NOTICIA: El proyecto ingresó en junio de 2009 y permanece en primer trámite constitucional. La discusión actual se centra en si la nueva normativa afectará solo a profesionales universitarios o se ampliará a otras trabajadores.
[Valparaíso, 05 de octubre 2016] El proyecto sobre colegios profesionales, actualmente discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, espera una indicación del Ejecutivo, con el fin de aclarar quiénes serán susceptibles a la nueva normativa. Algunos parlamentarios manifestaron que esperan se amplíen los conceptos, porque hasta ahora –indican– solo apuntaría a personas con título profesional y grado de licenciado para el ejercicio de su respectiva profesión.
“Creemos que la ética no tiene exclusividad y, por ende no está exigida a ciertas profesiones, sino que esto tiene que ver con el ejercicio de cualquier actividad que tenga límites”, señaló la subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva.
Sobre la inquietud de algunos miembros de la comisión, Silva afirmó que “estamos por ampliar la idea y poder proponer que se considerare a los profesionales y técnicos, entendiendo que nuestra educación ha avanzado y que hoy existe una amplia gama de profesiones”.
En tanto, Mónica Silva, presidenta del Colegio de Sociólogos, enmarcó el debate sobre la ampliación de conceptos en la discusión por una nueva Constitución. “Esta es una ley, no es la Constitución de la República, desde esa perspectiva nosotros estamos regulando el ejercicio ético de un determinado grupo de personas, no de toda la nación. Si queremos regular el ejercicio ético de todos, tenemos que plantearnos una Constitución distinta que apunte a otra dirección”, explicó.
“Tengo la impresión de que ahora esta ley va a salir, pero tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a quienes va a cubrir y quienes van a estar efectivamente considerados como profesionales”, agregó la profesional.
El diputado Guillermo Ceroni (PPD), quien preside la comisión de Constitución de la Cámara Baja, expresó que es necesario definir quienes se verán afectados por el proyecto de ley, considerando que hay carreras que no se imparten en universidades.
Al respecto, sostuvo que “no podemos cerrarnos a que el concepto de profesional solamente abarque a aquellos que tienen las típicas profesiones clásicas y que son quienes estudian solamente en la universidad”.
“Creemos que también hay una responsabilidad del Ejecutivo, por eso queremos exigirle al gobierno le ponga la velocidad que corresponde con las facultades que tiene”, puntualizó el parlamentario.
