En un debate que vuelve a poner en el centro del diálogo social la relación entre flexibilidad productiva, empleo formal y calidad de vida, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que introduce modificaciones a la aplicación gradual de la jornada ordinaria de 40 horas.
La iniciativa busca responder a las particularidades operativas de rubros caracterizados por alta estacionalidad y variaciones de demanda —como el turismo, la hotelería, la gastronomía y los servicios asociados— mediante la ampliación de los períodos de cómputo promedio para la distribución de la jornada de trabajo.
Los argumentos del proyecto: Adaptabilidad y resguardo del empleo
Desde la perspectiva del Gobierno y de los sectores técnicos que respaldan la propuesta, el proyecto apunta a crear marcos de «adaptabilidad pactada» para evitar impactos negativos en la contratación formal, particularmente en sectores de la economía que operan bajo dinámicas continuas o de alta demanda en épocas específicas del año.
Entre las principales medidas contenidas en la iniciativa destacan:
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Promediación de la jornada: Se proponen alternativas para calcular el promedio de las horas semanales en plazos más extendidos —alcanzando hasta 52 semanas en regímenes especiales ligados al turismo—, permitiendo alternar semanas de mayor intensidad laboral con períodos equivalentes de mayor descanso compensatorio.
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Acuerdos bilaterales y colectivos: El Ejecutivo ha sostenido que las modalidades de distribución requerirán el consentimiento del trabajador o de las organizaciones sindicales mediante acuerdo escrito, manteniendo los topes semanales máximos permitidos por la legislación vigente.
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Sostenibilidad del sector turístico: Representantes de los gremios empresariales y del comercio señalan que la adaptación directa de turnos a rígidos esquemas semanales genera presiones operativas complejas en la industria gastronómica y hotelera, por lo que ven en la adaptabilidad un mecanismo razonable para resguardar la viabilidad del empleo formal.
Inquietudes del mundo laboral y parlamentario
No obstante los argumentos técnicos, la tramitación de la norma ha generado inmediatas advertencias de parlamentarios y representantes del mundo del trabajo, quienes llaman a vigilar que la adaptabilidad no devenga en un debilitamiento de los derechos conquistados.
El diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello (PC), rechazó la propuesta calificándola como un retroceso en los compromisos asumidos respecto a la intangibilidad de las 40 horas. El parlamentario manifestó su preocupación ante el salto en los ciclos de promediación, señalando que la extensión a esquemas anuales de 52 semanas podría restar espacio de negociación efectiva a los sindicatos y alterar significativamente la previsibilidad de los descansos de las y los trabajadores.
Asimismo, desde la perspectiva sindical se ha objetado la disparidad en las audiencias recibidas durante la discusión general en la comisión —donde expusieron once representantes gremiales del empresariado frente a cinco de organizaciones de trabajadores—, además de manifestar que aún no existen datos concluyentes que demuestren que mayor flexibilidad sea equivalente a la creación neta de puestos de trabajo.
Próximos pasos en el Congreso
Tras la votación en general, el proyecto se encuentra en la fase de discusión en particular dentro de la misma comisión parlamentaria, donde se espera la presentación de indicaciones tendientes a definir resguardos específicos para las y los trabajadores, establecer contrapesos a las jornadas extensas y precisar los roles de la fiscalización laboral.
