El descenso en el número de huelgas fue explicado por Pablo Pérez, investigador  y  uno de los autores del informe, quien aludió a una mezcla de elementos que se constataron en un escenario que cambió producto de la reforma laboral de Michelle Bachelet. Señaló que los cambios respecto a la definición de los servicios mínimos -requisito para la negociación colectiva con la venia de la Dirección del Trabajo- “podría haber generado un escenario de incertidumbre entre los actores y, por lo tanto, se podría haber traducido en una menor propensión a la realización de actividades huelguísticas de parte de los sindicatos”.

Desde el lado de los empresarios, explicó que una vez que se asumió la pérdida legal de la batalla del reemplazo en huelga, hubo una orientación de los “esfuerzos a agrandar el concepto de los servicios mínimos para que en la práctica la legislación termine siendo lo mismo que antes”.

Los investigadores del informe indicaron además  que las huelgas legales descendieron 22,3% (101); y las llamadas extra legales -es decir, que no responden al Código del Trabajo- lo hicieron en 13,8% (168). Mientras las primeras involucraron un promedio de 163 trabajadores cada 100 mil ocupados, lo que implicó un alza de 28,5%; las segundas abarcaron 172, 30,7% más que el año anterior. Al igual que en años anteriores, las huelgas fueron eminentemente pacíficas tanto en el ámbito público -donde el petitorio lo concentraron aspectos de carácter organizacional-; como el privado, donde las demandas esenciales siguen siendo salariales. Por otro lado, en el mundo privado existe la predominancia de los conflictos en la gran empresa, que fue el escenario del 73,5% de las huelgas.

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Fuente: Diario Financiero.