Por Luna Diaz Valverde, Centro para el Desarrollo Humano Integral
El día de ayer, 15 de abril, el presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional, a un mes de iniciado su mandato. En este contexto, y desde mi experiencia trabajando en estas materias y como trabajadora que convive cotidianamente con sus efectos, escuché con atención los aproximadamente 30 minutos que duró el mensaje. En él se menciona la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras que llevan meses en búsqueda de empleo, o que se desempeñan en condiciones de informalidad, en un escenario donde la incertidumbre económica atraviesa la vida cotidiana y donde el trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias. Que este tema se sitúe en el centro del discurso público no es menor. Reconocer su relevancia es, sin duda, necesario, contingente y pertinente.
Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos, comenzó a instalarse en mí una pregunta que no es solo técnica, sino profundamente política: ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo?
Porque no es lo mismo entender el trabajo como un costo que debe reducirse para dinamizar la economía, que comprenderlo como un derecho humano fundamental, base de la dignidad de las personas y condición para el ejercicio de otros derechos. Esta distinción no es menor. De ella depende, en gran medida, el tipo de sociedad que estamos construyendo y la que proyectamos para las futuras generaciones.
En el discurso presidencial, el énfasis está puesto en la creación de empleo a través del crecimiento económico, la inversión, la reducción de impuestos y la generación de incentivos para la contratación. Se proponen medidas concretas como subsidios y créditos tributarios para las empresas, bajo la premisa de que contratar formalmente debe dejar de ser un castigo y transformarse en una ventaja. Sin embargo, en esta lógica, el trabajo aparece principalmente como una variable económica, subordinada a las condiciones del mercado. Y entonces cabe preguntarse: ¿es el trabajo un costo que debe aliviarse o un derecho que debe garantizarse?
Aquí emerge una primera tensión relevante: hablar de empleo no es necesariamente hablar de trabajo decente.
Sabemos que no todo empleo permite vivir bien. Hay trabajos que, aun siendo formales, no alcanzan para cubrir necesidades básicas; trabajos que exigen jornadas extensas que dificultan la vida familiar y comunitaria; trabajos que precarizan, que inestabilizan, que excluyen del acceso a la seguridad social o que no permiten proyectar una vida con tranquilidad. Y sabemos también que estas condiciones no afectan a todas las personas por igual: las mujeres, las personas migrantes y quienes se desempeñan en sectores más precarizados enfrentan con mayor intensidad estas desigualdades.
Por eso, cuando se habla de fortalecer el empleo sin abordar la calidad del trabajo, sus condiciones y los derechos que lo sostienen, queda fuera una dimensión fundamental de la discusión.
El trabajo no es solo un medio para generar ingresos. Es, o debería ser, una plataforma que permita a las personas desarrollar sus proyectos de vida, participar en la sociedad, cuidar y ser cuidadas, y ejercer plenamente su ciudadanía. Un trabajo que empobrece en tiempo, en salud o en vínculos sociales difícilmente puede ser considerado una vía hacia el bienestar.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia, esta comprensión es aún más profunda. El trabajo no es una mercancía ni un simple factor de producción, sino una expresión de la dignidad humana. Es un derecho, pero también un deber: una forma de realización personal y, al mismo tiempo, de contribución al bien común. En este sentido, el trabajo no puede entenderse desde la subordinación ni la explotación, sino como un espacio de colaboración entre trabajadores y empleadores en la construcción de una sociedad más justa.
Por lo mismo, no puede quedar completamente subordinado a la lógica del capital o del crecimiento económico. Es la economía la que debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía.
Cuando el trabajo se reduce a una variable de ajuste, cuando se le mira principalmente desde el costo que implica para quien emplea, se corre el riesgo de vaciarlo de su sentido humano y social. Y con ello, también se debilita su capacidad de sostener una vida digna y de aportar a la cohesión social.
Esto no implica desconocer la importancia del crecimiento económico ni del rol de las empresas en la generación de empleo. Pero sí invita a ampliar la mirada. Porque el desafío no es solo crear más puestos de trabajo, sino preguntarnos qué tipo de trabajo estamos promoviendo, bajo qué condiciones y con qué horizonte de sociedad.
En un país donde el derecho al trabajo está reconocido, el horizonte no puede ser únicamente el acceso al empleo, sino el avance hacia condiciones de trabajo decente: con derechos, con protección social, con ingresos suficientes, con estabilidad y con tiempos que permitan vivir más allá de la lógica productiva. No es casual que Chile haya asumido este desafío como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el ODS 8 vincula explícitamente el crecimiento económico con el trabajo decente. Esa relación no es secundaria: plantea que uno no puede sostenerse sin el otro. Cuando el crecimiento se desliga de la dignidad del trabajo, deja de ser desarrollo y se convierte, más bien, en una forma de profundizar las desigualdades.
Volver a poner el trabajo en el centro es, sin duda, una oportunidad. Pero esa centralidad no puede construirse únicamente desde el crecimiento, sino desde la dignidad; es, en definitiva, volver a poner a la persona humana en el centro de la vida económica y social.
Esta no es una crítica cerrada a un gobierno en particular, sino una invitación necesaria a reflexionar sobre qué entendemos por trabajo y hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Porque la forma en que definimos el trabajo no es neutra: define nuestras políticas, nuestras prioridades y, en definitiva, la vida que consideramos posible.
La pregunta entonces no es sólo cuántos empleos queremos crear, sino para qué y para quiénes. Y, sobre todo, si esos empleos permitirán realmente que las personas vivan bien, no solo en términos económicos, sino en todas las dimensiones de su vida.
