que es parte de la Subsecretaría del Interior, pero es un departamento que en la práctica tiene directamente contratados a más de doscientas personas e indirectamente, por la vía de gobernación e intendencia, otras doscientas más. En el fondo es un servicio, pero con una estructura de departamento. Entonces, la generación del servicio como en otros países existe, a mi juicio, es una buena decisión.

¿Faltan funcionarios? Es como el mito urbano de que faltan funcionarios en migración, por eso hay tantas colas, ¿es así? ¿o hay otro problema?

A mi juicio si faltan funcionarios porque si uno revisa las cartas de trabajo de lo que existe actualmente, están absolutamente sobrepasados. Faltan funcionarios, así como también falta inversión en tecnología. Todavía tú vas a una de estas oficinas y ves cerros y cerros de papeles. Resoluciones, solicitudes, pero son cerros de papeles. Si se hicieran las inversiones necesarias, probablemente la carga laboral que tienen los trabajadores de extranjería disminuiría

Nosotros hicimos un estudio al respecto. Los resultados dan cuenta de que la carga de trabajo en Migración es excesiva y eso es un riesgo permanente que te genera estrés y el problema que tiene eso es que el médico le da una licencia y le dice “usted está estresado”, entonces vaya a descansar. Pero va a volver al trabajo y va a tener más pega, entonces al rato se va a enfermar de nuevo. Eso es un tema súper delicado. Hay mucha gente que se enferma y que no lo declara por miedo.

En términos del ambiente. Hay cierto aumento del racismo, grupos de ultraderecha contra los migrantes, pero sin duda si uno pudiera pensarlo y reflexionarlo quienes tratan mucho con migrantes son los funcionarios públicos y los funcionarios de migración ¿Cómo has visto eso?

Me parece que los funcionarios son mucho más conscientes de los derechos de las personas, de los derechos ciudadanos. Lo que yo he visto es que ha habido un aprendizaje en el tiempo. Hay una buena parte de los trabajadores del sistema de extranjería que llevan muchos años trabajando, entonces ellos han visto el crecimiento de la ola migratoria y también han aprendido a relacionarse con los extranjeros.

¿Cómo ha sido la relación con la contraparte, que es el gobierno de Piñera?

La relación a nivel del ministro no es mala, han sido bastante receptivos a temas nuestros. Con algunos jefes de servicio no es tan buena, con algunos otros es mejor. En donde los temas han sido más complejos es todo lo que ha tenido que ver con los despidos.

¿Cuántos despidos han tenido?

Nosotros calculamos que en Interior llevamos más de cuatrocientos durante el 2018.

¿Es la cifra más alta de despidos en el sector público?

Según los cálculos que habíamos hecho, sí. Nosotros hemos tenido muchos despidos y no han parado. Hasta esta semana se está despidiendo gente en distintos lados y luego viene noviembre con todo el proceso de la renovación de las contratas, en donde hay mucho temor de las personas porque no se ha visto tampoco que los despidos obedecen a un patrón muy claro. Despidos de personas que tienen buen desempeño y yo diría que la variable central ha sido política, o sea, necesidades de introducir personal de confianza, pero en cargos que no son de confianza, cargos que son profesionales.

¿Qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año?

Nuestro tema en esta época es que nos preparamos en varios aspectos. Uno, en el tema de tener un dispositivo jurídico que permita hacer frente a estas situaciones. Eso lo tenemos y lo hemos venido desarrollando. Por otro lado, la gestión que podamos hacer con las asociaciones para efectivamente poder denunciar estos hechos. Ahora estamos justo en medio del proceso de calificación, se constituyen las juntas el 21 de septiembre por ley y eso va a ser un dato relevante para noviembre. Entonces, estamos observando lo que está pasando en cada junta calificadora para ver cómo viene el proceso.

Entonces, estamos preparados para hacer frente a los despidos, pero también estamos preparados para movernos en función de eso y reaccionar si es necesario.