NOTICIA: Poco más de 57 millones de pesos alcanzaron las multas aplicadas por los tribunales a empresas por incurrir en conductas atentatorias de la libertad sindical. Las condenadas, además, quedan excluidas del Sistema de Compras Públicas del Estado durante 2 años.
[Santiago, 21 de enero de 2016] El segundo semestre de 2015 hubo un total de 19 condenas judiciales por prácticas antisindicales, según lo reveló la nómina difundida este jueves por la Dirección del Trabajo (DT).
Las sentencias condenatorias fueron dictadas por juzgados y difundidas por la DT cumpliendo con la obligación que le imponen los artículos 294 bis y 390 bis del Código del Trabajo.
La acción del organismo fiscalizador responde a una de sus misiones principales, cual es resguardar la libertad sindical y procurar sanciones para quienes incurren en actitudes adversas a este principio fundamental en el derecho del trabajo.
Para el director del Trabajo, Christian Melis, “nuestro accionar permanente pretende estar siempre alerta ante estos casos que son de los más graves en la legislación laboral porque conspiran contra la libertad de los trabajadores en cuanto a crear sus propias organizaciones representativas”.
Las 19 sentencias de los tribunales durante el segundo semestre de 2015 se tradujeron en multas por 1.270 UTM, lo que al valor actual significa un total de $57.092.850.
Sin embargo, el principal castigo para las empresas infractoras es la prohibición durante dos años, a partir de la sentencia ejecutoriada, para postular a licitaciones públicas para proveer al Estado de bienes y servicios. Así lo dispone el artículo 4° de la Ley N° 19.886. Esto significa que quedan excluidas del Sistema de Compras Públicas del Estado durante el lapso citado.
INFRACCIONES MÁS FRECUENTES
Esta vez la infracción más recurrente fue el separar ilegalmente a dirigentes o trabajadores amparados por el fuero sindical, hecho que ocurrió en 5 de las condenas, acompañadas de un despido antisindical.
También hubo sentencias por no descontar el 75% de la cuota sindical o por incurrir en prácticas para estimular la no afiliación sindical. Asimismo, hubo un caso de reemplazo ilegal de trabajadores en huelga.