REPORTAJE: Según dirigentes sociales y empresariales, la legislación migratoria actual pone barreras a los sueños de progreso y mejor nivel económico con que llegan miles de extranjeros a Chile. Mientras el gobierno prepara una reforma a la ley para resolver estos conflictos, los empresarios del Agro llevan años presionando por flexibilizar los permisos de residencia temporal, ante la escasez de mano de obra en los campos.

Por Lissette Fossa

Eran cinco: tenían entre 12 y 15 años. Sus caritas de niños pudieron haber reflejado miedo en medio del movimiento del automóvil en que viajaban. O al contrario, se sentían más seguros al estar al lado de sus padres, ciudadanos peruanos que llegaron a Chile buscando una oportunidad laboral en las cosechas de verano. Puede ser también, que simplemente miraran con curiosidad a quienes los rodeaban, cerca de 20 inmigrantes, que como ellos, viajaban ese 10 de febrero del 2012 en la parte posterior de un camión hacia el predio agrícola Las Dos Marías ubicado en la localidad de Pan de Azúcar, Región de Coquimbo.

Lo cierto es que en un momento, antes de llegar a la hacienda, el camión fue interceptado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Inspección del Trabajo, quienes hicieron bajar a los temporeros que iban arriba del automóvil, incluyendo a los menores y sus padres. Las autoridades revisaron las condiciones de viaje de los trabajadores y de quienes ya estaban realizando las faenas de cosecha en el predio, apartando a los temporeros extranjeros del lugar y sancionando a los dueños de los terrenos, los hermanos Alberto y Remo Pomarolli.

El Subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, quien en ese momento reemplazaba las labores de la ministra Matthei, declaró a los medios que “no sólo había extranjeros informales sin autorización y sin visas, sino que todos los trabajadores que estaban desempeñándose ahí no tenían contrato de trabajo, no tenían las mínimas normas de higiene y seguridad”. Baranda calificó la situación del predio como una “sinvergüenzura”.

La policía aseguró que los niños ya llevaban varias horas de trabajo agrícola sobre sus hombros, acompañando a sus padres bajo las mismas condiciones de informalidad laboral. Su destino no debe haber sido distinto al de miles de inmigrantes que son hallados trabajando ilegalmente (sin visa temporal o definitiva) en Chile: ser expulsados a su país de origen. “En el año 2010, solamente en la región metropolitana, nosotros hablábamos de 200 personas expulsadasa diario”, afirma el abogado y dirigente del Comité de Refugiados en Chile, Rodolfo Noriega.

La legislación chilena no permite que menores de esa edad trabajen. Tampoco que los empleadores mantengan a trabajadores extranjeros sin contrato laboral. Sin embargo, debido a la informalidad en que muchos de estos extranjeros laboran en el país, sus derechos como trabajadores muchas veces son ignorados.

Como los trabajadores peruanos que se ocupaban en el predio Las Dos Marías, hay miles de extranjeros que llegan a Chile buscando una oportunidad en el mundo agrícola, que cada vez demanda más trabajadores, sobre todo en verano, tiempo de grandes cosechas. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, declaró el año pasado que la carencia de mano de obra alcanzaba 50 mil puestos de trabajo- 40 mil según el Ministerio del Trabajo–  y esta misma organización lleva años presionando por una política de flexibilización en la entrada de inmigrantes que llegan a trabajar en los campos

¿Quienes llegan a Chile?

Según la última “Encuesta: Ser migrante en el Chile de Hoy”, de la Fundación para la Superación de la Pobreza y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, la cifra de inmigrantes en Chile se eleva actualmente por sobre las 325 mil personas, poco más del 2% del número total de habitantes del país, sin considerar a los inmigrantes indocumentados. En comparación con los datos del Censo de 2002, en diez años los inmigrantescasi se han duplicado, lo que demuestra que es un fenómeno en aumento.

En 2012, se solicitaron 55 mil visas de trabajo, cerca de la mitad de las visas entregadas por Extranjería estuvieron sujetas a contrato, la mayoría ligado al mundo del comercio. Viendo las estadísticas parecen ser pocos los trabajadores extranjeros en el Agro, pero según varios expertos, esto se da porque los inmigrantes en los campos muchas veces trabajan sin contrato y por jornadas cortas de tiempo, donde no se recopilan estadísticas.

 Así lo explica María Cartagena, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), quien señala que la mayoría de los extranjeros en su región han ido dejando el mundo agrícola para dedicarse al comercio. “Hicimos una encuesta de inmigrantes en la región de Atacama. La gente que está trabajando en las parras son de otras regiones, los inmigrantes son la minoría, pero de que hay, sí hay”, agrega.

“Por lo que sabemos, el trabajo principalmente informal se da en el norte. Mientras que el valle de Azapa requiere de trabajadores extranjeros para subsistir, el agro en el centro de Chile reclama a gritos que se flexibilicen los procedimientos migratorios, porque no hay trabajadores nacionales. Los trabajadores del centro y sur del país, muchos tienen una situación migratoria regular, y ellos cumplen las faenas específicas en el agro y cobran por su faena o jornada”, comenta Noriega.

Y es que claramente el mundo empresarial agrícola ha sostenido desde hace algunos años el discurso de flexibilizar las visas transitorias y de trabajo, para que los extranjeros puedan entrar a Chile con contratos temporales, ante la baja en la mano de obra en los campos. En un discurso del 28 de mayo pasado, Patricio Crespo reiteró la importancia que para el gremio tiene incluir mano de obra inmigrante. “Hemos advertido la urgencia de flexibilizar las normas de ingreso temporal de trabajadores extranjeros en períodos de alta demanda”, afirmó.

Para los dirigentes sindicales del mundo del campo, esta insuficiencia de mano de obra está relacionada con muchos factores: los bajos salarios, la incomodidad del trabajo bajo el sol y las largas jornadas a las que se exponen los temporeros. Incluso, a pesar del aumento en las remuneraciones de hasta un 25% para atraer a trabajadores nacionales, los salarios aún bordean los 300 mil pesos mensuales y deben cubrir los gastos de los meses en que termina la temporada y las personas vuelven a sus hogares. Por ello, temen que la venida de trabajadores extranjeros derive en que baje la calidad del empleo en las plantaciones.

Segundo Steilen, Presidente de la Confederación Nacional Campesina, es uno de los dirigentes que se ha preocupado de los derechos de los trabajadores inmigrantes: “Nos preocupan las condiciones en que esos inmigrantes vienen a trabajar. Queremos que el trabajador de afuera, mientras esté trabajando con una visa temporal, tenga derecho a organizarse y a sus imposiciones. Porque efectivamente nosotros hemos visto que en algunos campos falta mano de obra, porque entusiasma poco. Pero eso no tiene que dar pie para precarizar las condiciones laborales de las personas”, señala Segundo Steilen, Presidente de la Confederación Nacional Campesina.

Cómo viven los inmigrantes en el campo

Ciertamente, el caso más conocido de inmigrantes que trabajaron en el campo bajo malas condiciones laborales y sin contrato es el de los ciudadanos paraguayos en los fundos de Francisco Javier Errázuriz. A pesar de que el escándalo abrió el debate sobre el trabajo inmigrante en el mundo agrícola, los dirigentes sociales y expertos en el tema concuerdan en que la situación de los inmigrantes en las labores agrícolas ha mejorado y que existe preocupación por los empresarios en cumplir plenamente con la norma.

Uno de los lugares con más experiencia en el trabajo de integración de inmigrantes a la sociedad chilena es el Instituto Católico Chileno de Inmigración (INCAMI), encabezado por el sacerdote Idenilso Bartolotto. El religioso afirma que muchos empresarios llegan a INCAMI buscando personas para trabajar en el mundo agrícola y que han cumplido en respetar los derechos de sus trabajadores. Pero también hay otros que dejan mucho que desear: “Aún hay cierta explotación en ese sector, por ejemplo, en el norte es muy común, por decirte en el valle de Azapa. Ahí vimos situaciones muy precarias, quizás por una ausencia de institucionalidad y de información. A veces el inmigrante que está ahí no conoce sus derechos y el empleador no sabe a veces cómo debe tratarlos”, cuenta Bartolotto.

La misma situación es descrita por Raúl Paiba , Presidente del Comité de Refugiados e Inmigrantes Peruanos: “Casi todos entran como turistas, trabajan pero no les hacen contrato y eso no lo fiscaliza nadie. Hay empleadores que les meten miedo a los inmigrantes, para que no demanden si están sin contrato, con muchas horas de trabajo, sin seguridad. Falta una campaña masiva para informar de los beneficios y derechos de los inmigrantes”, explica el dirigente.

La afirmación de Piaba coincide con las estadísticas: se sabe que el 24% de los extranjeros que residen en Chile no tiene contrato laboral y si se cruzan los datos sobre país de nacimiento, los grupos más vulnerables son de origen peruano, colombiano y boliviano (CASEN 2009). Para el abogado Rodolfo Noriega, el principal problema es ese: “Si tengo a gente trabajando de manera informal, no le pago nada. Pero eso puede pasar con peruanos, bolivianos, chilenos, ¡con cualquiera!”.

¿Puertas abiertas o cerradas?

La realidad legal con respecto a la inmigración en Chile es una deuda pendiente. Nunca en la historia del país se había hecho tan necesaria una institucionalidad que se dedique a los miles de inmigrantes que año a año llegan buscando oportunidades laborales.

Uno de los problemas que debiese resolver una reforma migratoria es el de la flexibilidad en la entrega de visa de residencia o temporal, que permita a los inmigrantes trabajar con un contrato, pagar imposiciones, impuestos y acceder a las garantías de salud que tiene todo trabajador en Chile.

Otra dificultad es que al momento de legalizar su situación en Chile, los inmigrantes se topan con varias trabas. Una es que no les admiten a trámite la visa de trabajo si su contrato es menor a un año. Esto deja fuera del proceso a los trabajadores de la agricultura y los que trabajan en la construcción. A esto se suma que los extranjeros sufren la carencia de redes de apoyo en Chile, como familiares o amigos, y manejan poca información sobre los trámites que deben realizar.

La ley actual sigue la lógica de los tiempos en los que fue promulgada, en 1975, cuando Chile estaba sumido en un régimen dictatorial y restrictivo en los derechos civiles de las personas. “Hay un sesgo de hostilidades patente con otras naciones que hace que la ley sea más una norma sumamente selectiva en la admisión de extranjeros (…) que un instrumento de derechos y libertades de los migrantes y su integración social”, señala Macarena Machín en su informe “Los derechos humanos y la migración en Chile”.

Se hace evidente que el Estado debe definir una política a largo plazo: ¿sus fronteras estarán abiertas a extranjeros, lo que derivaría en una política más inclusiva con el inmigrante y su inserción laboral? ¿o las fronteras estarán cerradas y con altas restricciones?

Una pista de lo que puede venir en temas legales apareció el año pasado en El Mercurio , en un artículo sobre la nueva ley migratoria que prepara el gobierno. “Flexibiliza las visas de residencia, da celeridad a la expulsión de infractores y establece una nueva cláusula de excepción al límite del 15% de trabajadores extranjeros en las empresas”, señalaba el matutino. Este último tópico es de principal interés para los empresarios agrícolas, que han solicitado subir el límite de contratados de extranjeros a un 25% del total de empleados. A pesar de que la publicación aseguraba que el proyecto sería enviado al Congreso antes del 15 de agosto, eso no ocurrió.

Lo importante es que la ley pueda adecuarse a la realidad de miles de inmigrantes que llegan al país y que pueda asegurar el respeto a sus derechos laborales.  “Nos gustaría que fuese una legislación de puertas abiertas y una mirada de integración regional, latinoamericano. Creemos que puede ser una legislación desde la mirada de los derechos humanos”, añade Idenilso Bartolotto.

*Foto 1: Plataforma Urbana

*Foto 4: Quintopoder.cl