Nos acercaremos a la mirada sobre políticas laborales y la realidad sindical en Chile de un exdirigente y una exdirigenta. A mediados de junio conversamos con la actual diputada Marta González, quien fue dirigenta por más de 15 años en diferentes empresas contratistas; también hablamos con el diputado Andrés Giordano, dirigente sindical de Starbucks por 13 años.

Hoy, desde su rol de diputado y diputada, ambos independientes electos el 11 de marzo de 2022, nos cuentan las principales iniciativas laborales que se están impulsando en el Congreso, las demandas más urgentes, las trabas para impulsar leyes que garanticen un trabajo digno y las implicancias que tendría para las trabajadoras y trabajadores que se aprobara la propuesta de Nueva Constitución.

[25 de agosto 2022]  La actual diputada independiente por el Distrito 15 de la Región de O’Higgins, Marta González, fue dirigenta sindical por 14 años, organizó el primer sindicato de la empresa Labser y lideró la primera negociación colectiva con dicha empresa. Ha sido delegada de la Confederación de Trabajadores del Cobre y fue presidenta del Sindicato de Trabajadores del Laboratorio SGS, que presta servicios a Codelco.

“Esa trayectoria de sindicalismo y de compromiso con los derechos laborales me hace tener una perspectiva distinta en mi labor parlamentaria”

Explica la diputada, agregando: “saber qué es ser trabajadora y cómo las dirigencias sindicales efectuadas de buena manera pueden generar cambios en las condiciones laborales, con todo lo que eso cuesta, me entrega la visión de cómo se va conformando la desigualdad en este sistema y cómo el marco regulatorio la va propiciando, entendiéndose que el Código Laboral que tenemos hoy día es también heredado de la dictadura, del mismo creador de las AFP”.

El diputado y exdirigente Andrés Giordano coincide con que el Código Laboral juega un rol crucial, que va en desmedro de los trabajadores y trabajadoras:

“La Constitución del 80’, al igual que el Código del Trabajo, que se denominó en su momento Plan Laboral, fueron impuestos en dictadura y fueron impuestos luego de que se habían proscrito sindicatos, habían perseguido y desaparecido dirigentes sindicales… entonces había una visión antagónica, donde la organización sindical aparece como un enemigo de la paz social y como una estructura indeseable para la sociedad neoliberal que quiere implantar ese gobierno militar”.

Andrés Giordano es hoy diputado independiente por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, antes de eso fue dirigente sindical de la cadena internacional de cafeterías Starbucks por 13 años. Al igual que la diputada Marta González, a cuatro meses de haber iniciado su trabajo en el Congreso, es primera vez que asume un cargo público.

Salario mínimo

“Mi experiencia de vida es organizándome en un sindicato. Yo fui dirigente sindical 13 años en el mundo de la comida rápida donde se paga el salario mínimo, y una de nuestras tremendas batallas fue que el salario mínimo no fuera un número X que dependiese de la buena o mala voluntad del gobierno de turno, sino que estuviese fijado de acuerdo con un criterio objetivo”, explica el parlamentario.

Justamente al hablar de salario mínimo entramos en una de las medidas laborales más afamadas del actual gobierno: el histórico aumento, que, en dos etapas, incrementó en $50.000 los $350.000 de sueldo mínimo fijados con anterioridad, llegando a los $400.000.

Respecto a esta medida, el diputado, que además es miembro de la Comisión de Trabajo Seguridad Social de la Cámara e integrante de la Bancada Laboral, señala:

“No se trata de llegar a una cifra, se trata de que una familia promedio pueda superar la línea de la pobreza, y ese objetivo se va moviendo a medida que aumenta el costo de vida. Ese criterio de suficiencia, que compartimos con la Bancada Laboral y que viene de mi experiencia sindical, hoy nos sitúa sobre los $512.000, es decir, tenemos un retraso salarial importante”.

Para la diputada Marta González el aumento del salario mínimo y la apertura del gobierno a dialogar con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, “son buenas señales pero insuficientes”, ya que “todavía tenemos sueldos mínimos bajo el promedio de la OCDE y la vida se ha encarecido sustancialmente, por ende, el poder adquisitivo de los trabajadores vuelve a quedar disminuido”.

A lo que añade: “es necesario llegar a los $500.000 con mayor rapidez, porque ese sueldo mínimo de $500.000 era una de las propuestas en el estallido social, e incluso, había empresarios que estaban por considerar esa cifra”.

¿Qué políticas laborales se están discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados?

Respecto a las discusiones que se están desarrollando en la Comisión del Trabajo de la Cámara, el diputado Giordano explica que existe una agenda macro, vinculada a los proyectos del gobierno. Dentro de esta agenda macro encontramos el ya mencionado aumento del salario mínimo y la jornada laboral de 40 horas semanales.

Otro de los puntos que destacan dentro de la Comisión, es un proyecto que busca promover la inserción laboral juvenil sin experiencia previa. “Todavía no zanjamos cómo lo haremos, pero ya se estableció que habrá una Mesa de Trabajo de 2 meses con el gobierno”, explica el diputado.

Mejorar el ejercicio de la libertad sindical es otro de los proyectos que se han presentado en la Cámara: “nuestra diputación logró un proyecto que se estaba discutiendo para mejorar la protección del ejercicio de la libertad sindical y las dirigencias sindicales a través del fuero: logramos que se aprobara unánimemente en la Comisión una reforma al Código que impide que empleadores puedan solicitar desafueros caprichosamente”.

La solicitud de desafuero de trabajadores y trabajadoras sindicalizados es, lamentablemente, una práctica extendida de la que empleadores se sirven para desarticular los sindicatos. Así lo explica el diputado, “se da mucho en el mundo sindical: lo que busca es inhibir, amedrentar a las dirigencias y, por efecto causal, a las organizaciones de cumplir su rol”.

Por otra parte, el diputado cuenta que dentro de la Bancada Laboral, compuesta por parlamentarias y parlamentarios de diversas comisiones que tienen interés en proponer y debatir iniciativas ligadas al mundo del trabajo, han presentado un proyecto que prohíbe la subcontratación en el giro principal de empresas estratégicas. El proyecto, que fue presentado por el diputado Luis Cuello, es para Andrés Giordano “muy importante porque dice relación con cuestionar la subcontratación como mecanismo de articulación del espacio de trabajo, porque entendemos que el primer efecto que genera es precarización laboral”, a lo que agrega:

“Cabe recordar que en las empresas estratégicas está prohibida la huelga, por lo que ni siquiera tienen una vía directa para mejorar sus condiciones laborales, yo creo que hay que avanzar en prohibir la subcontratación en el giro principal de cualquier empresa”.

Otro proyecto que está en la agenda de la Bancada Laboral y que espera ser presentado a la Cámara tiene relación con robustecer las sanciones por vulneraciones a derechos fundamentales, incluyendo las prácticas antisindicales: “En Chile, sobre todo desde las grandes empresas, es mucho más barato para un empleador pagar multas por vulneraciones de derechos que modificar las conductas que son vulneratorias, en otros casos además tiene que ver con una cuestión ideológica o política”, explica el diputado Giordano.

El proyecto mencionado busca generar multas diferenciadas por tamaño y utilidades de la empresa, además de establecer una política monetaria de reparación hacia los sindicatos afectados “que les permita reconstruir un poco la organización cuando ha sido duramente golpeada”, explica.

Para el diputado, dicho proyecto va en la línea del Convenio 190 de la OIT, que apunta a erradicar y prevenir la violencia y el acoso en los espacios de trabajo, “con varias organizaciones sindicales, parlamentarias y parlamentarios, solicitamos al gobierno proponer al parlamento ratificar el Convenio, y el gobierno ya lo comprometió”.

Finalmente, el diputado añade: “hay una agenda importante para que aquellos derechos que se han concebido como ‘derechos maternales’ tengan un enfoque de corresponsabilidad parental”.

Por su parte, la diputada Marta González, que integra las comisiones de Familia; Cultura, Artes y Comunicaciones; y, Mujeres y Equidad de Género, se refiere al caso de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, donde existen “tremendos vacíos, informalidades y poco respaldo”.

Además del evidente abandono y desprotección que durante la pandemia se ha visibilizado, la diputada hace mención a las y los artesanos de la piedra Rosa de Pelequén, donde 23 trabajadores y trabajadoras han sido diagnosticados con silicosis. “A ellos la Seremi les diagnostica esta terrible enfermedad a raíz de su oficio en el año 2018, pero hasta la fecha no han modificado sus condiciones de trabajo, por lo tanto están en un riesgo inminente, en un riesgo vital”.

“Casos como ese están en la informalidad. El Estado no ha sido capaz de dar resguardo, reconocimiento, ni el lugar que se merecen como trabajadores de la cultura a artesanos con oficios que vienen de décadas. Ahí hay un espacio muy importante en el que se debe trabajar”.

La diputada explica que en el ámbito laboral, la comisión de Equidad de Género se ha enfocado en temas de acoso y crisis de cuidados “es una crisis importantísima que quedó develada con la pandemia y que ha hecho retroceder a las mujeres en puestos de trabajo, algunos hablan de hasta 10 años. También hay espacio ahí para impulsar, potenciar y acompañar a la mujer trabajadora”.

¿Qué implicancias tendría para las trabajadoras y trabajadores que se aprobara la propuesta de Nueva Constitución?

Para la diputada Marta González “la Nueva Constitución reconoce y reivindica un abanico de derechos laborales, donde se ha reconocido el trabajo de las cuidadoras”. Para ella, la aprobación de la propuesta permitiría también avanzar hacia una mayor seguridad social, ya que al garantizar estos derechos permitiría “atacar el mayor problema que tenemos: la desigualdad”.

El diputado Andrés Giordano coincide en el impacto positivo que la Nueva Constitución tendría para los trabajadores y trabajadoras: “yo de verdad espero que se apruebe, creo que es una tremenda noticia para la gente común y corriente, la gente trabajadora”, esto, explica, porque además de la consagración del trabajo decente como principio constitucional, la propuesta permitiría terminar con otras formas de precarización que encuentran sustento en la actual Carta Magna:

“Es un modelo que permite que haya salarios y condiciones precarias, subcontratación, honorarios que buscan camuflar relaciones laborales permanentes… La Nueva Constitución establece ciertos principios que nos permiten atacar todas estas formas de precariedad”.

Además de garantizar derechos laborales, el diputado resalta un segundo aspecto en que la Nueva Constitución aportaría a las trabajadoras y trabajadores:

“La Nueva Constitución nos permite reconfigurar cómo las y los trabajadores pueden tener un rol importante en la sociedad y en la discusión sobre las condiciones directas que les afectan, que no son solo laborales, sino que tienen que ver con toda una sociedad”; acceso a la salud, seguro de cesantía, jubilación, trabajos no reconocidos, son algunos de los problemas a los que hace mención.

“Todos esos problemas no se resuelven en una empresa. Entonces la Nueva Constitución, además de generar garantías desde el Estado, otorga derechos colectivos a las y los trabajadores”.

La diputada González además destaca que se posibilitaría la creación de un nuevo Código Laboral: “El cambio constitucional debe desembocar en un nuevo Código del Trabajo que vaya en concordancia con los derechos inherentes de las y los trabajadores”.

Nuevo Código del Trabajo y fin del Plan Laboral:

“El Plan Laboral de la dictadura desmantela todos los derechos colectivos, los reconoce porque existen tratados internacionales, pero restringe de manera tal el ejercicio de estos derechos que en la mayoría de los casos se vuelven impracticables”, explica el diputado Giordano, agregando:

“Esto provoca un efecto desolador: que los sindicatos tengan un rol muy pequeño dentro de la empresa, que sea muy difícil acumular fuerzas, que la huelga esté tan restringida, tan sobre regulada, que no existan muchos mecanismos para negociar, a pesar de todas las modificaciones que se han hecho en democracia”.

“Estamos entrampados en esta herencia de la dictadura que ha propiciado el desarme de sindicatos, que tiene permanentemente atemorizados a gran parte de los trabajadores para que no participen en organizaciones sindicales”.

Concuerda la diputada Marta González, reflexionando que:

“Hoy está el espacio para poder avanzar hacia una sindicalización automática, hacia una negociación supra-ramal y para poder unificar, ¿por qué no tener una Central que unifique las demandas de las y los trabajadores para avanzar hacia un mismo objetivo? El cambio constitucional lo posibilita”.

Sindicalismo

La aprobación del nuevo texto también traería implicancias para la organización sindical y sus tres ejes fundamentales: libertad de asociación, negociación colectiva y derecho a huelga efectivo.

La libertad de asociación está consagrada constitucionalmente como el hecho de poder constituir sindicatos sin que eso signifique una represalia, pero “las sanciones son muy débiles y, en el fondo, la legislación no busca resguardar este derecho, por lo que es muy difícil constituir sindicatos”, explica el diputado Giordano.

La diputada González atribuye a esta dificultad para constituir sindicatos la persecución laboral de “una cultura empresarial que todavía no asume los derechos laborales como inherentes al trabajo”, a lo que se suma la actual fragmentación del movimiento sindical: “Hace décadas fluctuamos entre el 18% y el 20% de trabajadores sindicalizados. Esa poca cantidad se divide en muchas organizaciones, hace perder fuerza negociadora, respaldo a los sindicatos y genera división entre los propios trabajadores, por ende, no hay una fuerza real para hacer mejoras sustantivas”.

En cuanto al derecho a negociar colectivamente por sobre la empresa, “se habla de una negociación multinivel, lo que significa que las y los trabajadores pueden decidir en qué nivel de su sector, de su rama económica, prefieren negociar colectivamente determinadas condiciones”, dice el diputado, añadiendo que “esta negociación opera en la mayoría de los países desarrollados, tiene un efecto redistributivo muy importante y además entrega poder a las y los trabajadores”.

Respecto al derecho a huelga efectivo, éste es reconocido en la propuesta de Nueva Constitución para todas las trabajadoras y trabajadores, con excepción de las fuerzas armadas.

Lo anterior, “es algo que no existe actualmente”, comenta el parlamentario, destacando que “en la propuesta de Nueva Constitución tenemos un reconocimiento expreso y en positivo, además sin las restricciones que actualmente tiene la huelga en el Código del Trabajo”. Aquí el diputado menciona que, en la actualidad, la huelga está reconocida sólo en caso de negociación colectiva y en términos muy rígidos, con la posibilidad de un descuelgue “diseñado para que la huelga tenga el menor efecto posible y para que existan posibilidades de reemplazo, que si bien están prohibidas por ley, tienen otros nombres que sí son permitidos, como las adecuaciones necesarias y la polifuncionalidad, que dificultan a los organismos fiscalizadores identificar el reemplazo”, añade.

“Tenemos los tres pilares de la libertad sindical muy bien reconocidos en la propuesta de Nueva Constitución y eso es un avance que obviamente nos va a obligar en la Comisión de Trabajo a repensar totalmente las relaciones laborales y colectivas”, concluye el diputado.

¿Cuáles son los retos en derechos laborales?

“Los trabajadores nunca deben abandonar las luchas reivindicatorias por los derechos. Si miramos la historia vemos que los derechos que tenemos se han ganado con luchas organizadas, es la única forma de equiparar el poder de la empresa o el poder del Estado”, reflexiona la diputada González.

Además, señala que es importante “entender que los sindicatos, en su autonomía, pueden y deben ir mucho más allá del piso regulatorio que es la ley. La ley establece un piso mínimo, pero las condiciones laborales deben darse en base a la justa redistribución de la riqueza: hoy tenemos multinacionales con utilidades exorbitantes con trabajadores recibiendo sueldos precarios”.

Finalmente, la parlamentaria concluye “ese espíritu de avanzar hacia la justicia social, hacia la equidad, no lo debemos abandonar nunca”.

Para el diputado Andrés Giordano “recuperar la defensa de clase de la libertad sindical” resulta esencial, “es complejo y además una realidad muy cruda: se ha generado una cultura de mirar mal al sindicato, incluso mucha gente se molesta cuando ve una huelga”.

“He escuchado a muchas personas que señalan que con la Nueva Constitución las y los trabajadores van a hacer huelga por todo, y aquí es importante recordar que la huelga es siempre un sacrificio para el trabajador y trabajadora, porque deja de recibir salario: nadie quiere irse a huelga. Esa crítica viene desde la perspectiva empresarial, desde el riesgo que supone para un empleador que con la Nueva Constitución, a diferencia de lo que ocurre hoy, las y los trabajadores puedan ponerlo en jaque con una paralización real”, señala, complementando desde su experiencia sindical:

“Yo estuve en tres huelgas y media, una de ellas duró un mes. Allí estuvimos 12 días en huelga de hambre y quiero mencionar esto como exdirigente y como trabajador: aún así la empresa no quiso transar ni un solo peso de aumento. Es un nivel de tozudez insólita y muy típica en las empresas, por eso hay baja sindicalización, porque es muy difícil en Chile negociar, requiere mucha perseverancia y tener un grado de resiliencia permanente”.

“Deberemos recuperar esa defensa porque es lo que podría permitir a las y los trabajadores que hacen delivery, uberizados, etc, buscar el reconocimiento de la relación laboral, como ha ocurrido en Europa y en parte de Latinoamérica”, enfatizó el diputado.

“Si hay alguien que lee esto y le hace sentido, debiese votar Apruebo y organizarse ojalá. Creo que las organizaciones sindicales también crecerán con la Nueva Constitución y es importante que haya una en cada empresa: independiente de que haya buena relación con los empleadores, es la única forma que tienen las y los trabajadores de equiparar el poder que siempre va a tener quien puede contratar y despedir”, concluye.