Es nuestro deber como profesionales de la educación desmontar declaraciones de principios totalmente inexactos, incorrectos y, por tanto, mentirosos según nuestros datos y las experiencias que poseemos como especialistas en educación Infantil de algunas columnas en Diarios y programas de televisión relacionados a Proyecto de Ley que establece el Kínder como Obligatorio.

Académicos: Blanca Hermosilla, Silvia Redon.
Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública “EVEP Inicial”

Al respecto señalamos lo siguiente:

En primer lugar, una cuestión importante es que hoy día asisten a kínder más del 94 % de los niños y niñas en nuestro territorio nacional y que el Estado asegura a través de la subvención escolar el financiamiento a todos los niños y niñas que se matriculen en una escuela.

El 6 %, restante, y aquí está la clave, que no asisten a este nivel educativo, no es porque no quieran asistir, es porque no hay una oferta cercana a su domicilio especialmente a los niños y niñas que viven en zonas costeras, dispersos geográficamente y en las zonas más excluidas de las ciudades, como campamentos y tomas, niñas y niños enfermos, en hospitales y en condiciones adversas por diversas variables; estos son los casos que quedan fuera del sistema, cuestión que esta ley de obligatoriedad, curiosamente, NO CONTEMPLA.

Pero, estas situaciones adversas de niños y niñas que les imposibilitan asistir a Kínder afortunadamente, son absorbidas en muchos casos por las 17 modalidades no convencionales de las instituciones de JUNJI, INTEGRA presentes a nivel nacional (1.425niños en JUNJI y 548 Integra en 2018)

En razón de esta situación, ¿se puede llamar justa a una ley que no velará por este 6% de los niños y niñas más vulnerables? ¿Qué está entendiendo el Ministro por Justicia cuando se falta al principio de equidad? ¿Por qué tanto interés por hacer obligatoria esta ley que ya logró la cobertura del 94%?

Un enfoque justo en la ley deberá suponer extender su preocupación y cobertura por los que NO asisten, si queremos avanzar hacia la equidad. Nada de esto contempla el proyecto de ley.

En segundo lugar, el gobierno ha presentado para la Educación Parvularia un conjunto de proyectos que fragmentan la atención de la infancia con una clara intención de privatizar el único nivel educativo que no logró privatizar la dictadura militar. No hay un plan de desarrollo de una política de la infancia, elaborada con participación de la sociedad civil, organizaciones, institutos de investigación, universidades, líderes de opinión entre otros actores, que permita establecer objetivos, estrategias y acciones a corto, largo y mediano plazo consensuadas. Aprobar la ley no soluciona esta fragmentación, con el agravante, como indicamos que vulnera los derechos de los niños y las niñas que quedan fuera de su cobertura.

El kínder obligatorio es sobre todo una medida de justicia social, pero esta medida se cumplirá para todo niño o niña chilena y especialmente para ese 6% cuando el sistema público sea un sistema robusto que llegue incluso y precisamente a las zonas más vulnerables y necesitadas del país. Si la situación actual de no obligatoriedad cubre a un 94% de la población en edad del Kínder y el 6% es recogido por las importantes y valiosas organizaciones de Integra y JUNJI, ¿qué sentido tiene hacer de este nivel algo obligatorio, sin que exista un sistema público robusto y fuerte que precisa y necesita el pueblo de Chile? La respuesta, como luego añadiremos, es una cuestión de extensión de la accountability y la estandarización en el sistema, algo que parece acomodar tanto al Ministro de Educación actual como a la gran parte del espectro conservador de la política chilena. En tercer lugar, teniendo en cuenta que los tiempos y los escenarios cambian, el sistema público en Chile, ha establecido un sistema de admisión escolar y que, durante este gobierno ha boicoteado abiertamente, pese a su satisfactorio desempeño inicial, promoviendo incluso iniciativas legales para transformarlo que no han prosperado en el congreso.

¿Cuáles son las razones para oponerse?
Muchas son las razones para oponerse porque la ley no responde a preguntas esenciales sobre la equidad en nuestro país, algunas preguntas son:
¿Todas las escuelas van a tener que ofrecer el nivel de transición “Kínder”? ¿Cuánto será el mínimo exigible para la apertura de un nivel?, ¿Cómo se formará un curso de transición?, ¿con 2, 5, 7 o 10 niños?

¿Se entregará financiamiento a pequeñas municipalidades en escuelas rurales para habilitar el kínder o el gobierno tomará la decisión de que se podría matricular en cursos combinados con educación básica? Si esto ocurriese se pone en peligro a los niños y niñas, porque en estas edades nos es posible matricular niños menores de seis años con niños mayores, no tan solo por la interacción social sino también por su seguridad física y emocional, en aulas donde la escolarización será lo primordial.
Si una familia se niega a mandar su hijo o hija, el estado enviará a la policía a la casa de ese niño niña?

¿Qué pasará con los niños y niñas inmigrantes que tengan la edad y no puedan asistir con la obligatoriedad?

Pero quizás lo más preocupante, epistemológica, pedagógica y socialmente sea el hecho de que con la obligatoriedad este nivel automáticamente queda subsumido en las políticas administrativas y tecnocráticas de la agencia de calidad que homogeneizan y estandarizan a través de pruebas estandarizadas, ajenas y destructoras de la riqueza pedagógica curricular, por estrategias mecánicas de adiestramiento en responder dichas pruebas. Aquí nos encontramos con una paradoja: la obligatoriedad implica en el sistema educativo chileno estandarización y falta de creatividad pedagógica y curricular, porque la obligatoriedad viene asociada a los procesos de accountability que la Agencia de Calidad impone al resto de los niveles del sistema. En la situación actual con una cobertura del 94% y fuera del alcance de la Agencia de Calidad, nos encontramos con mucha más diversidad, creatividad y riqueza pedagógica que la que estaría dispuesta a admitir dicha agenda y sus burocráticos estándares.

Académicos: Blanca Hermosilla, Silvia Redon.
Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública “EVEP Inicial”