Se trata de un manual de 62 páginas del cual se editaron 1.500 ejemplares que serán distribuidos en todas las inspecciones en cuyas jurisdicciones funcionan estos establecimientos de construcción y reparación de embarcaciones marítimas o artefactos navales.

En Chile hay 63 astilleros operativos que aglutinan a casi 1.700 trabajadores contratados, preferentemente, bajo el régimen plazo fijo o por faena. Los hay de todo tipo, desde los capaces de reparar naves de gran tamaño hasta los más pequeños que ocupan no más de tres trabajadores.

La guía técnica fue elaborada a partir de un estudio en empresas del sector realizado en el año 2015 y una posterior fiscalización efectuada en el año 2016 en las regiones de Arica, Valparaíso, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Con toda la información recogida un equipo de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (Usesat) se abocó durante el pasado 2017 a confeccionar el manual dirigido a los inspectores y fiscalizadores de todos los puertos que cuentan con astilleros. Algunos ejemplares serán también entregados a instituciones vinculadas al tema, como el Instituto de Seguridad Laboral, el Instituto de Salud Pública, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y mutuales de seguridad.

Según explicó Jonatán Jiménez, jefe de la Usesat de la DT, el trabajo en astilleros conlleva una serie de riesgos para la salud y seguridad de los operarios. “En los astilleros están presentes prácticamente los más serios riesgos laborales: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y la enorme complicación de muchas veces trabajar en espacios muy confinados”.

En otras palabras, añade Lidia Arenas, especialista de la Usesat, es normal la exposición a fuertes ruidos, alta luminosidad, emanación de gases producto de las soldaduras, radiación ultravioleta y sílice y asbesto, además de los riesgos de accidentes eléctricos o caídas de altura.

En el manual se describen 26 aspectos que deben ser conocidos en profundidad por los fiscalizadores de la DT para garantizar controles efectivos y correctivos. Asimismo, se enumeran 65 posibles infracciones que deben sancionadas. A modo de ilustración, la fiscalización programada del año 2016 culminó con multas por 65 millones de pesos y hasta suspensiones de labores en los casos en que la salud y vida de los trabajadores estaba en riesgo.

El objetivo institucional, concluye Jiménez, “es que nuestros fiscalizadores sean capaces de hacer fiscalizaciones profundas en un sector con peculiaridades que deben ser conocidas cabalmente para impedir la ocurrencia de accidentes o la aparición de enfermedades”.