Las últimas semanas no han estado exentas de conflictos y polémicas a nivel nacional. Por un lado, la huelga de hambre de las y los presos políticos mapuche sigue sin resolver, como contraparte un paro de un sector de camioneros como expresión de los sectores latifundistas y empresariales golpistas que buscan tensionar la opinión pública y criminalizar la lucha de un pueblo por su autodeterminación. Asimismo, continúan miles de presos y presas políticas sin justicia, y el coronavirus sigue presente y generando importantes problemas sanitarios en regiones como Magallanes, Coquimbo y Concepción.
Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT)
En este mismo contexto, las cifras de cesantía siguen en aumento y sin ninguna proyección que muestre un escenario más favorable. La clase trabajadora sigue haciendo malabares con lo que dejó el 10% de la AFP, los fondos de AFC y los bonos del gobierno. Sin embargo, es un pequeño respiro que prontamente acabará y nuevamente la asfixia de las deudas y la necesidad de resolver las necesidades inmediatas volverán a aparecer.
En este escenario, la discusión del reajuste y salario mínimo aparecen en la escena nacional, en una supuesta mesa de diálogo entre el gobierno y la CUT que no tuvo ni mayores resultados.
El ministro de Hacienda Ignacio Briones ya planteó la postura oficial del gobierno respecto del reajuste del salario mínimo de este año a cero pesos. Amparándose en la actual crisis (que relacionan con el coronavirus, pero que bien sabemos es una crisis integral y profunda del capitalismo), plantea un retroceso de tres años en la economía, de allí propone mantener los $320.500 pesos sin reajuste este año.
Por su parte, las negociaciones con la CUT no quedaron en nada en materia de reajuste, sin embargo la central entreguista declaró valorar la disposición del gobierno de legislar en materia de protección al empleo y subsidios a las nuevas contrataciones, es decir, a la generación de empleos precarios, con bajas remuneraciones y manteniendo el nivel de ganancias de las empresas.
El gobierno no sólo declara un reajuste de cero pesos sino también ha enviado un proyecto de ley que extiende la Ley de Protección al Empleo para extender el plazo de suspensión del contrato hasta febrero del 2021, reducir la jornada hasta julio de 2021 y flexibilizar los criterios de acceso al seguro de cesantía. En resumen, la patronal sigue ocupando los fondos y dinero de las y los trabajadores para mantener sus ingresos durante la crisis, sin tocar un peso de sus ganancias. Esta ley lo que hace es precarizar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora, despojándola del fondo de dinero que ha juntado con trabajo para mantener el enriquecimiento de los dueños del país y que las empresas no vean afectadas sus ganancias.
Hemos dicho una y otra vez que la Ley de Protección al Empleo es una farsa para proteger a la patronal a costa del empobrecimiento, precarización y sobreexplotación de la clase trabajadora. La respuesta debe ser contundente, no queremos migajas. La Ley de Protección al Empleo es un robo hacia las y los trabajadores, legalizado por los sillones del parlamento, las y los mismos que reciben dinero de las empresas para sus campañas políticas.
Ante la actual situación de la crisis capitalista es momento de multiplicar la organización sindical en toda empresa o servicio del Estado y avanzar en un sindicalismo clasista y combativo que frene la ofensiva de la patronal. Asimismo, levantar sindicatos de cesantes en cada territorio para luchar por pan y trabajo. Asumimos que las y los clasistas que estamos en los sindicatos no hemos estado a la altura de lo que requieren hoy las y los trabajadores, por falta de cohesión, de articulación y de fuerza concreta para enfrentar la ofensiva de la patronal con lucha que sea capaz de poner freno a las legislaciones antiobreras.
Pese a eso, el llamado sigue siendo el mismo, mantener la demanda por un salario mínimo de $500.000, el pago de locomoción y colación en cada lugar de trabajo, el fin a la ley de protección al empleo y reintegro de las y los trabajadores a sus puestos de trabajo. Por la creación de trabajos en condiciones dignas, que sean productivos y con condiciones de protección y seguridad social.
En ese mismo sentido, es urgente la articulación de los diferentes sectores del pueblo en lucha y volver a sacar con fuerza el pliego del pueblo impulsado durante el alzamiento popular, sin retroceder en nuestras demandas. La articulación concreta y materializada en la unidad en la lucha es el camino que hoy vemos como salida ante la actual crisis y a partir de ese camino, la construcción del poder de la clase trabajadora, desde el sindicalismo de base y el protagonismo popular, perspectivar el control de la producción y distribución, la nacionalización de los recursos naturales, la negociación ramal y la articulación territorial, son ejes por los cuales debemos avanzar en un camino hacia la construcción de una nueva sociedad, libre de explotación y opresión.
Porque desde el sindicalismo clasista decimos: ¡Que la crisis la paguen los ricos!
La patronal se enriquece con nuestra cesantía,
A frenar la ofensiva patronal.
Trabajadoras y Trabajadores a Luchar
