NOTICIA: En marzo pasado, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que deja en manos de la Superintendencia de Educación la fiscalización de salas cunas y jardines infantiles. Para los trabajadores de la JUNJI, el proyecto no responde a las necesidades de la educación parvularia y temen que implique despidos en la institución.
[Santiago, 23 de julio de 2013] La educación ha sido tema cada vez más discutido en el debate público. En ese contexto de discusión y propuestas nacionales, el gobierno ha realizado reformas y cambios que buscan mejorar la calidad de la enseñanza en el país, lo que no ha estado ajeno a las opiniones de los sindicatos y trabajadores del sector educativo, que son los responsables de llevar a cabo los cambios a nivel estatal y privado. Uno de esos cambios es el funcionamiento de la Superintendencia de Educación en 2012.
Para los empleados de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el funcionamiento de la superintendencia los inhibe de una de sus funciones: fiscalizar a las salas cunas y jardines infantiles. Para los dirigentes de la APROJUNJI (Asociación Pro Funcionarios de la JUNJI), el proyecto de ley que aplicaría estos cambios (de marzo del 2013) implica por un lado una correcta ejecución de la política pública, ya que no fiscalizaría la misma entidad que crea y administra jardines. Sin embargo, adolecería de poca información sobre el reglamento que rige a los funcionarios que fiscalizan y generaría que bajara la cantidad de profesionales a cargo de niños.
Sindical.cl conversó con el presidente de la APROJUNJI, Christian San Martín y el director Julio Trejo, quienes afirman que de aplicarse esta ley junto al decreto 115 de educación, cientos de profesionales de la JUNJI quedarían cesantes. “Vamos a pelear por que pongan atención a este proyecto”, afirma San Martín, quien asistirá a la discusión en sala que se realizará en el Senado esta semana.
A grandes rasgos, ¿de qué trata este proyecto de ley al que ustedes desean realizar indicaciones?
Este proyecto surge de un mensaje presidencial, donde se plantea un nuevo proceso de fiscalización de los jardines infantiles, traspasando esta función desde la JUNJI a la Superintendencia de Educación. En este momento, nosotros como JUNJI realizamos todo el proceso, es decir, abrimos el jardín, lo organizamos y después lo fiscalizamos: somos juez y parte. Ese proceso ya tiene su fecha de término con este proyecto de ley. Nosotros como asociación estamos de acuerdo en el fondo del proyecto, que es separar estas funciones de fiscalización y administración de jardines. Pero, a pesar de estar de acuerdo en este aspecto, tenemos reparos con el proyecto.
¿Cómo podría afectarles a ustedes como funcionarios el proyecto sobre la fiscalización de la superintendencia de educación en jardines infantiles?
El proyecto plantea el traspaso de funcionarios de la JUNJI a la Superintendencia, que a nivel nacional serían cerca de 64 trabajadores. La opción que daría la ley es que esos funcionarios postulen a la superintendencia si quieren. Pero el problema es que para nosotros como institución esos cargos no se reponen, es decir, perderíamos esos cargos, cuando en la JUNJI faltan profesionales para los equipos técnicos.
Además, el proyecto deja muchas cosas a criterio del reglamento, como el material didáctico, los requisitos sobre el profesional idóneo, que según el proyecto puede ser cualquier profesional de la educación, un profesor de inglés o matemáticas, mientras que nosotros creemos que deben ser profesionales de educación de párvulos. Tampoco sabemos quién va a realizar el reglamento, pero creemos que con todo el conocimiento que tenemos, debiese hacerlo la JUNJI.
¿Están trabajando con los senadores para hacer indicaciones al proyecto?
Hasta el momento no, pero nos vamos a hacer presentes esta semana. Tendremos reuniones con la asociación de funcionarios de la Superintendencia de Educación y nos contactaremos con algunos senadores. Vamos a pelear por que pongan atención a este proyecto, que no tiene urgencia.
Hablemos del decreto 115: Ustedes manifiestan reparos con este decreto, que también está incluido en el proyecto de ley.
Cuando surge este decreto se establece que debe haber en cada sala una educadora de párvulos para 40 bebés. Hasta el momento funciona con una educadora por cada 20 lactantes. En el fondo, vamos a disminuir la cantidad de profesionales en los jardines y salas cunas. Y en caso de las técnicos, la JUNJI plantea actualmente que debe haber una técnico por cada seis bebés y lo ideal es que sean 20 niños en una sala.
Con la aplicación de este decreto, además tendríamos seis o cinco técnicos trabajando con 40 niños. Detrás de esta política, está la concepción de facilitar la apertura de jardines para el mundo privado, porque le dices al privado que tiene menos requisitos y necesita menos personal para abrir un jardín infantil
Y si aplicaran este decreto, la JUNJI estaría sobredotada, habría que echar gente, porque tenemos más profesionales de los que indica. El temor de los funcionarios es que el decreto 115 se aplique como está y no sea “un piso mínimo” de cómo deben funcionar los establecimientos, como en algún momento se nos dijo, por lo que creemos que es mejor derogarlo.
¿Qué puntos quieren que cambien en el proyecto de ley?
Primero; mantener los cargos en la JUNJI. Segundo; que no todo quede en manos del reglamento, que la normativa sea más explícita, sobre el proyecto educativo y las condiciones mínimas del jardín. Y tercero; especificar más sobre qué condiciones tendrá el profesional idóneo, nosotros creemos que debe ser un profesional o técnico en párvulos y no cualquier tipo de pedagogo.
*Foto 2: La prensaaustral.cl
