NOTICIA: La solicitud que presentó el Fiscal de Diego de Almagro, Julio Artigas, fue rechazada este lunes y además agregó 60 días para que continúe la investigación.
[Diego de Almagro, 02 de octubre de 2017] Este lunes 2 de octubre, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro rechazó la solicitud de no perseverar, en el caso del asesinato de Nelson Quichillao López, presentada por el Fiscal de Diego de Almagro, Julio Artigas. Además, el tribunal amplió la investigación por 60 días para que se realicen las diligencias que, a juicio de las partes querellantes, aún faltan para esclarecer este crimen.
Desde muy temprano, dirigentes sindicales y trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), en conjunto con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto al Alcalde, Isaías Zavala, el Concejal Juan Pablo Astudillo y distintos dirigentes sindicales y sociales de El Salvador y Diego de Almagro, realizaron una manifestación pacífica en el frontis del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro en contra de la solicitud de no perseverar, exigiendo verdad y justicia por este cobarde asesinato.
La Directora Nacional y encargada de Género de la CTC, Stephanie González, estuvo presente en la audiencia, una vez terminada dijo que “se pudo dar a conocer las peticiones de nuestra parte, la querellante. El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en conjunto con el abogado de la CTC, solicitaron los audios telefónicos de quien habría dado las ordenes a carabineros y pidieron más imágenes de cámaras del municipio y de la mandante Codelco Chile”.
“Lamentablemente la Fiscalía sigue con el mismo vago discurso de que fue en defensa propia y que se agotaron las diligencias del caso y que el proyectil rebotó en la estructura de una maquinaría causando la muerte a nuestro compañero Quichillao. Con todas las declaraciones, de los trabajadores que estaban en el lugar donde fue asesinado Nelson, se sabe que este discurso no es real. Por su parte, el juez encuentra que es de suma importancia las nuevas diligencias, las grabaciones tanto de audio, de video y las llamadas telefónicas, dando 60 días más a la investigación”, enfatizó Stephanie González.
Luis Inostroza, abogado de la CTC, sostuvo que “hoy tuvimos la audiencia de no perseverar y reapertura de la investigación, por nuestra parte hicimos la solicitud de reapertura basándonos en algunas diligencias que hasta el día hoy no se habían realizado por parte de la fiscalía, a lo que accedió el Ministerio Público, no se opuso a la reapertura y en definitiva se logró reabrir la investigación por 60 días más para realizar las diligencias nuestras, así como también las que estaban pendiente por parte del INDH. Dentro de las nuestras la primordial es aquella que dice relación con el sumario administrativo que nunca llegó a la Fiscalía y que se inició a propósito de los hechos de aquel día, espero pronto que pueda llegar el resultado de esa diligencia y también se cite a declarar al funcionario de carabineros que efectuó el disparo que hirió de muerte a Nelson”.
“Por lo mismo, la idea es poder obtener que se cumplan esas diligencias dentro del menor plazo posible a fin de que el Ministerio Público cambie de opinión respecto al curso de la investigación y en definitiva podamos ir a juicio oral”, enfatizó el abogado.
En tanto, Ana Lamas, Secretaria General y Directora Nacional de la CTC, señaló que “lo que sucedió el 24 de julio de 2015 en El Salvador, no fue otra cosa que un asesinato. Nuestro compañero Nelson fue baleado, y la bala fue disparada por un carabinero. Fuerzas Especiales (FF.EE) atacó a los trabajadores en paro, en una emboscada, clandestina, de noche, planificada y con armas de fuego. Por lo tanto, lo que hubo ahí fue un crimen y no un accidente casual. Para nuestra organización, la decisión de la Fiscalía de “no perseverar” no es otra cosa que la denegación de justicia, y eso sólo conduce a la más absoluta impunidad. Aquí estamos en presencia de uno más, en la larga lista de casos de trabajadores asesinados por un organismo del Estado. La historia de las luchas sindicales en Chile se sigue tiñiendo de sangre, y el Estado no asume su responsabilidad”.
