El evento “Cartagena +40” conmemoró cuarenta años el pasado 11 y 12 de diciembre, en el que nuestro país renovó el compromiso con las personas refugiadas, desplazadas y apátridas de la región. Cartagena+40 fue un proceso en el que nuestro país asumió el liderazgo en 2023 y que implicó la coordinación de la política “Plan de Acción Chile” para los años 2024-2034 respecto a la protección de personas en situación de movilidad humana para responder de manera integral y solidaria a los problemas jurídicos y humanitarios de las personas desplazadas y refugiadas.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores manifestó su apoyo a la iniciativa del Gobierno de realizar el proceso de regularización de personas migrantes anunciado en la actividad de Cartagena+40, y señala en su comunicado, que la población migrante que se presentó voluntariamente al proceso de empadronamiento convocado por el Servicio Nacional de Migraciones, en el que fueron registrados los datos personales y familiares de 182.000 personas “el 80% acredita algún vínculo o inserción laboral, y un gran porcentaje de ellos genera nuevos trabajos, y en muchos casos, con sus emprendimientos, ofrecen trabajo a la población local”.
Bajo el contexto mencionado, el Gobierno firmó el pasado 20 de diciembre un acuerdo migratorio con Bolivia que se compone de tres puntos fundamentales y que constituye un avance en la materia: Reconducción de migrantes irregulares, que detalla el acuerdo de cooperación migratoria sobre retorno o reingreso de migrantes irregulares y que no se podía llevar a cabo con anterioridad; cooperación para controlar el delito de contrabando y regularización del tránsito de personas que viven en localidades colindantes a la frontera. Lo anterior se suma a otras medidas ya establecidas que refuerzan la iniciativa.
A continuación puedes revisar el comunicado de la CUT: