Columna de opinión escrita por Roberto H. Toledo Zepeda, funcionario del Juzgado de Letras de Cauquenes y coordinador nacional del Comité de Jóvenes de ANEJUD Chile.
El quehacer de las y los jóvenes trabajadores judiciales
En un contexto de transformación social y cuestionamientos crecientes hacia las instituciones del Estado, las y los jóvenes trabajadores judiciales enfrentamos el desafío de asumir un rol activo en la defensa de nuestros derechos laborales y en la proyección de un servicio judicial más justo, inclusivo y transparente. Desde el Comité Nacional de Jóvenes de ANEJUD, creemos que este momento histórico exige no solo diagnósticos críticos, sino también propuestas concretas y voluntad de organización desde las bases. La siguiente columna aborda algunos de los ejes que se proponen para orientar la acción sindical de la juventud judicial en el presente y en los años venideros.
Para iniciar, es indispensable que nuestra organización priorice activamente la formación y promoción de liderazgos jóvenes dentro de sus bases. Esta tarea no puede postergarse si deseamos contar con una generación preparada de futuras y futuros dirigentes sindicales, con arraigo territorial y compromiso gremial, que asuma la defensa de los derechos de las y los trabajadores judiciales.
Estos liderazgos deben surgir desde todas las jurisdicciones del país, desde Arica a Magallanes, abarcando no solo las capitales regionales, sino también las provincias y comunas más apartadas. La juventud está presente en diversas unidades del Poder Judicial, incluyendo estructuras recientes como los Centros de Notificaciones, Unidades de Liquidación y Centros de Observación de Medidas Cautelares, lo que da cuenta de su extensión transversal en el sistema.
Fomentar nuevos liderazgos sindicales es condición fundamental para asegurar la continuidad de una ANEJUD fuerte, vigorosa y representativa en el tiempo.
La participación activa del Comité de Jóvenes en el Comité Consultivo Subregional (SUBRAC) Cono, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizada en el mes de Julio, así como la participación en la primer reunión del año convocada por la Secretaria de la juventud de la CUT, la pasada primera semana de agosto, evidenció que las y los jóvenes judiciales constituyen un sector significativo dentro de la discusión gremial del sector público. Junto a organizaciones como ANEF, FENPRUSS, CONFUSAM y otros sindicatos (estatales y privados) con fuerte presencia juvenil, se nos presenta la oportunidad —y la responsabilidad— de ocupar un espacio central en el debate laboral actual.
Remuneraciones: una necesidad impostergable
Uno de los temas más sensibles para quienes inician su trayectoria en el Poder Judicial es, sin duda, el de las remuneraciones. Las y los funcionarios que ingresamos con posterioridad a la década de 2010 no hemos experimentado incrementos sustanciales en nuestras rentas, más allá de los reajustes generales derivados de las negociaciones anuales de la Mesa del Sector Público.
La propuesta de equiparación de nuestros Bonos de Metas de Gestión con aquellos que perciben funcionarias y funcionarios del resto de la administración del Estado fue bien acogida en su momento por la base de nuestro gremio. Sin embargo, no logró concretarse ni por vía interna ni de la mano de los otros gremios del PJUD.
Esta situación permanece como una tarea pendiente. Y son las y los jóvenes funcionarios judiciales quienes deben liderar este proceso. Somos, en gran medida, quienes proyectamos nuestra permanencia a largo plazo en el servicio, por lo que una mejora remuneracional no solo resulta justa en términos laborales, sino que representa también un acto político: evidenciar que nuestro gremio asume un rol activo en la mejora de las condiciones de trabajo de sus asociados.
En esta línea, proponemos que la segunda mitad del año 2025 sea destinada a consolidar un proceso de acumulación de fuerza organizada en cada unidad judicial. El objetivo es claro: iniciar el año 2026 con una demostración concreta de unidad y organización que respalde de forma efectiva la demanda por una mejora justa de nuestras remuneraciones.
Hacia un Estatuto Judicial con fuerza de ley
Las y los jóvenes trabajadores judiciales conocen en carne propia las distintas expresiones de precariedad laboral existentes en el Poder Judicial: contratos a contrata renovados año a año, incertidumbre respecto de la permanencia en el servicio para quienes no son titulares, bajos grados con funciones múltiples, ausencia de incentivos, y frustración por una carrera funcionaria que, en la práctica, no existe.
Lo más grave, sin embargo, es la inexistencia de un Estatuto Judicial con fuerza de ley. En la actualidad, los derechos laborales de las y los trabajadores judiciales se encuentran supeditados a autos acordados de la Corte Suprema, institución cuyo actuar ha sido crecientemente cuestionado por la ciudadanía. La falta de un cuerpo normativo con rango legal deja a las y los trabajadores en una situación de desprotección normativa en materias que, en el resto del Estado, se encuentran
reguladas por legislación expresa: jornadas laborales, procesos disciplinarios, concursos, compatibilidad entre cargos, horas gremiales, entre otros.
Esta situación, además de ser una anomalía jurídica, genera una indefensión estructural que debe ser abordada con urgencia. Desde ANEJUD se ha trabajado durante años en esta materia, y corresponde ahora a las y los jóvenes interiorizar ese esfuerzo, actualizarlo y proyectarlo.
Debemos instalar este tema en el debate gremial y público, visibilizando que el funcionamiento de las unidades judiciales depende no solo de los jueces y juezas que dictan resoluciones, sino también de una estructura humana compuesta por trabajadoras y trabajadores que garantizan diariamente el acceso a la justicia en todo el país.
Fortalecimiento gremial a través de alianzas sindicales
El alcance de los desafíos planteados exige una ANEJUD fortalecida, pero también articulada con otros actores sindicales. Es momento de revisar críticamente el aislamiento organizacional en que nos encontramos y abrirnos, de forma orgánica y democrática, a alianzas con organizaciones del sector público.
Nuestra eventual afiliación a entidades como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) debe discutirse a nivel de base, sin prejuicios ni temores infundados. Corresponde a las y los jóvenes del gremio encabezar este debate, generando espacios de información y reflexión que permitan a nuestras socias y socios comprender la importancia de vincularnos con el resto del mundo sindical.
Sin alianzas, será cuesta arriba alcanzar acuerdos sustantivos con las autoridades. Como bien decía Clotario Blest: “la unidad hará invencible a la clase trabajadora”. El escenario nacional se dirige hacia una eventual discusión sobre negociación colectiva y negociación ramal. En ese contexto, ANEJUD no puede permanecer al margen. Debemos estar presentes, con propuestas y organización, para garantizar que la voz de las y los trabajadores judiciales sea escuchada y considerada.
Participación efectiva en debates relevantes
Todos los puntos anteriores convergen en un objetivo común: lograr una participación efectiva en las decisiones que afectan directamente nuestras condiciones de trabajo. Un ejemplo actual es el proyecto de ley que modifica el sistema de nombramientos de jueces, juezas y ministros. Pese a que dicho proyecto
impacta directamente al Poder Judicial, sus trabajadores y trabajadoras no han sido considerados en su elaboración ni en su discusión pública.
Como Comité Nacional de Jóvenes, creemos que este tipo de procesos requiere de mayor involucramiento. Es necesario impulsar espacios de discusión y difusión en las propias unidades judiciales, donde se transmitan las propuestas de ANEJUD, y donde se recojan también las ideas y demandas emergentes desde las bases.
Vivimos un momento institucional delicado. La ciudadanía cuestiona, con razón, no solo la integridad del Poder Judicial, sino también su funcionamiento cotidiano. En este contexto, corresponde a las y los jóvenes trabajadores judiciales ejercer una mirada crítica y propositiva. Somos parte activa del sistema, y por lo mismo, tenemos la legitimidad y el deber de señalar sus nudos críticos y proponer alternativas para su transformación.
Solo con un Poder Judicial cercano, eficiente, transparente y justo, podremos fortalecer genuinamente la democracia del país. Y para avanzar en esa dirección, la participación activa de la juventud judicial es una condición ineludible.
