[Santiago, 29 de marzo de 2018] Nelson Quichillao  falleció el 24 de julio 2015, “producto del impacto de una bala disparada por un miembro de Fuerzas Especiales de Carabineros (FFEE), quienes  estaban reprimiendo brutalmente la movilización de los trabajadores de la División El Salvador de Codelco, la que estaban llevando a cabo en el contexto de la huelga nacional que declararon ante la negativa de la empresa a renegociar el Acuerdo Marco que correspondía a ese año”, contaron desde la CUT.

El fiscal a cargo de la causa, ya en octubre del año pasado había presentado la misma solicitud al Tribunal, oportunidad en la que fue rechazada. Sin embargo, en esta ocasión cerró el caso, dejando impune la muerte de Quichillao, sin formalización del autor de los disparos –el funcionario de Carabineros Marco Guerrero- al acogerse la tesis de que Carabineros actuó en defensa propia, “eludiendo de esta forma no solo la responsabilidad material sino también la responsabilidad de orden de mando”, afirmaron desde la central. Quichillao se desempeñaba como maestro minero en la mina El Salvador, prestando servicios a la empresa contratista de Codelco, Geovita.

“Condenamos y lamentamos profundamente que este tribunal haya acogido la postura del fiscal de no dar continuidad al proceso, más aun cuando los contundentes antecedentes acreditan que fue un funcionario de Carabineros quien disparó a Nelson. Esta resolución judicial, es un lamentable triunfo de la impunidad”, dijo la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, enfatizando que este fallo pone en tela de juicio al Poder Judicial ya que no se están generando todas las instancia necesarias “para que exista una real justica, la que permita que nadie más muera o sea reprimido en una legítima movilización en defensa de sus derechos”.

Señaló que se sumarán a todas las acciones, tanto a nivel nacional como internacional para “buscar la necesaria justicia plena”, en conjunto con la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) para así se establezca judicialmente la responsabilidad del autor de este crimen.

En tanto la CTC, a través de un comunicado público,  calificó de “inmoral y de extrema gravedad el manto de impunidad” con el que se cierra la investigación. Además, anunció que están evaluando “los pasos a seguir, tanto jurídicos como los que consideremos necesarios. En lo inmediato, estamos realizando las gestiones para exponer, a la brevedad, el caso en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, exigiendo no solo las responsabilidades materiales de FFEE de Carabineros, sino también “responsabilidades políticas en la emboscada criminal realizada en contra de los trabajadores movilizados por nuestras demanda, el 24 de julio 2015”.

Resaltó que  “Nelson no puede ser uno más de los trabajadores asesinados impunemente. Nelson es nuestro compañero, uno de nosotros que luchaba ese día por la dignidad, por una vida mejor para nuestras familias y por nuestros derechos. La demanda de justicia para Nelson, es una exigencia de todos los trabajadores chilenos”.

Cabe recordar que la CTC, ha realizado diversas diligencias en búsqueda de justicia, por ejemplo, en diciembre del 2015 en conjunto con la CUT, interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la ciudad de Ginebra denunciado “la violación a la libertad sindical que se vive en nuestro país, señalando que el Estado a través de sus diversos órganos, ha transgredido gravemente tal derecho humano, por intermedio de sistemáticas prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales de miles de trabajadores en el proceso de renovación, ampliación y mejoramiento del Acuerdo Marco firmado en 2007”. La OIT, en su respuesta, instó  al gobierno chileno  “a que lo mantenga debidamente informado del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo y a que vele porque los autores de ese crimen sean llevados ante la justicia y el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso”.

La CUT emplazó también en esta oportunidad, al director General de Carabineros,  Hermes Soto, “a que tome cartas en este caso y que revise la situación del sargento Marco Guerrero;  hoy, funcionario activo de la Primera Comisaría Norte de Playa Ancha de Valparaíso, ya que se requiere revisar el accionar de los funcionarios de su institución y el cómo actúan en estos procedimientos que ponen en tela de juicio el deber principal que tienen, que es proteger a la ciudadanía”.

Finalmente, la Central formuló un llamado  a todas los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones afiliadas a  mantener la memoria de Nelson Quichillao “como un símbolo de movilización por la necesidad de justicia y derechos laborales para los trabajadores de nuestra patria”.