OPINIÓN: Catalina Rojas B. Integrante del Directorio Nacional de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, miembro de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT y dirigenta de la Federación de Trabajadores a Honorarios Teresa Flores y del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central.
El pasado 18 de octubre del 2019, luego de un sinnúmero de evasiones convocadas por las y los estudiantes secundarios, se inició un alzamiento popular sin precedentes en los últimos treinta años, que, si bien aparece como un hecho espontáneo, en realidad responde a un ciclo abierto de lucha y acumulación de experiencia organizativa desde los diferentes sectores, principalmente el estudiantil, sindical, mapuche, de lucha por la vivienda, feminista y socioambiental. La diferencia y particularidad de esta revuelta es el levantamiento de un pueblo en su conjunto, ya no parcializado, ni por demandas específicas, sino más bien por una lucha integral provocada por el hastío frente a décadas de abuso, evidenciando la caducidad del modelo neoliberal instaurado por la fuerza en la dictadura cívico militar de Pinochet y los “Chicago boys”.
Este alzamiento encuentra su origen en demandas por mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo, es decir, demandas materiales como lo es el sueldo mínimo, las luchas por disminuir las horas de trabajo semanal, las pensiones, el acceso y cobertura de derechos sociales básicos como salud, educación y vivienda. Por lo tanto, es un alzamiento que evidencia con claridad la existencia de clases sociales y sus contradicciones, contraviniendo lo que economistas e intelectuales pos-modernos y liberales han querido tapar bajo el argumento de que es una lectura caduca de la sociedad actual.
Estos meses han reinstalado la justeza de las luchas por demandas fundamentales, y permitió volver a comprobar que solo la lucha trae victorias. Frente a este escenario, en donde se supera el individualismo en el que el capitalismo nos tenía sumergidos, la clase en el poder buscó diversas formas de contrarrestar la lucha que semana a semana demostraba que no pensaba finalizar. Fue así como no dudo desde el primer día en apostar a la represión y persecución por medio de fuerzas armadas y de orden. También intentó dividir instalando el enemigo al interior de la misma clase, fomentando un fallido levantamiento de “chalecos amarillos”. También impulsó una famélica agenda social, que no logró embaucar ni cooptar los sueños de un pueblo que hoy despierta.
En esos fallidos intentos, fue posible identificar un bloque en el poder dividido, desordenado y carente de iniciativa. Sin embargo, aparece una nueva estrategia de institucionalización del conflicto en donde la casta política termina por alinearse sin distinciones: desde la derecha conservadora y recalcitrante de Kast, hasta el progresismo liberal de Boric, firmaron y aprobaron el llamado “pacto social por la paz”, que no representa más que el ejercicio de la clase dominante de ponerse de acuerdo para reestablecer el orden y relegitimar la democracia burguesa.
El proceso constituyente surgido del pacto social por la paz de las y los ricos, en resumen, nos invita a un plebiscito en abril en donde debemos votar si queremos o no una nueva constitución. A su vez, debemos escoger entre una “convención mixta”, instancia de mitad congresistas y mitad ciudadanos(as) electos(as) que redactarán la nueva carta magna, o por una “convención constitucional”, compuesta por 155 ciudadanos(as) electos(as)para dicho proceso. Por último, el proceso debiese cerrarse con un plebiscito de salida para la aprobación o rechazo de la propuesta realizada.
La convención constitucional es, en definitiva, una asamblea constituyente con otro nombre ya que el total de sus miembros surgen de la ciudadanía. Asumiéndolo así, los debates surgidos en este ámbito son en torno a las formas que adquiere el proceso en sí mismo, no así su fondo. La convención constitucional es un eufemismo de asamblea constituyente, quizás porque los sectores más conservadores no quisieron denominarla como tal. Sin embargo, desde el pueblo no podemos dejar engañarnos, y creer que la lucha correcta es demandar una asamblea constituyente, porque en términos objetivos esa es la opción que nos imponen en este modelo, pero con otro nombre. Asimismo, aunque se lograra la asamblea constituyente más democrática y participativa, no lograríamos cambios sustanciales, los que, además, pueden ser pasados a llevar como ha sucedido en países como Bolivia en la actualidad.
Por otro lado, es importante clarificar algunas cosas. Actualmente la Constitución define el derecho a la propiedad, principio fundante del sistema capitalista que permite la privatización y mercantilización de recursos, de tierras, de derechos sociales como educación y salud. ¿Realmente será posible eliminar esto de la Constitución en este proceso? La respuesta categórica es no. Y la argumentación es bien simple, hoy, quienes detentan el poder son una clase que se ha fundado en la propiedad privada y defenderá este principio de todas las formas posibles. La clase trabajadora, desposeída de este derecho, no tiene el poder hoy, y aspira a acabar con la propiedad privada y apostar por socializar los medios de producción. Sin embargo, esto implica la transformación estructural de la sociedad actual, y sólo será posible cuando la clase trabajadora tenga la fuerza necesaria para conquistar el poder.
La discusión sobre la constitución se transforma en una salida astuta de parte de la burguesía, pues al ser una demanda con un carácter político relevante para el pueblo (acabar con la constitución creada por el dictador), se logra aplacar un movimiento cuyas demandas de origen ponen en tensión el modelo de acumulación capitalista. Ante esta situación, la salida para las y los clasistas debe ser la denuncia del fraude que es el proceso constituyente creado para desviarnos de nuestras luchas y validar su sistema corrupto y desigual, tal cual como lo hicieron en el pacto por la democracia para acabar con una dictadura y profundizar todo lo que aquella instaló. Asimismo, debemos reimpulsar y reinstalar con fuerza todas las demandas que llevaron a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo a alzarse contra este sistema injusto, y mantener viva la movilización, entre ellas, se encuentra la lucha por acabar con el código laboral patronal.
Se torna fundamental que los esfuerzos desde los sectores clasistas y las organizaciones populares, sindicales y políticas se vuelquen en agrupar la fuerza social existente y evidenciada en la actualidad, construyendo organización y articulación de los sectores en lucha, bajo un proyecto político común que nos encamine a la construcción de poder popular, camino necesario para alcanzar una vida digna para el conjunto del pueblo.
