Columna de opinión de Carlos Hernández Arteaga, Presidente Sindicato Administradora de Naves Humboldt Ltda.
El escenario global, marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y el alza persistente en el precio del diésel, ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad que Chile suele ignorar: nuestra excesiva dependencia del transporte terrestre es un riesgo sistémico. Con más de 4.000 kilómetros de costa, nuestra geografía nos dicta una vocación marítima que hoy, más que nunca, debe dejar de ser un eslogan para convertirse en una política de Estado seria y equilibrada.
Las modificaciones a la Ley de Cabotaje, aprobadas a finales de 2025 y con miras a implementarse plenamente en 2026, aparecen como la respuesta técnica a este desequilibrio. Promete ahorros anuales de hasta USD 267 millones y una reducción en las tarifas de flete de entre el 19% y 39%. Sin embargo, detrás de estas cifras optimistas se esconden riesgos que no pueden ser ignorados, especialmente si la confección del reglamento se realiza a puertas cerradas, sin la participación activa de los sindicatos de Marina Mercante Nacional y agrupaciones del sector marítimo.
Uno de los puntos más críticos en la actual discusión es el concepto de la «Ruta de salida». Si bien la normativa busca aumentar la competencia, permitir que cadenas logísticas externas dominen el transporte interno bajo esta modalidad podría ser un error estratégico de gran magnitud. No podemos pecar de ingenuos: las grandes navieras internacionales no priorizarán el desarrollo nacional, el empleo chileno ni las necesidades de conectividad de zonas con poco interés comercial pero vitales para nuestra existencia austral.
El cabotaje no es solo un negocio; es una herramienta de integración territorial, de soberanía y resiliencia nacional. El ejemplo más claro es el abastecimiento de combustible en Aysén y Magallanes, donde el Estado mantiene subsidios al traslado marítimo para asegurar la estabilidad en zonas extremas. ¿Qué pasará con puertos como Chacabuco si se entrega la operación a voluntades del mercado global? El resguardo del cabotaje debe ser una obligación para garantizar que ningún punto de abastecimiento quede a merced de contingencias geopolíticas externas.
La modernización del transporte marítimo es urgente, pero su legitimidad depende de la inclusión. Implementar una ley de esta magnitud sin considerar la visión de la Marina Mercante Nacional, quienes mueven los buques y operan los puertos es irresponsablemente caminar hacia una problemática mayor. La normativa para la implementación de esta reforma de ley debe garantizar protección del empleo local, que la apertura no signifique la precarización de la Marina Mercante Chilena. Es fundamental garantizar la seguridad en la cadena de suministro y evitar la dependencia total de actores que pueden abandonar rutas «no rentables» ante crisis externas. Chile no puede renunciar a su control de logística interna.
Entender que el cabotaje debe complementar al transporte terrestre, no destruirlo ni reemplazarlo, asignando a cada actor el rol donde es más eficiente.
Persistir en un modelo logístico desequilibrado ya no es sostenible. El mar es nuestra carretera natural: más eficiente energéticamente y la menos sensible a las fluctuaciones del petróleo, pero este camino hacia la eficiencia no puede pavimentarse ignorando a quienes operan nuestras naves ni debilitando la soberanía de nuestras rutas internas.
La discusión ya no es si Chile puede mover más carga por mar, sino si seremos capaces de construir un sistema que priorice nuestra resiliencia nacional, integración territorial y empleabilidad nacional por sobre la conveniencia inmediata de las cadenas externas.
El 2026 está avanzando en forma impactante con sucesos que claramente quedarán plasmados en la historia nacional y mundial, es prioritario que la autoridad abra espacio real al diálogo para afrontar estas condiciones en forma segura y en unión para los intereses nacionales, incorporando a los trabajadores y sus organizaciones para la toma de decisiones. Solo así podremos enfrentar los desafíos responsablemente con visión de país, resguardando los intereses de Chile y su Gente de Mar.
