NOTICIA: El objetivo de la reunión fue dar a conocer la delicada situación que están viviendo reclusos y funcionarios de la cárcel Santiago Uno. Esto producto de los trabajos que se están realizando para mejorar las cañerías de agua. Los diputados de la comisión de derechos humanos comprometieron todo su apoyo.
[Santiago 23 de enero 2014] El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Oscar Benavides, en compañía de su directiva llegaron, el pasado miércoles, hasta el congreso nacional. En la reunión se hizo presente que el pasado el 17 de enero, se presentó un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de los reclusos del establecimiento penal y de los funcionarios que allí trabajan, por motivo de la “emergencia sanitaria” (como ellos la califican) que se está viviendo en la Cárcel Santiago Uno.
Todo esto es debido a unos supuestos arreglos que se estarían realizando hace un tiempo atrás en la matriz de agua de la cárcel, por lo que en algunos momentos del día el penal estaría sin suministro de agua potable.
“Esta medida se viene aplicando de noviembre del año pasado y la justificación es que se están realizando reparaciones en las redes de agua. Nosotros verificamos que efectivamente se están realizando estos trabajos, pero constatamos que el corte de agua es parte de una política de funcionamiento de la empresa Compass Group, encargada de los servicios básicos”. Señalaba Oscar Benavides, presidente de la ANUP, quien además argumentó que “a las altas temperaturas del verano se suma ahora la irracional medida adoptada por la empresa, generando una serie de situaciones que atentan directamente contra la dignidad de las personas recluidas a quienes se priva del vital elementos por lapsos que fluctúan entre las 13 a 16 horas diarias”.
Pero este problema también ha traído otras consecuencias, como por ejemplo las dificultades que hay en los procedimientos de preparación y manipulación de alimentos al interior de recinto, y el normal funcionamiento del hospital penitenciario que está dentro del penal Santiago Uno.
Oscar Benavides también apuntó sus dardos contra la empresa encargada de los trabajos. “Es oportuno de realizar una profunda revisión de las bases del proceso de licitación y los servicios prestados por las empresas concesionarias, asistiéndonos la plena convicción de que este sistema ha fracasado y que su alto costo monetario lo pagan todos los contribuyentes de nuestro país”.
Finalizando la cita con La Comisión de Derechos Humanos, los diputados acordaron hacerse cargo de los antecedentes y hacerlos presentes al Ministro (S) de Justicia, Juan Ignacio Piña, con el objetivo de buscar una solución inmediata a la situación. Según declaró el Diputado Tucapel Jiménez “la situación es efectiva, e indicó que pedirán explicaciones al ministerio por esta situación indebida”.
