REPORTAJE: La cobertura que tiene la  negociación en Chile alcanza un 10%, muy lejos del 90% de Uruguay, por ejemplo. Con estas condiciones, ¿los trabajadores pueden sacar adelante proyectos que los favorezcan a todos? ¿Habría sido posible alcanzar un monto más alto para el salario mínimo?

Por Paula Ampuero y Fernanda Castex

El derecho a la sindicalización está escrito en la Constitución y en el artículo 19 queda estipulado que la afiliación es voluntaria. En Sindical.cl, entonces, nos preguntamos por qué estos números no son más altos y cuáles son las soluciones que la administración de Bachelet busca implementar para fortalecer a los trabajadores y las relaciones con el empleador.

En Chile el 14,2% de los trabajadores está sindicalizado, según cifras de la Dirección del Trabajo, mientras que entre los países de la OCDE, el promedio es de un 30%. De acuerdo a datos entregados por la Biblioteca del Congreso Nacional, el peak de trabajadores sindicalizados fue en 1992 llegando a un 15,1%.

Este año, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para aumentar el sueldo mínimo a $250.000 para el año 2016. Según voces como la de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco; expertos de centros de investigación (como la Fundación Sol, Libertad y Desarrollo, Cenda y otros) y los mismos trabajadores, la clave para alcanzar un salario mínimo justo está en una negociación colectiva potente y estable. Sin embargo, las cifras no acompañan este enunciado, y cabe preguntarse: ¿Qué pasa con las herramientas de negociación que tienen los trabajadores chilenos?

Los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet no estuvieron exentos de polémica y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social no fue la excepción. Con controversiales reformas en varias carteras, la de Javiera Blanco se destacó por proyectos como AFP estatal, el acuerdo de salario mínimo, Multirut, ley corta de puertos, entre otros.

Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas han sido cuestionadas por los mismos trabajadores, que señalaron que, “no solucionan los problemas de fondo”. Michelle Bachelet, en el portal de noticias del Gobierno, dijo que la AFP Estatal: “representa un avance relevante, porque se ocupará preferentemente de aquellas personas que no son prioritarias para las AFP: trabajadores independientes, los de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”, haciendo frente a las críticas.

Ahora, para el segundo semestre se anuncian reformas que buscan mejorar de manera profunda la sindicalización en Chile. La ministra Javiera Blanco comentó en la Conferencia de Ginebra de la OIT (hace un par de meses), que buscará reforzar la negociación colectiva, además de la titularidad sindical dentro de una empresa y la eliminación del reemplazo en huelga. Todas estas medidas están pensadas para ser presentadas en octubre de este año.

Salario Mínimo

Se habla de este término en Chile desde 1990 cuando se ratificó el Convenio 131 de la OIT, en el que se habla sobre cómo se ajusta el piso salarial de los trabajadores. En el documento se establecen una serie de criterios para su fijación, entre los que destaca que se debe tener en cuenta: “las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales”, según su tercer artículo.

Por esto cabe preguntarse, ¿en Chile se cumple con este convenio a 14 años de su firma? En la última negociación sobre el salario mínimo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), llegó a un acuerdo con el Gobierno, en aumentarlo a $250 mil, pero de forma parcelada. Este año $225 mil, el próximo $241 mil y recién para el año 2016 alcanzar los $250 mil.

Hugo Fazio, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), de tendencia comunista, dijo que, “el salario mínimo que se fijó está todavía bajo los niveles de la línea de pobreza, y creo que un claro desafío que tiene planteado Chile es ser capaz de resolver, en un plazo breve, que este piso salarial esté de esta línea hacia arriba. Y es que no puedes colocar un sueldo mínimo que no permita satisfacer los problemas de subsistencia de las personas”.

Este acuerdo fue muy cuestionado por las otras centrales de trabajadores y por algunos expertos, pero ¿la CUT estaba en condiciones para poder negociar algo mejor? El investigador Sebastián Osorio, del Centro de Investigación  Político Social del Trabajo (CIPSTRA), desde una izquierda más radical, señaló que “en el fondo el salario refleja el poder de los sindicatos y quizás la CUT por sí sola no pudo haber negociado algo mejor. Además, al aceptar este acuerdo, ha hipotecado un poco la fortaleza que podía tener y se ha visto debilitada; esta es una CUT que representa a mucho menos trabajadores que antes”.

La actual legislación chilena sigue permitiendo vicios a nivel sindical que las empresas continúan aprovechando. Algunos de ellos son la posibilidad de crear diversos sindicatos, que en ocasiones actúan sin pensar en el colectivo de los trabajadores. Otro hecho es el traspaso de los beneficios ganados por quienes están inscritos al resto de los funcionarios de una empresa sin que ellos hayan sacrificado su esfuerzo y horas de trabajo para conseguirlos, cuestión que desincentiva la inscripción a los sindicatos, pues estén en ellos o no, de todas maneras se beneficiarán, señaló Osorio.

Negociación Colectiva

La débil legislación en materia de negociación colectiva está condicionando fuertemente al mundo sindical. De hecho, el panorama chileno dista mucho del resto de Latinoamérica, teniendo una cobertura en la negociación de un 10%, en tanto que en otros países como Uruguay, se está llegando casi al 100% y en Argentina al 60%, según datos de la oficina de Perú de la OIT.

Uno de los puntos más potentes que se abordará durante este segundo semestre será los pisos mínimos de negociación. Esta situación tiene que ver con el acceso a información actualizada y transparente en términos financieros y contables. También se revisarán los temas de formación, lo que se traduce en una profesionalización mayor del mundo sindical, según informaron desde el ejecutivo.

Javiera Blanco, en una entrevista a La Tercera dijo: “Si tuviéramos procesos de negociación colectiva potentes, el salario mínimo no sería el centro del huracán. Como país no nos interesa tener a una gran parte de los trabajadores ganando un salario mínimo; lo que nos interesa es que ojalá tengan la mejor contraprestación económica”.

Además, la ministra asegura que la principal herramienta para lograr un salario justo es precisamente una negociación colectiva fortalecida. “Hemos tomado el compromiso de avanzar en esta reforma laboral, porque esperamos que la negociación colectiva sea el instrumento más poderoso que tengan los trabajadores para negociar su salario”, dijo la funcionaria de Gobierno.

Desde la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, presidente, señaló durante la escuela Sindical Manuel Bustos Huerta que: “el meollo de la reforma laboral apunta a fortalecer la organización sindical y la Negociación Colectiva. Ya se ha dado un paso importante con la eliminación del multirut, que había sido postergado por muchos años y que provocaba muchas prácticas antisindicales, debilitando la organización de los trabajadores”, sostuvo.

Pero Marco Kremerman, de la Fundación Sol, agrega al debate que “hay que ver con mucha atención los proyectos de escuela sindical que está planteando el Gobierno, los fondos concursables para ello, porque no vaya a ser que reproduzcan la misma lógica que existe hasta el momento en la que el sindicato se transforma en un espacio solamente de negocio a beneficio de ellos mismos, pero no se está pensando a nivel país que, en definitiva, es lo más importante”.

Fin de reemplazo a huelga

Durante la Conferencia de la OIT en Ginebra, la ministra del Trabajo anunció que daría fin al reemplazo en caso de huelga. “Vamos a enmendar esta anomalía, no sólo por coherencia normativa, sino porque se trata de un tema de justicia, ya que una huelga con reemplazo de trabajadores tiene mínimas posibilidades de ser efectiva como elemento de contrapeso al momento de negociar”, dijo la secretaria de Estado ante la OIT.

Actualmente, el código laboral permite el reemplazo de los trabajadores durante una huelga siempre y cuando la última oferta contenga estipulaciones idénticas a las contenidas en el contrato colectivo vigente reajustado según IPC en el período entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de su vigencia. Además, el empleador debe establecer una reajustabilidad mínima anual según IPC para el período del contrato excluidos los 12 últimos meses; la oferta tiene que ser entregada a los trabajadores y a la Inspección del Trabajo con una anticipación mínima de dos días al plazo de 5 que disponen los trabajadores para pronunciarse sobre la huelga. Por último, la empresa debe pagar al sindicato una multa que corresponde a 4 UF por persona que se esté reemplazando.

En la OIT, los empleadores elogiaron el sistema actual de Chile, mientras que la ministra Blanco señaló que el país está al debe con el convenio 87 de la organización, el que protege la libertad sindical y el derecho de sindicación. Segundo Steilen, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo al respecto: “que se termine el reemplazo en huelga, para nosotros es clave para nivelar la cancha. En ningún país del mundo se permite el reemplazo en huelga y en Chile sí”.

Aunque hay que hacer una salvedad, pues Chile no es el único país que permite el reemplazo en caso de huelga, también lo hacen en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. “Si bien, ellos tienen el reemplazo, este es una anomalía. Porque la huelga es un recurso extremo de los sindicatos, y si hay reemplazo, ésta se convierte sólo en algo nominal”, señaló Ignacio Walker.

El investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, sostuvo que este no es el único problema que presenta el sistema chileno. “El derecho a huelga tiene dos grandes problemas. No sólo el reemplazo, que ya es un problema en términos de legislación comparada con Latinoamérica, sino que la huelga como derecho sólo está circunscrita al espacio de la negociación colectiva, a diferencia de otros países donde los trabajadores pueden parar si es que están menoscabando sus condiciones laborales”.

Desde la derecha chilena, la opinión es diferente. La postura de Libertad y Desarrollo, -cercana a la UDI- en palabras de Cecilia Cifuentes, sobre este tema es: “Hemos propuesto que se establezca un período más largo en que se impida el reemplazo por la vía legal. Ahora, en la práctica la verdad que el reemplazo prácticamente no opera, porque para las empresas es muy complejo. Prohibirlo por ley, a nuestro juicio, le da un poder a los sindicatos que va más allá de lo razonable en términos de que simplemente pueden llevar a la quiebra a una empresa, negándose a lo que les ofrezca su empleador. En ese sentido, eliminar el reemplazo por completo no nos parece positivo”.

Titularidad sindical

Por último, otro punto destacado de la reforma laboral que pretende llevar a cabo el gobierno durante este segundo semestre, es la Titularidad Sindical. Este concepto consiste en dejar la negociación colectiva en manos del sindicato más representativo de una empresa. Javiera Blanco, explicó, en una entrevista a La Tercera, “Si no hay sindicato en una empresa, o hay dos, el cómo se define con quién negociar será parte de la ingeniería de detalle, pero el empleador se deberá entender con el sindicato más representativo”.

La ministra recordó un caso en particular que ha logrado ser exitoso: “queremos que se produzca una situación como la del Banco Estado, donde el 98% de los trabajadores están afiliados al sindicato Banco Estado. Esto no es sólo bueno para los trabajadores, sino también para los empleadores”. De esta manera, el Gobierno busca ordenar el escenario, “cómo no va a ser bueno para los empleadores entenderse con una voz cantante que representa a todo el resto de los trabajadores, en lugar de entenderse con 24 que van a tener opiniones e intereses distintos”, dijo Blanco.

Sebastián Osorio, investigador del Centro de Investigación Político Social del Trabajo (Cipstra), contó que la falta de un sindicato fortalecido, debilita la negociación colectiva. “Incluso a nivel de Latinoamérica, Chile es uno de los países que tiene las peores condiciones para hacer negociaciones colectivas y también a nivel sindical. Esto pasa porque es un problema crear un sindicato, además se pueden hacer muchos dentro de una misma empresa, lo que atomiza la organización sindical, debilitándola aún más”, dijo.

A su vez, Segundo Steilen, presidente de la UNT, también coincide en que esta medida favorecerá a los sindicatos. “Tenemos que avanzar en titularidad sindical porque quien no quiera participar del proceso de negociación colectiva no está obligado, pero el empleador tampoco está obligado a hacerle extensivos los beneficios que consiga el sindicato más representativo”, dijo el dirigente.