ENTREVISTA: La Presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera del Bío Bío (FESIP) afirmó que los trabajadores que procesan peces han pasado a ser “temporeros”, ante la falta de especies en las costas chilenas.
[Valparaíso, 2 de octubre de 2013] Juana Silva lleva tres años preocupada de la crisis pesquera. Después del terremoto, esta dirigenta sindical que representa a trabajadores de empresas que procesan pescados, comenzó a notar que la producción de la pesca y sus derivados iba en baja. El jurel, anchovetas, merluzas, entre otros peces comienzan a escasear desde el 2010, y con ellos, el empleo en la industria los procesa ha mermado.
Como Presidenta de la Federación de Sindicatos de trabajadores de la Industria pesquera del Bío Bío (FESIP) y en representación de más de 1.300 afiliados, Silva ha visto cómo se han perdido cientos de puestos de trabajo y ha manifestado la necesidad de dar soluciones sociales a aquellos trabajadores que están por sobre los cuarenta años, y que les es difícil poder aprender nuevos oficios.
Este miércoles la dirigente visitó la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y volvió a platear la necesidad de aplicar políticas públicas que reorienten la carrera laboral de cientos de trabajadores de la industria pesquera que hoy se encuentran cesantes. Además, solicitó a la comisión que apresurara los trámites para que los reglamentos de la ley de Pesca que se relacionan con estas ayudan, puedan aplicarse prontamente.
En su exposición usted habló de la necesidad de aplicar los reglamentos de la ley de Pesca. ¿A qué se refiere con eso?
Esos reglamentos incluyen la plataforma social, que está insertada en la nueva ley de pesca, y que da ciertos beneficios para los trabajadores. Dentro de esos beneficios tenemos reconversión laboral, emprendimientos, capacitaciones, becas de estudios para hijos de ex trabajadores. Para que las personas que se quedan sin trabajo en la pesca puedan acceder a otros rubros. Pero hoy los fondos son muy pocos para esto, por ejemplo, en capacitación el Estado entregó 50 millones, que hay que repartir entre tres organizaciones, y hay que pensar que sólo nosotros representamos a 1.300 trabajadores, por lo que no alcanza. Eso es una burla, nos sentimos pasados a llevar.
No sabemos por qué hay tanta burocracia con los reglamentos, desde que se promulgó la ley en enero pasado.
¿Y cómo han enfrentado la crisis de la pesca en Chile?
Es complicado. Por ejemplo, en Alimar, nosotros trabajábamos una hora y elaborábamos 150 toneladas de pescados. Hoy día las plantas producen 40 ó 50 toneladas en un día. Por eso, si antes trabajábamos todo el año, ahora con suerte llegamos a tres mese. Nos hemos convertido en temporeros de la pesca. Las empresas lo que hacen es tener un pequeño grupo de trabajadores de planta y cientos de empleados más en ciertas temporadas.
Y para nosotros, los trabajadores que tenemos más de cuarenta años de edad, lo más importantes es la necesidad de una buena pensión, tal como lo tienen ex tripulantes y portuarios, los ex mineros de lota, entre otros. No tenemos facilidad para buscar empleo en otras áreas productivas, por lo que necesitamos un puente de jubilación. Para que cuando cumplamos la tercera edad, podamos sacar de nuestros fondos una jubilación digna.
¿Cómo dirigente, qué opinión le merece el cierre de una fábrica pesquera en Coquimbo?
Nos sentimos identificados con ese problema. El cierre de la fábrica de Orizon para nosotros es lamentable, y en este caso se observa que siempre las consecuencias las pagamos los trabajadores. Es una cantidad de 600 trabajadores y sus familias, que ya están cesantes, mirando qué cae del cielo, porque el Estado no se hace cargo de nada. Este es un antecedente grave, porque los trabajadores del Bío Bío estamos con incertidumbre laboral. Y ya han fusionado empresas, estamos con la veda en anchoas, además de que los recursos han sido colapsados, por lo tanto tememos que se cierren fábricas también.
