NOTICIA: Publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, el trabajo de académicos de la Facultad de Derecho releva las dificultades que se enfrentan en términos legales, de acceso, cobertura, infraestructura, discrecionalidad y beneficios intrapenitenciarios.
[Santiago, 24 de abril de 2018] El trabajo y la capacitación laboral al interior de las cárceles es una vía que permite una adecuada reinserción social y que tiende a estar asociado a una menor reincidencia delictual. En Chile hay 49 mil personas privadas de libertad, según Gendarmería sólo 31,5% de ellas logra participar en alguna actividad laboral. Ahí radica la importancia de este tema que analizó un grupo de académicos de la Facultad de Derecho UC en el estudio “El trabajo de las personas privadas de libertad en Chile: hacia la [re]inserción social y laboral”.
Las personas privadas de libertad han estado marcadas por la exclusión social y “la estadía en prisión suele ahondar estas brechas”, explicó el académico Rodrigo Azócar en el seminario de presentación, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. “Las prioridades han estado puestas en la custodia”, acotó, por lo que el trabajo y la capacitación han tenido menor fomento: “En la práctica existe una serie de dificultades de diseño institucional y de aplicación de políticas que le restan efectividad a este mecanismo”.
En el estudio, que realizó junto a los académicos María Elena Santibáñez y Jorge Leyton de Derecho UC, y Guillermo Sanhueza de la Universidad de Chile, aclaran que si bien las normas chilenas se ajustan a los estándares internacionales, existen problemas en su aplicación.
“El trabajo se caracteriza por una baja cobertura, es bastante precario”, comentó Azócar. En los recintos penitenciarios en el país hay escasa cobertura de los programas laborales: sólo 30,4% accedería a trabajo, según la Primera Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Penitenciaria. Además, existe una discrecionalidad excesiva en brindar oportunidades laborales, pues “el acceso al trabajo remunerado tiende a ser visto como un premio a la buena conducta”. La falta de infraestructura también dificulta los talleres laborales.
Entre las propuestas de los académicos está regular por vía legal y no administrativa, pues sería recomendable contar con una ley en la materia, para que la actividad laboral penitenciaria no quede entregada a una norma reglamentaria.
“Se debe superar la falta de difusión, cobertura y acceso a las actividades laborales al interior de los recintos penales”, apuntó Azócar. Además, plantean legislar ajustando las normas laborales a la realidad particular en los recintos penitenciarios; regular la relación existente entre la realización del trabajo y la concesión de beneficios intrapenitenciarios para que “sea un auténtico incentivo para obtener beneficios”, y adoptar medidas que permitan vincular el trabajo al interior del recinto penitenciario con la reinserción de quien lo realiza una vez que salgan de la cárcel.
El aporte de los panelistas
Luego de la exposición, se realizó un panel de comentarios en el que participaron el Subdirector Técnico de Gendarmería, Alejandro Arévalo, y la gerente general de Fundación Paternitas, Lucía Ruiz-Moreno.
El representante de Gendarmería destacó el aporte del trabajo y reconoció que “falta mucho por hacer en el sistema. “La apuesta de justicia y de la sociedad es apuntar a aumentar la cobertura de los programas”, aseguró. En tanto la gerente de Paternitas coincidió en la necesidad de impulsar políticas públicas en la materia, pues desde la experiencia de la fundación conocen cómo “la vida de una persona cambia gracias al trabajo remunerado”.
El trabajo presentado es parte de la serie Temas de la Agenda Pública, iniciativa del Centro de Políticas Públicas UC que invita a académicos de diversas facultades a desarrollar sus investigaciones en torno a temáticas de interés público. Puedes leer el artículo completo AQUÍ.
