NOTICIA: Entre las propuestas está dar más información en empresas y sindicatos, mejorar estadísticas, con ello apoyar a la población que está en edad laboral activa y busca oportunidades de trabajo en nuestro país, según el abogado Rodrigo Azócar.

[Santiago, 25 de enero 2017] El 73,5% de la población migrante en Chile se encuentra dentro del rango laboral (18 a 65 años), sin embargo, los casos de discriminación y vulnerabilidad en el país no son aislados, con extensos horarios y ausencia de contratos, por ejemplo. En este escenario, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica publicó un estudio con una serie de propuestas para contribuir al ejercicio de los derechos laborales de los migrantes en Chile, a cargo del académico Rodrigo Azócar.

El documento plantea que para que los extranjeros gocen de sus derechos laborales no basta con una nueva legislación migratoria o el diseño de una nueva institucionalidad, sino que además se requiere avanzar en aspectos específicos.

Para Azócar existen cinco puntos claves: “Más y mejores estudios y estadísticas sobre migración laboral”, “Información sobre derechos y deberes”, “Asesoría e información a empleadores”, “Incorporar la migración laboral en el mundo sindical” y “Mayor fiscalización y acceso de los migrantes a la Dirección del Trabajo y Tribunales”, los cuales ayudarán a que entidades como ministerios y otros servicios incorporen registros e indicadores sobre el ámbito migratorio.

El académico sostuvo que “resultaría fundamental la existencia de conexión e intercambio de información entre distintas entidades, que usualmente no se toma en cuenta en los datos oficiales. Es un hecho que el acceso de los trabajadores extranjeros al contenido de sus derechos y deberes es insuficiente”.

Finalmente el abogado recalcó que “es fundamental la comunicación y conexión que puedan alcanzar ambos organismos en especial para compartir información o implementar planes de fiscalización conjunta”,

El documento aconseja que los trabajadores migrantes puedan exigir libremente el cumplimiento de sus derechos ante los organismos, procurando disminuir el temor a las represalias por acudir a ellos, es decir, el trabajador que se encuentra en situación irregular no debería arriesgarse a ser sancionado por esta condición a la hora de interponer un reclamo o denuncia ante la Inspección del Trabajo.