REPORTAJE: Trabajan sin contrato y llevan años emitiendo boletas de honorarios por sueldos discretos, con lo cual, difícilmente pueden cotizar por su cuenta para prestaciones de salud y previsionales. El cable a tierra lo tiran cuando pasan de los sueños de la universidad a la realidad del mundo laboral.

Por Felipe Menares Velásquez

“Yo quería estudiar teatro, pero mis papás querían que estudiara algo científico para poder aspirar a mejores condiciones laborales. Lamentablemente, es probable que un artista esté igual de precarizado que yo”. La conclusión es de Natalia Muñoz (30), analista químico físico de la Universidad de Santiago y fundadora del movimiento Ciencia con Contrato (CCC), que agrupa a trabajadores de las ciencias con el fin de visibilizar la precariedad laboral del sector y buscar soluciones para los cerca de 1.500 científicos que desarrollan su vida laboral boleteando.

Se trata, en su mayoría, de asistentes de investigación, lab managers y personal de apoyo técnico, que trabajan sin contrato y, por tanto, sin derechos laborales mínimos, al no estar sujetos al Código del Trabajo.

Natalia Muñoz. Fotografía de su archivo personal.

La Dirección del Trabajo señala que “las personas que prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo de manera que no les asiste ninguno de los derechos que tal normativa establece como, por ejemplo, el derecho a feriado anual, a la indemnización por años de servicio, al descanso por los días festivos, etcétera”.

Natalia lleva 9 años trabajando en la Universidad de Chile, siempre con boletas de honorarios y, por consiguiente, no tiene los beneficios de las personas contratadas por la casa de estudios. “Trabajo en la Universidad de Chile, pero no soy parte de ella. Probablemente, en Recursos Humanos ni siquiera saben que existo”, comenta.

Efectivamente, los beneficios que le corresponden a la persona que boletea serán todos aquellos que las partes hayan convenido en el contrato de prestación de servicios, de acuerdo a la explicación de la Dirección del Trabajo, entidad que tampoco tiene competencia para conocer y pronunciarse sobre los conflictos laborales derivados de dicho contrato. Esa tarea le corresponde a los Tribunales de Justicia.

Ciencia a precio de huevo

Todo el personal que secunda al investigador encargado, quien se adjudica un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), obtiene su pago por prestación de servicios a través del presupuesto que maneje el proyecto. En la práctica, la entidad que asigna estos recursos, Conicyt, es la “caja pagadora” de los asistentes de investigación.

En CCC critican el sistema de fondos concursables porque “no otorgan continuidad investigativa o laboral, lo que dificulta el desarrollo colaborativo de las ciencias y perpetúa un círculo vicioso de precarización del trabajo científico”.

Por otra parte, el problema tiene un componente presupuestario, que obliga a competir a los investigadores, en el país con mayor producción científica de la región. Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), la producción científica de Chile es la más alta de Latinoamérica, considerando la población de los países de la zona.

En 2008, desde Argentina se produjeron 7.618 artículos, en Brasil 31.903 y en Chile 4.251. Sin embargo, el ajuste de acuerdo a la población arroja que Chile alcanzó 25,3 artículos por cada 100.000 habitantes, mientras que Argentina y Brasil produjeron 19,16 y 16,18, respectivamente.

Catalina Salinas. Imagen extraída del twiiter de Ciencia con Contrato.

“Actualmente, Chile es el país latinoamericano que tiene mejor productividad científica, es decir, mayor índice de publicaciones, además del impacto que tienen. Para que con poca plata se pueda producir mucho, tiene que haber alguien que pague el pato, y en este caso somos nosotros”, comenta Catalina Salinas (28), magíster en bioquímica de la Universidad de Chile y miembro de CCC.

En las bases de Fondecyt para el año 2016, se menciona al personal técnico y/o de apoyo sólo como parte de los ítem financiables en la partida de personal. “Los honorarios para este personal sólo se asignarán cuando su participación esté claramente definida y justificada en función de los objetivos y plan de trabajo propuesto”, se lee en el documento.

Para Ciencia con Contrato, este modelo de financiamiento “confirma que la investigación científica en Chile se ha desarrollado en un marco de flexibilidad e inestabilidad laboral, utilizando mano de obra altamente califica a muy bajo costo, sin contrato de trabajo, sin cotizaciones previsionales, sin seguros contra accidentes laborales, sin cotizaciones de salud ni acceso a otros derechos propios de los trabajadores contratados, como el fuero maternal y los beneficios institucionales”.

Desde la organización agregan que este sistema de remuneración ha significado un estancamiento en el salario promedio del personal de apoyo a la investigación y que, actualmente, se encuentra por debajo de la beca CONICYT mensual que reciben los estudiantes de doctorado (alrededor de 600 mil pesos) y representa menos de un tercio del salario mensual bruto de un investigador posdoctoral financiado por Fondecyt (cerca de 1.575.000 pesos).

“Dependemos de la buena voluntad del investigador principal”

Además de los bajos sueldos, los trabajadores de las ciencias enfrentan dificultades en relación a la cobertura por accidentes laborales y al pago del subsidio pre y post natal. De acuerdo a las entrevistas realizadas para este reportaje, este tipo de situaciones se define “bajo el criterio de los jefes”, debido a la evidente desprotección y vulnerabilidad que deja el sistema de relaciones laborales del sector.

Ximena Báez. Fotografía de su archivo personal.

Ximena Báez (36) es bioquímica de la Universidad Austral de Valdivia. Desde el 2009 trabaja como asistente de investigación en el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso (CINV), ciudad a la que llegó junto a su marido, también bioquímico, quien se encontraba realizando un doctorado.

Sus funciones las cumple en un laboratorio, mismo lugar donde el 18 de noviembre sufrió una caída, cuando se resbaló en la escalera y se torció el pie. Fue al médico y le diagnosticaron esguince de tobillo. Le dijeron que el CINV se haría cargo de cubrir los gastos médicos, “pero es algo voluntario. Ellos no tienen ninguna obligación legal”, afirma.

La biotecnóloga Carolina Jerez (28), tiene 20 semanas de embarazo y trabaja hace dos años como asistente de investigación en un laboratorio de Santiago. Aun cuando boletea, como sus compañeras de Ciencia con Contrato, cumple horarios y, en la práctica, establece un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, aunque no tiene los beneficios de una persona contratada.

“Cuando quedé embarazada estaba muerta de miedo, porque pensé que me iba a quedar sin pega. Al final conversamos y llegamos a un acuerdo, porque les gusta bastante mi trabajo, entonces los jefes están dispuestos a esperarme, así me puedo ir con mi pre y posnatal”, relata.

No estaba afiliada a FONASA por más de seis meses, el sueldo tampoco alcanzaba para un plan de ISAPRE por ese período. No cotizaba desde 3 meses antes de quedar embarazada, recién comenzó a hacerlo cuando supo que lo estaba. Por tanto, no podía acceder al pago de la licencia pre y post natal.

Carolina Jerez. Fotografía de su archivo personal.

Sin embargo, Carolina dice que tiene suerte, porque puede hacer un plan complementario con su papá, por medio de un traspaso de excedentes. Además, desde que en el laboratorio supieron de su embarazo, le comenzaron a pagar las imposiciones. En este sentido, comenta “que uno apela a la buena voluntad de tus jefes, más que a los derechos”.

A esa misma voluntad se refiere Natalia Muñoz cuando relata el accidente de trayecto que sufrió el año pasado. Se devolvía a su casa en bicicleta cuando se le atravesó un hombre que, sin motivos, la atacó con un ladrillo. A pesar de estar equipada con casco, resultó herida en una de sus orejas, pero pudo reponerse y pedalear en busca de un centro médico, porque ningún taxista quería llevarla.

Estaba cerca del Museo de Bellas Artes y llegó hasta Plaza Italia, donde se encontró con una amiga que la llevó al Hospital del Trabajador. En el recinto le preguntaron dónde trabajaba y ella contestó en la Universidad de Chile. Todo estaba bien, hasta que le consultaron detalles de su situación laboral. Natalia no cotizaba y tampoco tenía un plan de salud.

“Tuve sentimientos encontrados. Primero me dio pena y luego rabia, porque uno se pregunta qué mierda pasa en este país. Lamentablemente, los sueldos en ciencias son tan bajos —en promedio 500 mil pesos brutos, es decir, 350 mil líquido aproximadamente—, que si uno se pone a cotizar, los sueldos se ven muy mermados. Es imposible llevar una vida independiente y profesional con esa plata”, comenta.

Al final, tuvo que pagar 200 mil pesos por la atención. Todo salió de su bolsillo. En el centro médico le dieron licencia, pero como cumple jornada, debía pasar por el criterio del investigador encargado, porque de lo contrario, le descontarían los días no trabajados. “Me dijeron que me quede en casa y descanse”, señala.

Los casos de las trabajadoras de las ciencias reflejan la vulnerabilidad que viven cotidianamente en el ejercicio de su profesión. Más allá del marco legal que rige a la prestación de servicios, los sueldos pasan a ser el determinante factual sobre la posibilidad de destinar parte del sueldo a prestaciones de salud y previsionales.

Catalina Salinas sigue siendo carga de su papá en una ISAPRE, a pesar que boletea hace tres años. “Cuando empecé a trabajar acá, me mudé a vivir sola. Con el monto de los sueldos, no me da para la vida independiente y pagarme las cotizaciones”.

La posibilidad que tienen los trabajadores a honorarios, desde enero de 2012, pasa por cotizar mensualmente en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o en una mutual. Si así fuera, quedarían cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo a la ley N° 16.744, que establece prestaciones económicas y médicas.

No obstante, afiliarse al ISL o a una mutual obliga a los trabajadores a honorarios a pagar mensualmente la cotización que el organismo le haya señalado de acuerdo a su actividad y, al mismo tiempo, a cotizar para pensiones, pudiendo hacerlo mensualmente.

No son las únicas

La situación que aqueja a Ximena, Carolina, Natalia y Catalina es similar a la enfrentada por los 413 trabajadores afectados que contestaron una encuesta en línea desarrollada por CCC. El sondeo se desarrolló entre noviembre de 2014 y abril de 2015 y buscaba conocer la realidad laboral del personal de apoyo que trabaja a honorarios en proyectos financiados por CONICYT.

Las mujeres representan la mayoría de la muestra (62%) y bioquímica es la carrera con el mayor porcentaje de afectados (31%). Se trata, fundamentalmente, de asistentes de investigación (68%), seguidos por personal de apoyo técnico (18%), lab managers (12%) y otros cargos (2%)

Las universidades de Chile y Católica de Santiago concentran los puestos de trabajo de la mayoría de los encuestados, con un 27 y 18 por ciento, respectivamente. Para más de la mitad de los participantes del sondeo su sueldo es menor a 500 mil pesos. Un 18% alcanza un ingreso igual o superior a 12 mil dólares anuales, “esto es un 20% menos que el ingreso promedio per capita estimado para Chile y un 14% menos que el salario mínimo en EE.UU”, señalan desde CCC.

FUENTE: Documento Base de Ciencia con Contrato, abril 2015.

El 85% aseguró trabajar con jornada completa y el 63% declaró cumplir horarios, pero apenas el 1% señaló recibir pago por horas extras. Además, los resultados indican que la totalidad del personal afectado solo tiene acceso a sistemas de salud de manera independiente, a través de sus ingresos líquidos mensuales. 43% tiene acceso a una ISAPRE y 23% lo hace en FONASA. Sin embargo, un tercio no cuenta con plan de salud.

Por otro lado, el 67% de los consultados afirma no cotizar como independiente, mientras que el tercio restante cotiza por cuenta propia. Cabe señalar que, desde este año, todos los trabajadores independientes deberán realizar cotizaciones previsionales.

Apenas un 16% cuenta con un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, mientras que un 7% dispone de seguro de invalidez y sobrevivencia. Tan solo el 20% de las mujeres que contestaron (en total eran 52) pudo acceder a alguna forma de pre y posnatal.

Quién toma la palabra

La precarización de las condiciones laborales motivó a Ciencia con Contrato a realizar acciones como la encuesta revisada más arriba. Pero además, han desarrollado foros de discusión en universidades de Santiago, Valparaíso y Concepción, “para que las nuevas generaciones sepan lo que les espera y que si nosotros no generamos cambios pronto, ellos van a estar igual de precarizados en cinco o diez años más”, recalca Natalia Muñoz.

Manifestación de CCC en la Plaza de la Constitución. 12 de noviembre.

En este esfuerzo han realizado manifestaciones públicas, como la del 12 de noviembre en la Plaza de la Constitución (VER NOTA), y se han acercado a las directivas de planteles universitarios y autoridades gubernamentales. Aun así, no han encontrado respuestas satisfactorias.

“En general, en todos los lugares a los que hemos ido, como el Ministerio de Hacienda o el mismo Conicyt, están de acuerdo en que es un problema serio, que requiere de mucha política pública, pero al final todo se queda en palabras bonitas y nada concreto”, afirma Natalia.

Por otra parte, Catalina Salinas señala que “todo el mundo se ha manifestado de acuerdo con lo que estamos planteando. En verdad, es innegable, habría que ser ciego como para decir que no es un problema. En acciones concretas no han hecho nada, solo se tiran la pelota entre ellos”.

Las profesionales coinciden en que Conicyt debería modificar sus bases, para que en ellas se estipule que debe generarse un contrato entre el personal de apoyo y la universidad o el investigador responsable.

“Es un problema estructural, que requiere políticas públicas y que, por tanto, es complicado solucionar. No podemos pretender cambiar el financiamiento de las ciencias de un día para otro, pero sí creo que hay que dar pequeños pasos, que tampoco se han dado”, comentó Natalia Muñoz.

Manifestación de CCC en la Plaza de la Constitución. 12 de noviembre.

El renunciado director de Conicyt, Francisco Brieva, declaró a la revista Qué Pasa en junio de este año que “el modelo basado en los individuos está haciendo crisis. En la medida que los modelos crecen, el individuo no es suficiente para resolver las demandas. El traje le quedó pequeño a la ciencia”.

El doctor en física de Oxford agregó que “existe el absurdo de que hay personas que llevan muchos años llegando a un laboratorio y no son parte de un registro. Eso no habla bien de las instituciones. Lo hemos dejado pasar, hay responsabilidad, si todos sabemos esto. Es una situación insostenible que hay que regular”.

Por su parte, Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, dijo al semanario de Copesa que el boleteo por años “es absolutamente ilegal, pero sucede”. Además, descartó que la Casa de Bello tenga la capacidad para tomar cartas en el asunto.

“Hay que calcular los costos y la implicancia, pero hoy no tenemos la capacidad de personal para hacernos cargo de tantos proyectos, y tenemos una serie de impedimentos: lo que un investigador compra en un día, nosotros nos demoramos treinta. Hay que buscar una solución, y aprovechar el nuevo ministerio para regular todo. Pero este modelo no es sostenible”, comentó a Qué Pasa.

La entidad a la que alude Salazar es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, emanado de la Comisión Presidencial “Ciencia para el desarrollo de Chile”, que entregó su informe en julio de 2015. No se pronuncia respecto del personal de apoyo de las labores científicas, pero, curiosamente, recomienda “fomentar la carrera de investigador dentro de las universidades, para lo cual es necesario definir adecuadamente esta categoría, así como las condiciones, funciones, institucionalidad, beneficios y obligaciones que permitan dar valor y reconocimiento a esta labor, en concordancia con estándares internacionales”.

Cable a tierra

Los testimonios de las miembros de CCC reflejan el contraste entre la promesa de la educación superior (mejores condiciones laborales, movilidad social) y la dura realidad de un sistema laboral flexibilizado. “Nadie nos dice que vamos a trabajar a honorarios, que si nos quedamos solo con la carrera de pregrado vamos a tener un sueldo mínimo”, comenta Carolina Jerez.

“Teníamos la expectativas de ser los grandes científicos, no me esperaba que el ámbito fuera tan ingrato. De hecho, tenía ganas de seguir estudiando, pero y ya no”, agrega.

Por su parte, Ximena Sáez afirma que “cuando estaba estudiando, no conocía el mundo real que había afuera, porque no te lo muestran. Siempre imaginé que hacer investigación era como cualquier trabajo normal, en donde te contratan, tienes un sueldo y estabilidad laboral. Para muchos es desilusionante y frustrante, pero por otro lado, tienes la pasión que hacer investigación”.

Catalina Salinas piensa que “casi todo el mundo que entra a bioquímica, lo hace con una idea romántica de lo que significa ser científico. En el camino te das cuenta de la realidad y para dónde va la micro realmente”.

Manifestación de CCC en la Plaza de la Constitución. 12 de noviembre.

FOTOS MANIFESTACIÓN 12 DE NOVIEMBRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN