El pasado jueves 11 de junio, en el contexto de la 114° Conferencia internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sindicato Interempresas Lider Walmart (SIL) presentó una reclamación contra la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y al Estado denunciando una violación al Convenio 187 y 155 que tiene relación con la Salud y Seguridad de los Trabajadores.
Esto debido a que existiría un eventual negocio entre mutualidades y empresas debido a diversos casos de denuncias compartidas por medio de distintos videos publicados en las redes sociales de la organización, que dan cuenta de casos de socios que aseguran no haber sido atendidos de forma adecuada, no otorgarles licencias y tampoco considerar su malestar como una enfermedad laboral.
Ante esto, el sindicato denuncia que el mecanismo de las mutualidades sería el rechazo de enfermedad laboral para que estas puedan atender de forma particular a las y los trabajadores: “No puede ser que los trabajadores no se hayan atendido en la primera instancia. No puede ser que las mutuales rechacen a los trabajadores y después los atiendan por el lado, en sus consultorios particulares”, manifestó el presidente del sindicato, Juan Moreno en uno de los videos subidos por la organización.
La investigación de la Fiscalía Nacional Económica
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó en su sitio web, el pasado 1 de junio, una propuesta realizada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras una audiencia realizada debido a dos consultas presentadas por privados sobre la participación de mutualidades “en la prestación de servicios de salud fuera del ámbito de la administración del seguro laboral obligatorio”, como se señala en la página web de FNE.
Allí se explica que las mutualidades administran un seguro social financiado por cotizaciones obligatorias que son fijadas por ley y no pueden hacer uso de estos recursos en mercados no regulados, ya que se generan “distorsiones a los procesos competitivos”, detallan.
Asimismo, se expuso que los recursos que obtienen las mutualidades de estas cotizaciones no están siendo destinadas, de forma exclusiva, a las prestaciones contempladas en la ley y que la cotización fijada por ley debe basarse en parámetros objetivos relacionado a los costos “efectivos de proveer las prestaciones del seguro y la siniestralidad real”.
Además, se señala que habría una posible existencia de subsidios cruzados “originados por el financiamiento con cotizaciones del seguro laboral obligatorio de actividades en mercados no regulados, y una falta de regulación y fiscalización adecuadas por parte de la Superintendencia de Seguridad Social”.
De esta manera, la FNE presentó medidas preventivas para mejorar la regulación y la facilitación de fiscalizaciones de subsidios cruzados para evitar que se generen excedentes estructurales y “capacidad ociosa en exceso que posibiliten los subsidios cruzados y la expansión desmedida por parte de las mutualidades hacia otros mercados, abordando el origen estructural de los problemas de competencia detectados en su investigación”.
