NOTICIA: El Servicio Civil, institución que emitió el instructivo, anunció que pedirá el órgano fiscalizador que reconsidere su decisión
[Santiago, 12 de junio de 2020] El regreso gradual de los trabajadores públicos a sus lugares de trabajo ha sido un tema conflictivo en estos tiempos de crisis sanitaria donde la principal recomendación es, si es posible, trabajar desde los hogares. El Servicio Civil, institución que tiene como tarea contribuir con la modernización del Estado a través de políticas públicas, fue el encargado de emitir el instructivo de retorno de los funcionarios públicos a sus trabajos.
Este hecho generó la molestia de los trabajadores públicos, quienes a través de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que revisara esta situación. Finalmente, el ente fiscalizador se pronunció al respecto en el dictamen número 9.762, donde señala que el instructivo dictado por el Servicio Nacional es ilegal ya que dicha institución no tiene las atribuciones para emitir esas instrucciones.
Este dictamen de la Contraloría fue celebrado por la presidenta nacional de la AJUNJI, Silvia Silva, quien señala que lo dicho por la institución fiscalizadora “nos ha dado un respiro, puesto que este gobierno, de manera irresponsable, desde el día 1 en que esta pandemia nos ha azotado, ha intentado por todas las vías mantener a los funcionarios públicos, en un acto criminal, en sus lugares de trabajo de manera presencial. Porque en este sentido el haber podido lograr que la Contraloría sacara este dictamen en favor de los funcionarios públicos, para nosotros fue una tremenda victoria, más aún, cuando este incluye a todos los trabajadores públicos que hoy trabajamos en el Estado”.
Desde la asociación de trabajadores de la Junji indicaron que esta resolución les da esperanza y un respiro, para poder resguardar la vida de los trabajadores. Agregan además que, con este dictamen, queda establecido que no es el Servicio Civil el que tiene que establecer criterios o el que tiene que instruir a los jefes de servicio en la forma o modalidad en que los funcionarios públicos tienen que estar en sus lugares de trabajo de manera presencial; si no que es una tarea que recae en los jefes de servicios.
De todas formas, el Servicio Civil pidió a la Contraloría reconsiderar el dictamen, algo que los trabajadores esperan que no suceda, ya que como indicó Silvia Silva, presidenta de Ajunji, “esperamos que el dictamen se haga carne y que el Servicio Civil se limite a lo que está mandatado a realizar, y no a intentar pasar por sobre las institucionalidades de cada una de las reparticiones públicas, estableciendo criterios u oficializando documentos en los que no tienen injerencia y no les corresponde. Lo que esperamos hoy es que los jefes de servicio apuesten por la vida de los trabajadores, que hay tiene que ser lo más importante, como una política de Estado, no tan sólo como una responsabilidad que le quede a cada una de las autoridades de las distintas reparticiones públicas”.
