El Sindicato de Trabajadores de la Agencia de Comunicaciones LitoralPress-Simbiu denuncia un despido sistemático de trabajadores desde el 2017, que la empresa ha justificado por “necesidades”. Sin embargo, desde el sindicato afirman que estos no “obedecen a una real eliminación de funciones, sino a la deslocalización” de sus trabajos.
El sindicato asegura que se ha desvinculado al 70% de sus asociados. y acusan que en su primera huelga legal, el empleador decidió reemplazar a sus trabajadores con un sistema computacional, lo cual fue denunciado por los dirigentes y constatado por la propia Dirección del Trabajo.
“Esta situación no solo nos afecta a nosotros, sino que forma parte de una tendencia global que precariza el empleo nacional y erosiona derechos laborales en nombre de la reducción de costos”, afirma el presidente del sindicato, Adrián Flandes.
“Como sindicato, pretendemos resguardar los puestos de trabajo en el país, y de ser externalizadas nuestras funciones, buscamos que los trabajadores en el extranjero puedan tener las mismas condiciones salariales y contractuales que tenemos acá, dado que si no es así esas contrataciones tendrían sólo el fin de dañar las condiciones laborales de quienes reemplazan en Chile. En Colombia, por ejemplo, donde se encuentra una de las filiales de LitoralPress-Simbiu, los colegas trabajan con boleta y reciben sueldos mucho más bajos”, declara.
La organización señala que no hay una legislación como tal pero que sí existen proyectos de ley que apuntan a esta problemática. Ponen de ejemplo el caso de la industria telefónica, que cuenta con una iniciativa de establecer la prohibición de subcontratar servicios de teleoperadores para contactar clientes, que operen fuera del territorio nacional.
El presidente sindical, hace un llamado a legislar al respecto, proponiendo una “Ley Por el Empleo en Chile” que restrinja el reemplazo de trabajadores con personal extranjero y regule las condiciones laborales.
También hacen un llamado a la sociedad civil, organizaciones sindicales, empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial y autoridades legislativas, “porque hoy más que nunca necesitamos unirnos para proteger el trabajo en Chile. El Estado debe profundizar la búsqueda de acuerdos internacionales que impliquen otorgar marcos legales para un trabajo decente, tal como lo expresó recientemente el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en la última Conferencia Internacional del Trabajo”, concluye.
