El lunes 4 de agosto la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores (CUT) se reunió con el presidente de la república, Gabriel Boric; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, para abordar la situación de los trabajadores fallecidos en la División El Teniente.
La organización le entregó un documento al presidente, en el que se le exige que “se determinen todas las acciones derivadas de este hecho, tanto en su dimensión política que involucran al directorio de Codelco, como en su dimensión administrativa y técnica, las cuales responden a responsabilidades de la gerencia de la División de El Teniente”.
La Central pide que se investigue el actuar específico de las empresas contratistas Gardilcic y Salfa Montajes y que se adopten las medidas necesarias para que asuman las indemnizaciones que correspondan para reparar el daño causado a los compañeros y sus familias”.
Asimismo, manifestaron la necesidad y urgencia de replantear el tema del subcontrato tanto en la minería como en el resto de los servicios de producción en el país porque “el subcontrato en el tiempo se convierte en precariedad”, expresó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.
En la carta entregada también denuncian que los propios trabajadores habrían advertido sobre las condiciones riesgosas en las que desarrollaban sus labores, tales como equipamiento deficiente, falta de ventilación y refugios cerrados lejos de las faenas. Sin embargo, estas demandas no fueron atendidas y afirman que “en algunos casos derivaron en persecución y despido de trabajadores y dirigentes sindicales”.
José Manuel Díaz afirmó que “de forma permanente recibimos información, denuncias de nuestras organizaciones sobre el comportamiento, las relaciones, no solamente en El Teniente sino que en todo Chile” y le exige al presidente que regule y vea “los mecanismos de las prácticas antisindicales que se generan muchas veces cuando los dirigentes denuncian” y afirma que las respuestas de las denuncias las tienen los trabajadores en Rancagua y que “ellos las han presentado en los organismos y a las autoridades que corresponden”.
Por último, solicitan que se otorgue una pensión de gracia, establecida directamente desde el Estado o la empresa mandante Codelco, a las familias de los trabajadores fallecidos y a los afectados por este accidente que pueda mitigar, parcialmente, las consecuencias sociales y económicas y además, reafirme el compromiso del Estado con la protección de la vida y dignidad de las y los trabajadores del país.
