Columna de opinión de Alejandro Cortez Gaete, abogado especialista en derecho laboral del sector educación.
Hay profesores en Chile que tienen prohibido volver a pararse frente a una sala de clases. No por haberle hecho daño a un alumno. No por un delito. Por no haber subido de tramo en una evaluación que rindieron dos veces. Para ellos no hay segunda oportunidad en ningún establecimiento del país que reciba recursos del Estado: ni municipal, ni de un Servicio Local, ni particular subvencionado. Tienen el título colgado en la pared y no pueden usarlo. Es una muerte civil, y casi nadie sabe que existe.
Suena a una regla dura pero entendible: si un profesor no mejora, que se vaya. El problema es que esa misma ley, la de Carrera Docente, tiene una segunda mitad que nadie nombra. Junto con exigirle al docente que avance, le ordena al sostenedor, hoy el Servicio Local de Educación Pública, hacer su parte: construir planes de formación, resguardar las horas no lectivas que el profesor necesita para prepararse, generar las condiciones reales para que mejore. Es un trato de dos lados. Y aquí está lo que lo cambia todo: cuando el profesor no cumple, lo expulsan de por vida. Cuando el Estado no cumple, no le pasa absolutamente nada.
Esto no es una sospecha. Es lo que aparece, una y otra vez, cuando uno abre las carpetas.
Primero, hay profesores evaluados cuando ni siquiera correspondía evaluarlos, y la desvinculación se ejecuta igual. Segundo, hay despidos fundados en una sola evaluación de hace años, presentada como si fueran dos procesos distintos, porque la cuenta de a dos es la que habilita el castigo. Y tercero, hay Servicios Locales que expulsan sin poder mostrar un solo documento que pruebe que cumplieron sus propias obligaciones, sencillamente porque la información nunca se traspasó bien desde las antiguas corporaciones municipales. El mismo sistema que hoy no paga los sueldos a tiempo ni entera las cotizaciones es el que castiga rápido y no rinde cuenta de nada.
Y aquí esto deja de ser el problema individual de cada profesor desvinculado. Es un problema sindical. Cada docente expulsado así es una sala que pierde a su profesor, una comunidad educativa debilitada, y un precedente que normaliza que el empleador exija sin cumplir. Las organizaciones tienen herramientas concretas frente a esto: exigir a cada Servicio Local, por transparencia, los planes de formación y las rendiciones que la propia ley los obliga a publicar; acompañar a los socios desde la primera notificación, porque los plazos para reclamar son brutalmente cortos; y levantar el patrón ante las autoridades, porque un caso es una injusticia, pero decenas de casos iguales son una práctica que se puede enfrentar colectivamente.
La corrección de fondo es simple y no cuesta un peso: que ningún profesor pueda ser desvinculado por esta causal mientras el propio Servicio Local no acredite, con documentos sobre la mesa, que cumplió su parte del trato. Que hizo el plan de formación. Que protegió las horas. Que generó las condiciones. Sin eso probado, no debería haber despido. No se trata de blindar al que no rinde. Se trata de que nadie pueda exigir un resultado que él mismo saboteó.
Mientras eso no cambie, vamos a seguir prohibiéndoles enseñar a profesores cuyo único error, muchas veces, fue confiar en que alguien iba a hacer el trabajo de formarlos. Y ese alguien nunca llegó. Que no llegue solo, esta vez, depende de sus organizaciones.
