ENTREVISTA: La ex directora del Trabajo y actual encargada del Centro de Estudios del Trabajo de la Universidad Central conversó con Sindical.cl sobre las debilidades laborales del actual modelo económico, los desafíos del sindicalismo, el rol de la Dirección del Trabajo y sus expectativas para el futuro gobierno.
Por: Rebeca Araya Basualto
[27 de diciembre de 2013] Está persuadida de que vivimos el inicio de un ciclo de cambios políticos a nivel global. “Se agotaron las recetas neoliberales. Hubo un momento en que no veía resquicios en el sistema –dice, casi para sí misma- hoy son evidentes”. María Ester Feres, militante socialista, abogada y especialista en derecho laboral, dirige el Centro de Estudios del Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad Central. Durante 10 años (1994-2004), fue Directora del Trabajo. Respecto a ese desempeño, en un artículo de julio de 2004, denominado “Poderosa Afrodita”, El Mercurio dijo que dirigía “un organismo demasiado cargado hacia el trabajador, perdiendo objetividad en la aplicación de la Ley”. Según la crónica, Feres parecía sumida en una gesta individual. “A veces parece estar en una cruzada”, señaló a ese diario un anónimo asesor de la repartición.
Desde su punto de vista, y bajo el liderazgo de núcleos tecnocráticos, en los gobiernos post dictadura: “Se definió desde un principio no cumplir el programa de la Concertación en lo referido al sistema de relaciones laborales y particularmente a las relaciones colectivas de trabajo. Hubo cambios menores, todos centrados en la relación individual del trabajador con su empleador. En ese contexto, correspondió fortalecer la Dirección del Trabajo, como un mecanismo indirecto orientado al cumplimiento de las leyes disponibles, mientras se fortalecían iniciativas legislativas”.
Progresivamente -dice- “aparece la visión típicamente neoliberal que concibe el trabajo sólo como un factor productivo, cuyo costo debe fijarse a partir de la oferta y demanda en el denominado “mercado del trabajo”, concepto que no está en la doctrina social de la iglesia ni en la OIT y cuyo uso evidenció una concepción que había penetrado el núcleo gubernamental”.
A su juicio, el cambio más relevante de los ’90 a la fecha, es el Nuevo Procedimiento Procesal Laboral.
–“Aún hay que formar a los jueces y en la Corte Suprema el tema está a cargo de un ex abogado de la SOFOFA, que aplica criterios del derecho civil o comercial a procesos laborales –enfatiza- pero… tenemos Juzgados laborales. Debemos perfeccionar esos procedimientos, ampliar la cantidad de juzgados y especializar a los jueces, pero tenemos el punto de partida”.
EL “MERCADO DEL TRABAJO”
Respecto al sindicalismo chileno afirma: “A lo largo del siglo XX, con muy pocas excepciones, operó el sistema de regulación del conflicto a partir de lo que se denomina teóricamente “la Cuestión Social” en América Latina. Esto generó un sindicalismo que –con escasas excepciones en la región- (Uruguay. Argentina, Brasil), se configura a partir de una dinámica agregativa. Se forma el sindicato en la empresa y desde allí, sin una visión sectorial o por rama de actividad, se construyen instancias de segundo nivel como las Federaciones y Confederaciones, o de tercero o cuarto, como las Centrales Sindicales.
¿Cómo afecta al movimiento este modelo?
Genera una debilidad sindical congénita que se expresa, entre otras manifestaciones, en demandas paternalista de los trabajadores hacia el Estado. Ellos esperan que todos los problemas sean solucionados vía leyes. Es un modelo de regulación del conflicto con intermediación del mundo político, particularmente los partidos y los gobiernos, para efectos de mantener encausado el conflicto social”.
A la hiperfragmentación del movimiento sindical resultante del Plan Laboral de 1979 y sostenido a través del Código del Trabajo vigente hasta hoy, Feres suma la emergencia de nuevos paradigmas que, en décadas recientes, redefinieron el mundo del trabajo. “Algunos poco claros –dice- porque responden a una gestión neoliberal de la globalización. Otros más sustantivos, vinculados a la revolución tecnológica e informacional, que implica cambios en las formas de hacer el trabajo, en su organización o en el tipo de trabajos disponibles”.
-¿A su juicio el sindicalismo chileno no se adecuó oportunamente al cambio que introdujo la globalización?
Requirió su tiempo para entender procesos impuestos por otros y que no respondían a las claves de los modelos sindicales conocidos. Ocurrió en todos los países del mundo, pero particularmente en aquellos en que el Estado se abstuvo en la regulación y fortalecimiento de los actores sociales. El mayor ejemplo de cuanto incide una actitud estatal proactiva hacia los sindicatos es Uruguay, que pasó de un 14% de cobertura de negociación colectiva a un 90% por la acción del Estado, con reinstalación de los Consejos de Salarios, a partir del triunfo del Frente Amplio, liderado por el presidente José Mujica. En el caso de Brasil, si bien nace como un sindicalismo propio del fascismo en los años ’40, hoy es un sindicalismo sectorial, ramal y con base geográfica. O Argentina, donde tienen su estructura básica en la rama o el sector, con independencia de que existan allí formas flexibilizadoras o adaptativas en función de realidades concretas.
¿Qué rol asumió el Estado chileno en estos procesos?
El rol del Estado en la recuperación del derecho al trabajo y la centralidad del trabajo en la vida social de las personas, en la realización y la sociabilidad de los individuos y aún en el sentido de la utilidad de la propia vida, salió del debate político. El trabajo pasó a ser empleo y la prioridad fue… generar empleo, sin importar su tipo o calidad. Ese fue el tema en los gobiernos de la Concertación. Todas las soluciones a conflictos específicos o demandas colectivas en este período “circunvalan”, la regulación de lo que llamamos “el mercado del trabajo”.
¿Critica la calidad de las soluciones ofrecidas a las demandas laborales?
La solución son más leyes y más leyes. Y mientras más sean, más probable es que se cumplan a medias o sean más flexibilizadoras, o abiertamente inoperantes, como la Ley de Igualdad de Remuneraciones entre Hombres y Mujeres. Uno sabía al escuchar el debate parlamentario y observar como salió el proyecto, que esa propuesta no tenía destino.
Durante 20 años de gobiernos democráticos, y que decir con el actual, se desperfiló todo lo que tuviera que ver con el fortalecimiento de actores sociales, los dirigentes sindicales eran aceptados muy tangencialmente, subyaciendo siempre un juicio peyorativo sobre su representatividad. Basta constatar, entre otra multiplicidad de actitudes y políticas, quiénes destacaban en las comitivas que acompañaban a los presidentes en sus viajes al extranjero, para identificar las prioridades gubernamentales. Eran preferentemente empresarios. Todo lo que fuera a dar señales de la centralidad del mundo del trabajo en los logros del país fue descuidado, postergado, o simplemente ignorado.
¿Qué rol ha jugado la Dirección del Trabajo en el proceso que describe?
Se intentó instalar el tema de que existen algunos derechos básicos de los trabajadores, una cierta conciencia pública. Pero no se han trabajado con seriedad otros, como la penalización de las infracciones por parte de las empresas. Las multas pecuniarias, en particular para los grandes holding, son un costo predecible, que incluso se provisiona en el presupuesto anual. Pero en casos de accidentes del trabajo –como por ejemplo fueron los casos de las minas San José o San Esteban- lo que corresponde es meter presos a los empresarios responsables. No existen sanciones penales para infracciones de ese tipo. Sólo una vez un Tribunal, en La Serena, condenó a prisión a unos empresarios por fraude, tras la apropiación indebida de las cotizaciones de los trabajadores. Pero la causa llegó sólo a la Corte de Apelaciones de La Serena, porque la Corte Suprema dejó sin efecto la medida.
REDISTRIBUCIÓN DEL PODER
Respecto al nuevo período de gobierno es optimista, en particular por cambios que observa en el movimiento sindical, al cual hoy percibe como: “Mucho más político. No sólo discute la contingencia laboral, se asume al trabajo como un eje de la condición de ciudadanía. Es un cambio que aparece con claridad a nivel mundial y latinoamericano. Ya no se debaten sólo reivindicaciones específicas vinculadas al puesto de trabajo o la justicia del ingreso. El sindicalismo actual es un actor democrático que plantea y demanda el tema de la redistribución del poder en la sociedad.
¿Qué expectativas tiene sobre la administración que se inicia con la Nueva Mayoría?
Quiero creer que se abren posibilidades; si bien asumo que los empleadores están más dispuestos a dar plata que derechos. Se abre un camino en que los sindicalistas empiezan debates complejos, tras treinta años o más pegados en un discurso monocorde, sin debates en lo ideológico y lo cultural. Ese es el mayor desafío para el movimiento sindical en el próximo período. ¿Cómo logra la capacidad de sumar y sumarse a otros movimientos sociales? ¿Cómo entiende que no pierde identidad si agrega otras identidades y actores a su lucha?
No olvidemos que este movimiento sindical tiene en su base sindicatos con una media de 47 trabajadores por organización. Cuando yo cuento esto en otros países de América Latina u otros continentes, no lo pueden creer y preguntan lo obvio ¿Qué eficacia pueden tener sindicatos con un número tan restringido de asociados?”
¿Prevé un escenario conflictivo para el nuevo gobierno en lo laboral?
Los dos actores más fuertes de los conflictos que vienen son, en el ámbito privado, los contratistas. Y el sector público a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque a pesar de ser cada vez más pequeño, dispone de una experiencia histórica que los lleva a fortalecerse, precisamente porque no cuentan con una regulación pseudo protectora. Su fortaleza no se las da la Ley, depende de su unidad, de su propia capacidad de lucha. Respecto a los sectores de trabajadores contratistas, aquí son previsibles conflictos porque son muchos, cada vez más, y tienen muy poco que perder.
Otro ámbito al que pondría atención son los sectores de punta en la economía. Me refiero a la minería y los forestales. No obstante, creo que habrá conflictos de desigual intensidad, en todos los sectores de la actividad económica.