NOTICIA: El origen del conflicto se encuentra en el incumplimiento del protocolo firmado en el año 2014 por los funcionarios, su objetivo es mitigar los efectos del elevado costo de vida en la zona.
[Atacama, 2 de marzo 2016] Los trabajadores tomaron esta decisión, luego de que en la última reunión con el Intendente de la región, Miguel Varas, se les informara que el “Bono Atacama” no está contemplado en el presupuesto de este año.
Según indicaron desde de la ANEF de Atacama, la vida en la zona es cara,” los arriendos, el agua envasada y los servicios básicos son de costo muy elevado. Además al no haber especialistas en el servicio de salud, todas las enfermedades serias deben tratarse en Santiago, a lo que debe sumarse los traslados y otros gastos” .
En su comunicado oficial, la organización llamó a todos los trabajadores públicos de la región a defender esta bonificación que el gobierno se comprometió a entregar hasta que se realice un estudio técnico que defina “ el costo de la vida” en la zona.
“Efectivamente hicieron un estudio que arrojó que Santiago era más caro, pero ellos se habían comprometido a hacer un estudio desde la misma región y en conjunto con los trabajadores y eso no fue así”, sostuvo el presidente de la Anef de Atacama, Luis Santoni.
El intendente aseguró que, “la región no está en condiciones de entregar estos recursos debido a que implica un gasto del 18% en un presupuesto reducido como es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). A ello se suman además las necesidades prioritarias del Plan de Reconstrucción Atacama y el ajuste fiscal necesario para el país”
Y añadió, “como gobierno de todos los chilenos, estamos llamados a priorizar recursos en las áreas que benefician a todos los habitantes de Atacama por igual”.
El dirigente señaló, que el día de mañana esperan la visita del presidente de la asociación, Raul de la Puente y que radicalizarán la paralización hasta que el gobierno cumpla con lo firmado.
Según Santoni, la paralización fue respaldada por los diputados Lautaro Carmona y Yasna Provoste, quienes además fueron garantes de este acuerdo. “Este es un problema de voluntad política”, sentenció.
La movilización del sector público tuvo una adhesión del 37% con todos los organismos coordinados para mantener turnos éticos, mientras el Registro Civil se mantuvo operando con dotación completa y se garantizó la entrega del Aporte Familiar Permanente y otras prestaciones sociales.
