El Sindicato Trabajadores del Colegio San Francisco Javier inició su huelga legal el 29 de septiembre tras no haber logrado llegar a un acuerdo con su empleador en las instancias de mediación.
La organización sindical, que lleva cuatro años en vigencia y una negociación colectiva previa, entregó su proyecto de contrato colectivo el pasado 29 de julio, el cual tuvo especial énfasis en el “aumento del sueldo base para las asistentes del aula, dos días administrativos al año y un bono de término de conflicto de $150.000”, según indican en su comunicado.
La presidenta del sindicato, Makarena Contreras, afirma que “los puntos solicitados al principio fueron muchos más que esos tres; fueron alrededor de veinte porque hay mucha necesidad y mucha exigencia hacia los educadores pero pocos beneficios, poca entrega. El sistema escolar de a poco colapsa y es sostenido más que nada por las y los educadoras que ejercemos”.
A pesar de ello, la presidenta cuenta que la empresa se niega a ceder frente a sus propuestas argumentando que no cuentan con recursos, pero Makarena asegura que esta explicación no se condice con los hechos, ya que en los últimos años han externalizado servicios y ha habido un incremento en la infraestructura: “Finalmente hay plata para todo menos para los trabajadores”, manifiesta.
Por otro lado, el sindicato acusa prácticas antisindicales por parte de la empresa, pues afirman que se reemplazaron clases de profesoras en huelga, lo cual fue denunciado a la Dirección del Trabajo y será fiscalizado prontamente. Asimismo, denuncian que interrogaron a estudiantes de cuarto básico que mostraron su apoyo a los docentes en huelga: “Fueron a preguntarles quién les había entregado material para realizar las pancartas con las que mostraron su apoyo afuera de su sala de clase”, detalla la dirigenta.
La organización sindical indica en su comunicado que la huelga “no es solo una medida de presión, sino una acción colectiva en defensa de los derechos laborales mínimos y de la calidad de la educación” y también hacen un llamado a la comunidad educativa y a la ciudadanía “a comprender y apoyar esta movilización, que se enmarca en la normativa vigente y busca asegurar que nuestra labor sea reconocida en su verdadero valor”.
Del mismo modo, declaran que mantienen su disposición al diálogo y esperan que la movilización “motive al empleador a retomar las conversaciones con voluntad real de alcanzar un acuerdo que ponga en el centro a las personas y el derecho a una educación de calidad”.
